Carrera contrarreloj para reconocer los estudios extranjeros de más de 40.000 universitarios atrapados en la burocracia

El 24 marzo de 2021, en plena pandemia, el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, celebró una rueda de prensa ―algo inusual en él― para comprometerse a solventar un descomunal atasco en el reconocimiento (homologación o equivalencia) en España de los títulos universitarios extranjeros. Castells ―alumno y profesor en la Sorbona de París, catedrático tres décadas en Berkeley (California) y exiliado en varias ocasiones― se sentía por sus vivencias personales muy próximo a los solicitantes. Pretendía con un nuevo decreto, que no ha entrado en vigor hasta el pasado noviembre, agilizar el papeleo y “remediar el drama humano de los largos periodos de espera para los que han decidido empezar una nueva vida en nuestro país”. Pero nunca imaginó que el embudo de burocracia que ha ido creciendo desde 2014, lejos de menguar, empeoraría en sus manos en medio de la tormenta perfecta: las dificultades administrativas del trabajo desde casa ―los expedientes no pueden salir del ministerio―, el crecimiento de las solicitudes (con la salvedad de 2020) y la necesidad de que los sanitarios extranjeros luchasen contra la covid-19.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, explica Universidades, ha dado su visto bueno a que 64 funcionarios interinos se sumen durante nueve meses a los ocho del departamento de tramitaciones en plantilla para desatascar el tapón de expedientes. En la actualidad, según datos del ministerio, hay 39.004 “expedientes pendientes de apertura”, a los que hay que sumar los miles que están abiertos pero no solventados. En 2021 hubo 24.202 nuevas solicitudes, una cifra que ha crecido un 65% en 2022 (otras 40.000). Un tercio son equivalencias (reconocimiento del grado o máster) y el resto homologaciones (habilitan para el ejercicio de una profesión regulada, como las sanitarias). En casi todas las titulaciones, 9 de cada 10 solicitudes provienen de Latinoamérica.

El ministro Castells aseguró ese día de 2021 a la prensa que había heredado un atasco de 15.000 solicitudes “de la Edad Media”. Una cifra que no correspondía con la respuesta oficial que había dado al grupo parlamentario Ciudadanos: 32.000 instancias. Una cifra que a los afectados les resulta más creíble. Desde 2014 y hasta el pasado 8 de noviembre, que se aprobó por fin un nuevo decreto, la Administración tenía que emitir para cada solitud un informe con el que se equiparaban los grados extranjeros con el marco europeo del Plan Bolonia. Daba igual que fuese la enésima equivalencia del título de Derecho expedido por la Universidad de Buenos Aires. En el nuevo sistema, casi automático, una comisión de 13 personas ―con representación del ministerio, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el profesorado y los decanos― hace una propuesta de resolución. Ahora todo el proceso es informático ―se han digitalizado los expedientes antiguos― y ya no hay atención telefónica, el aplicante puede seguir el estado de su instancia en la Red, como con los paquetes.

La española Inmaculada Reina Sumariva, Inmaculada Davis en Estados Unidos, lo está viviendo con desesperación. Se graduó en Enfermería en ese país donde vivía con su marido y sus cuatro hijos, con la idea en mente de volver algún día a Jerez. “Tengo un currículum fortísmo que no se me reconoce en mi tierra. He sido una de las jefas de enfermeras de UCI del Instituto Johns Hopkins, la meca de las mecas, he trabajado en el Medical College of Georgia, he participado en estudios...”, enumera. En el verano de 2020, cansada de guardias eternas en América, decidió regresar y ser útil en la lucha contra el covid. No era difícil sobre el papel que una enfermera especialista en UCI se hiciese un hueco en los hospitales de Cádiz (está dispuesta a moverse donde sea), pero le faltaba validar su título. En junio de 2019 había pedido la homologación y, ante su pasmo, la Administración española le solicitó documentos que no existen en el sistema estadounidense. Ni la urgencia sanitaria de 2020 le posibilitó trabajar de enfermera y eso que el Gobierno homologó los títulos de muchos profesionales. Por ejemplo, a 5.100 médicos ese año. Mientras espera turno, “va para cuatro años”, ha trabajado de auxiliar de clínica, su formación anterior de FP cursada en Jerez.

El caso del español Francisco Palazón da idea de la maraña burocrática. Con la mediación de la Universidad de Valencia, logró que el ministerio reconociese en seis meses su doctorado francés, lo que no ha limitado demasiado su trabajo en España, pero desde 2020 aguarda la equivalencia de su grado y máster galos en ingeniería. Ha intervenido hasta la Embajada de Francia. Antes, pasó por el viacrucis habitual de papeleos, traducciones juradas y copias compulsadas que muchos denuncian. La semana pasada el ministerio le escribió porque Correos había devuelto una carta por dirección incorrecta; el papel sigue siendo pues su vía de comunicación.

La valenciana Marta Pérez, graduada en Periodismo en España, inició en diciembre de 2019 los trámites para homologar una diplomatura de tres años francesa en Ciencias de la Educación con el máster de profesorado nacional y ahí sigue. Hasta el pasado marzo no se abrió el expediente, incompleto según la Administración. Sigue aportando papeles, harta de no poder hablar con nadie por teléfono. Ha pedido ayuda hasta al Defensor del Pueblo, que la ha dado la razón. Si su caso no se resuelve en los próximos meses, en septiembre empezará a cursar el posgrado que la habilite para ser profesora de secundaria. “Lo que van a conseguir es que la gente no salga a formarse. ¿No se supone que estamos en el marco de Bolonia?”, se desespera.

El aplicante puede seguir el estado de su instancia en la Red, como con los paquetes

“El decreto que ha entrado en vigor pone un plazo de seis meses para poder resolver los expedientes. En el caso de las equivalencias casi es automático. Le pongo un ejemplo, de las 4.500 recibidas desde el 8 de noviembre [con el nuevo procedimiento], las 500 que formaban parte del Espacio de Educación Superior han sido casi inmediatamente dadas por buenas”, aseguró el pasado 21 de diciembre en el Senado el ministro Joan Subirats, que sustituyó a Castells hace un año“. Un aplicante que empezó los trámites antes de esta fecha con el procedimiento antiguo ―el causante del atasco― puede cerrar el anterior expediente y empezar el proceso de nuevo, aunque se ha contratado personal para terminar con el cuello de botella previo.

Aunque el ministro admitió que son “especialmente complicadas las homologaciones, que es distinto que la equivalencia, porque implica un tipo de profesión que genera un tipo de responsabilidad civil o social determinada. Son los odontólogos, los médicos, los abogados, los arquitectos... Según un estudio de Cáritas, el 23% de los migrantes cuenta con estudios universitarios frente al 29% de los españoles y, sin embargo, la mayoría de los extranjeros tiene un puesto por debajo de su capacitación (el 75% elementales).

Las “reticencias” de las universidades

Las homologaciones validan las competencias para ejercer una profesión regulada, y los tira y afloja con los colegios oficiales y las universidades son enormes. Es una batalla en paralelo. Los odontólogos han conseguido que, por fin, se celebre un examen el próximo marzo en el que tendrán que demostrar sus habilidades para homologar su título y poder ejercer. El ministerio admite las “reticencias” de las universidades a convocar el examen y su dureza. En la última convocatoria, en 2021, se presentaron 880 dentistas y según estimaciones de los examinados, asociados en Odontos Homologantes, no aprobaron más de seis. “Totalmente librado al azar, realmente no demuestra conocimientos”, se quejaron.

Los psicólogos ―980 profesionales de 27 países, entre ellos españoles que han vuelto tras el Brexit, se inscribieron en un documento común― tienen también su propia batalla. El argentino José María Casas, portavoz del Movimiento Psicólogos y Psicólogas Migrantes, llegó en 2018 a España. Desde entonces ha ido saltando de un empleo a otro, especialmente en el sector inmobiliario, pues no puede trabajar en la rama sanitaria. Logró la equivalencia de la carrera, pero una barrera burocrática le impide como al resto acceder al máster profesionalizante obligatorio para ejercer. Una disposición de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en tramitación, va supuestamente a poner fin a este callejón sin salida. Mientras tanto ha aprovechado para seguir formándose. “Hay gente que ha tirado la toalla y se dedica a otra cosa, gente que no ha pedido la homologación porque no entiende nada...”, cuenta desde Buenos Aires, aunque reside en Barcelona. “Psicólogos con muchos años de experiencia lo están viviendo como un duelo constante de estatus. Lo más sano sería olvidar, pero es renunciar a lo que sos”.

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