Educar frente al discurso de odio

Los discursos políticos de odio parece que no tienden a surgir de forma espontánea y aleatoria, sino que muestran una clara intencionalidad política, impulsados por ciertos sectores con la finalidad de desestabilizar a gobiernos democráticos o figuras públicas representativas de ellos. Emergen y son impulsados por colectivos minoritarios pero poderosos, muy relacionados entre sí y con fuentes de financiación muy potentes. Las campañas siguen una pauta de difusión de mensajes muy marcada, actuando como una especie de milicias digitales, que incluso intentan señalar y perseguir online a quienes cuestionen las ideas que difunden. Se convierten así en lo que se denominan odiadores o haters.

En las redes sociales se detecta un patrón común, especialmente en Twitter: grupos vinculados a la ultraderecha organizan campañas a través de algunas cuentas auténticas, seguidas de inmediato por la acción de un importante número de cuentas falsas para convertir determinados hashtags en tendencias e influir de este modo en el estado de opinión. Las investigaciones muestran evidencias encontradas de la automatización de estos procesos: desde la repetición de determinadas erratas de forma idéntica en la difusión de los hashtags o la elevada presencia de cuentas falsas. Un tercer factor es el llamativo aumento del número de cuentas creadas en los momentos previos a las campañas que se utilizan igualmente para difundirlas.

Como han comprobado previamente otras investigaciones, estas campañas se disfrazan como pretendidas noticias reales, sin ofrecer fuentes fiables. Una de las finalidades es crear la ilusión de falsos enemigos o peligros, y que la población vea como amenazas las propuestas ideológicas y políticas asociadas a grupos, gobiernos y colectivos políticos y sociales progresistas, de izquierda o que defienden derechos humanos. Para ello, se crean los denominados “diccionarios metapolíticos” para imponer una determinada visión política muy sesgada, con términos agresivos y que se utilizan como forma despreciativa de descalificar al oponente, que son continuamente repetidos, como “criminal”, “okupa”, “comunista”, “filoetarra”, etcétera.

Estos discursos políticos tienden a centrar el foco del interés en cuestiones emocionales que apelan a la irracionalidad para que se asuman las noticias sin oposición y se compartan de forma rápida alcanzando visibilidad y viralidad (mediante matrices de difusión que hacen de transmisores). Con su lenguaje agresivo y con ataques incluso personales, contribuyen a polarizar emocionalmente frente al “otro”, generando un clima de confrontación, miedo, crispación y permanente conflicto. Buscan así que la matriz de opinión opuesta reaccione a esos mensajes políticos de odio para viralizarlos, con la propia interacción de los contrarios.

Se pretende generar un clima social que cuestiona la democracia mediante el descrédito de la política como mecanismo de participación y de representación (tachando de “golpistas” a gobiernos elegidos democráticamente), difundiendo el mensaje de que las elecciones no son fiables porque el fraude electoral se ha constituido en parte del propio sistema (solo cuando no son elegidos sus líderes).

Esta estrategia de la ultraderecha está siendo asumida y compartida por sectores conservadores, que les retuitean y difunden sus mensajes. Lo más grave es el posible carácter performativo que conllevan, pues se percibe en los casos analizados que este discurso político del odio difundido en Twitter puede generar un clima de odio político en la realidad social offline, como hemos visto en tantos casos reales. Se genera así una situación en la que cada vez parece más difícil construir en la realidad puentes de entendimiento o búsqueda de acuerdos entre los diferentes, en función del bien común, la tolerancia y la justicia social.

El derecho y la propia Constitución Española garantiza el derecho a la libre expresión de ideas u opiniones (artículo 20), pero no como derecho absoluto e ilimitado, sino que debe ejercerse de forma que no atente contra los derechos de los demás respetando el derecho al honor, a la dignidad, a la igualdad y la no discriminación, como recomienda el Código de conducta para combatir el discurso de odio ilegal en línea (Code of conduct on countering illegal hate speech online) firmado por la UE con Twitter y las redes sociales. Por eso deberíamos avanzar, no solo en medidas legales y punitivas respecto a los discursos políticos de odio, sino también a través de una educación que los prevenga y dote a las futuras generaciones de herramientas de análisis y respuesta ante ellos.

Los mensajes, noticias y campañas que llegan a través de las redes sociales son ahora la fuente de lecturas y contenidos de buena parte de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes. Una de las herramientas que en este sentido se ha implementado en la educación formal ha sido la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos durante la vigencia de la LOE (2006). Aunque con la Lomce (2013) se eliminó esta materia, en la nueva ley educativa (Lomloe, 2020) se recupera con la asignatura de Educación en valores cívicos y éticos que, según el artículo 121 de esta ley, debe formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con el desarrollo de capacidades digitales y una cultura de alfabetización mediática crítica que enseñe a leer e interpretar el mundo. Puede ser una oportunidad clave para facilitar esas herramientas de análisis y respuesta al discurso político de odio en las redes, sabiendo, no obstante, que estas herramientas no siempre muestran una eficacia significativa.

Necesitamos otro modelo de educación para otro modelo de sociedad donde no sea posible, ni siquiera pensable, el neofascismo y sus doctrinas del odio al diferente, de antifeminismo, de antiecologismo y de desprecio a los derechos humanos más fundamentales. Un modelo de educación basado en el bien común.

La reconstrucción de otro tipo de sociedad requiere no solo necesarias e imprescindibles propuestas, reivindicaciones y acciones concretas, directas y a corto plazo. Son luchas cruciales. Pero hemos de pensar también en la “batalla ideológica global” en la que estamos inmersos. Lo cual exige un planteamiento estratégico fundamental a más largo plazo: la necesidad de deconstruir la genealogía de los “valores” neofascistas y neoliberales dominantes que se infiltra en la educación y la imprescindible tarea de entusiasmar y comprometer con “valores” y concepciones solidarias a toda la ciudadanía y a las nuevas generaciones en aras del bien común. Es aquí, en el campo de batalla de la educación donde se libra la lucha estratégica y esencial, y es aquí donde también se han de concentrar fuerzas.

Por eso el desafío fundamental para el profesorado y las comunidades educativas, dentro de la actual época de neofascismo, es facilitar a los estudiantes las condiciones y dotarles de las habilidades y el conocimiento imprescindible para reconocer las formas antidemocráticas de poder, la forma represiva en que los intereses ideológicos invaden no sólo las escuelas sino también la cultura popular, inquirir sobre las razones profundas de las injusticias y pelear contra las sistemáticas desigualdades económicas, de clase, de etnia y de género, conectar el trabajo escolar con los asuntos de la vida social y política real de nuestra sociedad.

Se trata no solo de aprobar en antifascismo, sino de sacar la máxima nota en el rechazo y la eliminación del fascismo, la homofobia, el machismo y el racismo, que están unidos por el mismo hilo de odio y discriminación, sacando matrícula en derechos humanos y sociales en todo el sistema educativo, desde infantil a la universidad. Porque, para ser demócratas hay que ser antifascistas.

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