La segregación escolar, un problema de todos

La línea de investigación sobre segregación escolar cuenta con una amplia trayectoria, los primeros estudios surgieron con el objetivo de verificar el cumplimiento de la sentencia del llamado caso Brown, por el cual el 17 de Mayo de 1954 la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación por razón de color de piel en las escuelas públicas norteamericanas. Este no fue el único, por ejemplo, el caso Griffin contra la Corte de Virginia de 1964 sirvió para denunciar que el mandato del caso Brown no se había implementado en las escuelas aunque llevaba toda una década regulado. El apoyo a estas nuevas formas de entender la escuela motivó que durante la segunda mitad de los años cincuenta comenzara una fructífera línea de investigación que buscaba estimar la magnitud de la segregación étnica en las escuelas. Esta preocupación por la desigual distribución de los estudiantes en los centros educativos en función de sus características o su condición se trasladó al estudio de la segregación por origen nacional de los estudiantes. Y en los años ochenta, al estudio de la segregación escolar de carácter socioeconómico.

En España, las investigaciones que estiman la magnitud de la segregación escolar son muy recientes, de hace apenas 10 años, y se centran tanto en la segregación escolar de carácter socioeconómico y cultural como en la segregación por origen. Entre los resultados de los estudios más recientes, destaca la identificación de que la segregación escolar tiene un origen multicausal y, asociado a ello, de la dificultad de combatirla que ha puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones el profesor Xavier Bonal, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, con sus análisis internacionales y para Cataluña y sus municipios. El pacto contra la segregación escolar que han firmado en Cataluña o el Mapa Escolar de Valencia son, sin lugar a dudas, dos ejemplos de acciones concretas para luchar contra estas situaciones desde los municipios. También destaca la estimación, a partir de diferentes índices, del valor de la segregación escolar por nivel socioeconómico y por origen nacional que se realizó en 2018 por los profesores F. Javier Murillo y Cynthia Martínez Garrido, así como sus trabajos posteriores que permitieron identificar que España y algunas de sus comunidades autónomas se sitúa a la cabeza de la segregación escolar en toda Europa. También identificaron cómo la crisis económica vivida durante periodo 2008-2012 ha incidido en el aumento de la segregación escolar en el país, rompiendo la tendencia a la disminución desde 2000.

La preocupación por la segregación escolar, y el debate que ha surgido tras las investigaciones e iniciativas antes mencionadas, han llevado al Gobierno de coalición de izquierdas a legislar con el objeto de reducirla. La Lomloe [la ley educativa aprobada en 2020] la combate con medidas concretas cómo, por ejemplo, repartir el alumnado desfavorecido entre la red pública y concertada [escuelas privadas subvencionadas], para que no se segregue con fondos públicos, prohibir los conciertos a los centros que segreguen por sexo y las cuotas “voluntarias” con las que se excluía al alumnado considerado “indeseable”. Esto ha supuesto un conflicto con el sector de la concertada, que se ha opuesto, junto con la derecha, a la ley en nombre de la “libertad de elegir” modelo educativo, aunque más bien sería la “libertad de elegir” a los compañeros de sus hijos.

Hace pocos días hemos sido testigos de un informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación, escrito por Julio Carabaña, que cuestiona la utilidad de combatir la segregación escolar y la gravedad de sus consecuencias. Sin embargo, numerosas investigaciones han dejado constancia de la existencia de segregación, concretamente para España, Murillo y Martinez-Garrido en 2021 estimaron el valor promedio de la segregación escolar por nivel socioeconómico es de 0,3847 medido a través del índice de segregación de Gorard. Cifra que dista mucho de la consideración de Carabaña de que “la desigualdad de resultados debida a la segregación social se podría reducir, como máximo, en una cuarta parte, algo así como el 0,4% de la desigualdad total”. El estudio de la magnitud de la segregación exige contar con grandes muestras estadísticamente representativas. Quizá por esa razón, las investigaciones realizadas se han centrado en estudiar la situación del total estatal y, en la medida de la disponibilidad de los datos, de las comunidades utilizando las distintas ediciones del estudio PISA (en todas sus ediciones desde que las comunidades aportaron muestras determinantes: 2003, 2006, 2009, 2015 y 2018), o de Cataluña, a partir de los datos del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La tan brutal diferencia entre ambas consideraciones acerca de la importancia del valor de la segregación derivan sustancialmente de consideraciones estadísticas y de un abordaje holístico sobre la naturaleza del fenómeno. Efectivamente, sería recomendable revisar algunos aspectos técnicos del estudio basado en PISA, así como revisar los porcentajes de error asumidos para ciertas variables. Y es que no todo vale para conseguir que los números apoyen nuestros argumentos. Por supuesto, el problema también surge al olvidar un hecho que, como ya hemos mencionado, ha sido repetidamente planteado por autores de renombre: la característica multicausal de la segregación escolar.

La segregación escolar es un problema complejo de naturaleza multifactorial, cuyas causas están asociadas a factores exógenos al sistema educativo, como la segregación residencial o territorial, que es a su vez reflejo de los altos niveles de segmentación social que afectan a la gran mayoría de los países. En el caso español, el problema es que la segregación escolar es superior a la segregación residencial. Por otro lado, este fenómeno está también asociado al diseño de políticas educativas sustentadas en modelos de cuasi-mercado, que han fomentado la privatización de la educación, la competencia entre escuelas por resultados de aprendizaje y la libre elección, favoreciendo incluso mecanismos selectivos de acceso según criterios socioeconómicos, de rendimiento académico y procedencia étnicocultural, que tiene su paradigma en la Comunidad de Madrid. Descontar el efecto de estas variables sobre la segregación escolar es desnaturalizar el propio fenómeno de la segregación y, sobre todo, supone olvidar que todas estas causas responden a posturas políticas que, sin duda, han contribuido a generar una alta segregación.

En su texto, el profesor Carabaña reduce el problema de la segregación escolar a un problema de tipo local. Sin embargo, las políticas de admisión del alumnado aprobadas en diversas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, ponen en entredicho esta afirmación. También sugiere en su análisis que sería inútil combatir la segregación escolar porque el impacto que tendría en el rendimiento académico del alumnado no sería beneficioso para el total (ya que los mejores alumnos perderían más de lo que ganarían el alumnado con peor rendimiento y de clase social más baja). Sin embargo, realiza un análisis donde junta la escuela concertada y la pública, que tienen perfiles distintos de alumnado, con el argumento de que los dos comparten criterios de admisión y legislación comunes y forman parte de la red pública. Las denuncias continuas de los inspectores de educación de diversas autonomías, la insistencia de la Lomloe en la ilegalidad de las “cuotas voluntarias” y los distintos estudios que confirman y afirman que existen procesos de descarte de algunos tipos de alumnado por parte de la concertada hacen que la premisa sobre la que sustenta su estudio sea cuestionable. Además, Carabaña no atiende a otros factores no menores, como la acumulación de capital social, las cuestiones democráticas evidentes o el fomento del negocio concertado-privado a costa de recursos que tanto necesita la escuela pública para atender a la complejidad del alumnado. Si no admitimos que a la gente se la segregue por cuestiones de sexo, con dinero público, o por su color de piel, ¿por qué deberíamos considerar lícito que se separe a la población en la escuela por su nivel socioeconómico?

También asegura que los centros no tienen un impacto significativo en el rendimiento de sus alumnos y realiza una afirmación curiosa: que los centros públicos y privados tienen instalaciones similares, atendiendo al gasto por alumno de dichas instituciones. Sin embargo, no tiene en cuenta que el gasto en la pública es levemente superior a la privada debido a los costes salariales (más docentes y con mejores salarios), a que la primera tiene centros en zonas rurales con escaso alumnado y que en muchos centros privados existen ratios altas, por lo que los números salen, por un efecto estadístico, superiores. Sin embargo, pasar por un instituto público [del barrio madrileño] de Usera y por uno privado en Majadahonda [municipio en la zona noroeste de la Comunicado] es suficiente para ver las diferencias de materiales e instalaciones con las que se trabaja. Por no hablar de que, durante el confinamiento, la pública tuvo problemas serios para pasar a la enseñanza online, mientras que la concertada y la privada lo hicieron sin más problemas, tal y como se desprende de los estudios realizados en el País Vasco.

El texto de Carabaña invita a los legisladores de nuestro país a ignorar el problema de la segregación escolar, debido a lo costoso que sería combatirla y que no beneficiaría al conjunto de los resultados académicos de España. Sin embargo, no propone alternativas para lograr reducir las desigualdades educativas y de oportunidades que se producen dentro del sistema, dejando en suspenso la igualdad de oportunidades. Las conclusiones a las que llega, que él mismo considera que están formuladas en negativo, son una defensa del status quo actual, y tienen un ligero aroma a las propuestas malthusianas dónde “en el opulento banquete de la naturaleza no hay cubierto para él [los pobres]”, ya que, el permitir que estos se sentasen en la mesa acabaría por arruinar a todos los comensales. Mientras, fomenta el efecto Mateo: “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”.

El actual estado de las cosas condena a la deriva, sin dar soluciones, al alumnado que sufre la concentración en sus centros de alumnado desfavorecido, mientras que beneficia a aquellos que estudian en centros concertados o privados, en los que, insistimos, además de estudiar, se acumula capital social. Los ambientes escolares influyen en los resultados del alumnado, como los ambientes en los barrios en los que viven, e impactan, junto con las familias, en las oportunidades vitales y escolares que tendrán a su disposición. Romper los guetos y reducir la homogeneidad en las aulas favorecería el aumento de la empatía, el reconocimiento social entre sus miembros, cohesionaría la sociedad, repartiría mejor el capital social y nos acercaría a un modelo más parecido al de la igualdad de oportunidades. El coste de no actuar, como sociedad democrática que aspire a unas mínimas dosis de justicia social, es mucho mayor.

Las escuelas donde hay mayor concentración de estudiantes vulnerables también son las que afrontan en su día a día mayores dificultades: movilidad del profesorado, claustros inestables donde es más difícil hacer un seguimiento, donde los retos que tiene el docente son mayores. Por lo tanto, los estudiantes vulnerables no solo están en centros de alta complejidad, sino que aquellos donde su contexto les impide hacer mejor las cosas. No olvidemos que el estudiante no es vulnerable, es el contexto y la sociedad los que le hacen vulnerable.

Desde hace 20 años, España ha conseguido disminuir poco a poco su segregación escolar hasta el inicio de la crisis económica. A partir de ese momento, el aumento ha sido espectacular, llegando a niveles del siglo pasado. Es decir, el problema de la segregación escolar debe considerarse una prioridad, tal y como hace la Lomloe. Es necesario tratar de construir un sistema educativo público más equitativo, garantizar la distribución igualitaria de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, porque, si no es así, solo conseguiremos una sociedad más excluyente, menos cohesionada, menos móvil socialmente y más injusta.

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