Una enmienda urgente a la ley de universidades

La buena noticia de la tramitación en el Senado de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sin contratiempos lleva dentro la semilla de una mala noticia: han seguido desatendidas algunas importantes reclamaciones ampliamente compartidas por las escuelas de Arquitectura de España. El centro del problema es doble: la nueva ley no resuelve lo dificultoso que resulta realizar la actividad profesional como arquitectos a los profesores permanentes y, en segundo lugar, reduce las horas de dedicación de los profesores asociados a la universidad. No es una minucia: tal como está ahora la ley, el único contacto que los estudiantes de Arquitectura tienen con la práctica real en la calle, el oficio propiamente dicho, es por medio de esos profesores. Tal como dice el texto, se recluta a ese profesorado entre “prestigiosos profesionales” en activo, de manera que las aulas encuentren una conexión directa entre los conocimientos teóricos que se imparten —de geometría, de representación, de cálculo, de legislación, de urbanismo, de construcción, de diseño, de teoría y estética o de diseño— con la dimensión práctica del oficio al que tendrán que dedicarse.

Algunas asignaturas son de cocción demorada y lenta y necesitan su tiempo, porque cada estudiante tiene que saber resolver el mismo problema planteado a todos ellos: la ubicación de un edificio o la reparación de una patología. Y ahí nunca hay un resultado único y perfecto, sino una amplia gama de soluciones que forman parte de la docencia. La aportación del profesorado asociado, mayoritario en muchas escuelas, es fundamental y no se puede limitar a 120 horas anuales, porque nuestros planes de estudio contemplan una duración mayor, pues para esa cocción lenta es imprescindible la relación continuada alumno-profesor. Esta metodología docente se ha convertido en un referente que muchas escuelas de Arquitectura nos piden constantemente repetirlo en sus respectivos países.

Dificultar y mantener fuera de las aulas la experiencia profesional de los profesores titulares y catedráticos, y reducir las horas de las asignaturas de carácter eminentemente práctico impartidas por los asociados, puede llegar a ser equivalente a que los estudiantes de Medicina estudien cirugía cardíaca con un profesor que jamás ha hecho una operación cardíaca. Este disparate sí ha sido resuelto por la ley para el ámbito de la sanidad, pero no lo ha hecho en relación con la arquitectura, como si su aprendizaje no hubiese de ser a la vez teórico y práctico. No hace falta remontarse a la contrastada sabiduría de Vitrubio para entender que la arquitectura se nutre de un aprendizaje transversal de múltiples materias. En realidad, basta con remontarse al año 2005 y la directiva de la UE que establecía la necesidad de velar por dos profesiones que convergen en el cuidado: el de la salud de las personas y el cuidado de cómo y dónde viven esas mismas personas.

Estamos a tiempo todavía de que los partidos reconsideren el coste de reducir las horas de los profesores asociados

La LOSU ha asumido la necesidad de vincular teoría y práctica para la sanidad, pero no ha entendido que esa misma exigencia es ineludible en el ámbito de la arquitectura. Puede enseñarse arquitectura sin haber construido un solo edificio, sin duda, pero es preferible que quien enseñe a hacer edificios haya aprendido a hacer edificios y pueda así transmitir el oficio no solo en su dimensión teórica y abstracta sino en su dimensión práctica y empírica. Mantener la prohibición para los profesores de Arquitectura de ejercer el oficio de arquitecto devalúa la carrera y desperdicia o dilapida para el aula el saber adquirido en la obra, que es donde se aprende la arquitectura. La participación de profesionales en las escuelas corre el riesgo de caer en la irrelevancia y quebrar una tradición que se ha demostrado provechosa durante décadas: el aprendizaje compartido, codo con codo, entre el estudiante y el profesional. Estamos a tiempo todavía de que los partidos reconsideren el coste de reducir las horas de los profesores asociados y el estrangulamiento de la actividad profesional para quienes se dedican a enseñarla.

Por todas estas razones, creemos que no ha perdido sentido la propuesta que ya entregamos al ministro Joan Subirats con unas enmiendas básicas en los artículos 64.3 y 79e, remitiéndonos a la Directiva europea 2005/36/CE referida a Salud y arquitectura, así como en la transitoria octava y lo relativo a las actuales modalidades de contratación. Ninguna de estas cuestiones se ha añadido a la ley ni por parte del ministerio ni por parte de los grupos parlamentarios. Pero hay tiempo todavía. Paradójicamente, la responsabilidad de reconsiderarlo atañe al mismo gobierno que ha sido capaz de hacer una Ley de la Calidad de la Arquitectura que es considerada modélica por la presidenta de la Comisión Europea y citada continuamente como ejemplar.

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