Vox presenta una propuesta para implantar el veto parental en los colegios de Extremadura

Vox ha propuesto la introducción de un veto parental en el sistema educativo extremeño en una iniciativa presentada la Asamblea de Extremadura. El texto presentado por la ultraderecha, socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma, propone que la Cámara legislativa inste al Ejecutivo regional a que garantice que los padres tendrán el conocimiento previo y el derecho de aceptar o no cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en las aulas. En caso de que fuera aceptado en dichos términos por el Gobierno regional que preside María Guardiola se convertiría en el primer veto parental implantado en España, una figura que contradice la legislación educativa básica. El PP ya intentó introducirlo en Murcia, empujado también por Vox, en la anterior legislatura, pero acabó retirándolo tras ser advertido de su ilegalidad por el Ministerio de Educación.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, que depende directamente de la Consejería de Presidencia, ha declarado que la propuesta de la ultraderecha “está en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española” (que recoge el derecho a la educación y la libertad de enseñanza).

El acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en junio —después de que Guardiola hubiera asegurado que no incorporaría a la ultraderecha a su ejecutivo— hablaba de forma general de que se garantizaría la “neutralidad ideológica” de la enseñanza en Extremadura, de forma similar al que recogían otros pactos firmados entre ambas fuerzas tras las elecciones autonómicas de mayo. Los acuerdos autonómicos que detallaban un poco más la cuestión, como los de Aragón y la Comunidad Valenciana, señalaban que la capacidad de veto de los padres se aplicaría a las actividades “extracurriculares”, en las cuales las familias siempre han podido decidir sobre la asistencia de sus hijos. Es decir, que eran solo un brindis al sol, porque por definición, el veto parental (que la ultraderecha llama pin parental) debe dar poder a los progenitores sobre los contenidos curriculares. Esto es, sobre aquello que deciden impartir los centros y los docentes en clase de acuerdo con las líneas maestras fijadas en los currículos de asignatura, que son obligatorios, corresponde establecerlos al Ministerio de Educación y son completados por cada comunidad autónoma para su territorio.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha destacado este miércoles que la iniciativa legislativa de Vox no utiliza la expresión “veto parental”. La cuestión relevante no es, sin embargo, cómo se le llame, sino el grado de poder, sobre contenidos curriculares o no, que se dé eventualmente a las familias sobre lo que el alumnado aprende en clase. La ultraderecha ha puesto el foco tradicionalmente al exigir la capacidad de veto en cuestiones relacionadas con la educación afectivo-sexual, la prevención de la discriminación hacia el colectivo lgtbi y la perspectiva de género.

El PSOE de Extremadura considera que la iniciativa constituye “un claro veto parental”, que pretende “adoctrinar” a los docentes y Unidas por Extremadura se ha preguntado si la presidenta de la Junta, María Guardiola, va a impulsar una educación sexual sana en las escuelas que evite las “violencias sexuales” o se dejará “arrastrar por la censura parental” planteada por Vox, que ha calificado de “indecente”.

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