125.000 estudiantes se beneficiarán de la subida de la ayuda de residencia de 1.600 a 2.500 euros

La ayuda de residencia ―que reciben quienes por razones de estudio tienen que residir fuera del domicilio familiar durante el curso escolar― va a aumentar el curso que viene de 1.600 a 2.500 euros. Una importante subida de 900 euros con la que el Gobierno pretende favorecer a los alumnos de la España vacía, que se ven forzados a desplazarse, con el alto coste que supone de transporte y alojamiento. Los ministerios de Universidades y Educación pretenden con estos 200 millones extra corregir lo que consideran un factor de desigualdad entre las ciudades y las áreas rurales.

Ese aumento, aprobado este martes en Consejo de Ministros, se calcula que beneficiará a 125.000 estudiantes ―el receptor tiene que tener la beca total, que incluye la gratuidad de la matrícula―, la mayoría universitarios de grado o máster, aunque también se mudan para estudiar y pueden recibir la beca quienes cursen Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior o enseñanzas artísticas profesionales o deportivas en otra localidad. El 30,4% de los universitarios en el curso 2019/2020 (las últimas cifras publicadas) estaba matriculado en una provincia distinta a la de la residencia familiar. El solicitante tiene que acreditar que está matriculado en estudios presenciales y que tiene que vivir fuera por la distancia o las malas comunicaciones.

Estas ayudas de residencia se incluyen dentro del paquete de 2.520 millones de euros en becas para más de un millón de estudiantes ―los universitarios representan solo una cuarta parte, pero se llevan el 44% de la partida porque son los que se desplazan y pagan matrícula― que anunció el presidente del Gobierno Sánchez el pasado 18 de febrero en un mitin en Zaragoza. “Se trata de la mayor partida en becas de la historia de nuestra democracia”, casi mil millones más que la de los gobiernos del PP, recalcó Sánchez respecto al último Presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy (1.574 millones).

En la actualidad, en las grandes capitales solo una minoría de alumnos estudia en otra autonomía española o en otro país ―en Madrid el 95% no se mueve y en Cataluña el 98,3%― y, sin embargo, es mucho más habitual en autonomías con universidades relativamente nuevas y con una oferta de titulaciones mucho menor. Es el caso de Baleares, donde solo permanece el 55% ―la mayoría se muda a Cataluña, por el idioma y la cercanía―; en La Rioja se quedan un 35% ―emigran sobre todo a Castilla y León y Madrid―; en Extremadura continúan sus estudios universitarios un 54% mientras un reseñable 19% se va a Andalucía, o en Castilla La-Mancha no se mueven la mitad y un cuarto se desplaza a Madrid.

La distribución de los universitarios es radicalmente distinta a la de 1960. Ese año había apenas 12 universidades y 13 escuelas técnicas superiores ―ahora hay 50 públicas y 41 privadas―por lo que matricularse unas veces se debía “simplemente a la razón de la residencia de sus mayores en una cabecera de distrito universitario y otras a una relativa solvencia económica de los padres”, se explica en Origen social de los alumnos de la Enseñanza Superior, un artículo publicado en una revista del Ministerio de Educación. Había apenas 62.000 alumnos y el 23% recibió ese 1960 algún tipo de beca. Pero entre los años 70 y 90 se inauguraron universidades por todo el país, de forma que todas las provincias tienen una propia o un campus de otra, lo que ha posibilitado que más jóvenes accedan fácilmente a estudios. Los inscritos se han multiplicado desde ese 1960 por 25 y el 44% recibe apoyo financiero.

Hasta 2013, todo el que cumpliese los requisitos económicos y académicos recibía la misma cuantía de beca según el umbral de renta familiar; pero con la anterior gran crisis económica, la de 2008, el número de becados creció enormemente ―más personas se refugiaron en el estudio y los hogares estaban más empobrecidos― y el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema. Aunque la izquierda lo criticó duramente, ha mantenido el modelo, aunque con un presupuesto muchísimo más abultado. Desde 2013, una parte de la beca tiene una cuantía fija y el resto depende de las notas, la renta familiar y el número de becarios. De forma que el Ejecutivo sabe cuánto va a invertir en esa partida ―antes crecía de forma ilimitada a razón del número de becados― al presentar los Presupuestos.

En los últimos años, no solo se ha aumentado la partida de becas, sino que se han agilizado los plazos ―pero las familias aún tienen que adelantar dinero a comienzo de curso― y los beneficiarios saben lo que van a percibir, no es una sorpresa. Y en el capítulo de las tasas de matrícula en la universidad, se ha llegado a un acuerdo con las comunidades para que vuelvan a los precios de 2012 (antes del tasazo de Wert) y los másteres habilitantes ―obligatorios para poder ejercer de abogado, médico o profesor― han pasado a tener las tarifas de los grados. Además, 240.000 alumnos con necesidades especiales ―con discapacidad, trastornos graves del lenguaje y altas capacidades, con independencia de su renta familiar― recibirán 400 euros para ayudarles en los gastos extra que acarrea su situación.

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