El diálogo social y las prioridades de la agenda educativa

Durante un período tan complejo como ha sido el que abarca desde 2008 a la actualidad, con una gran crisis económica y el impacto de la pandemia de la covid-19 sobre la economía y el trabajo, el sindicato se ha revelado como un instrumento imprescindible para construir un escudo social que ha protegido a los sectores más débiles de la población de los embates de la crisis: la renta básica, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el acuerdo de pensiones o la reversión de los aspectos más regresivos de la reforma laboral del PP son ejemplos de un cambio de paradigma en la gestión de las crisis. Mientras la de 2008 se gestionó desde postulados ultraliberales, con duros recortes que deterioraron los servicios públicos, recortaron las pensiones, debilitaron el poder contractual de los sindicatos en la negociación colectiva y propiciaron una redistribución regresiva de las rentas, en la gestión de la pandemia de la covid-19 se ha aumentado el gasto público, se han reforzado las medidas sociales incrementando la protección a los sectores de la población más desfavorecida y se han recuperado ―en buena parte― los derechos arrebatados. Todo ello con la puesta en marcha de políticas contracíclicas sustentadas con fondos de la Unión Europea.

Para todo ello, el diálogo social, junto a una agenda sindical con las prioridades bien definidas y una posición de firmeza de las organizaciones sindicales, se ha demostrado como un instrumento útil. Diálogo social que no ha tenido el mismo recorrido en los sectores públicos, al menos en los últimos meses. El incremento retributivo para los empleados/as públicos/as se decidió unilateralmente por parte del Gobierno, y el acuerdo para la reducción de la temporalidad sufrió una primera desnaturalización en su tramitación parlamentaria y, posteriormente, se ha visto nuevamente desnaturalizado en el ámbito educativo, lo que nos ha llevado a mostrar nuestro rechazo y a criticar la falta de liderazgo del Ministerio de Educación y Formación Profesional durante todo este proceso.

En el sector educativo, la actualidad está marcada por los desarrollos normativos de la Lomloe, la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y su futuro desarrollo normativo, la necesidad de reducir las altas tasas de precariedad en el empleo docente, la apertura del debate sobre el profesorado a través de la presentación de un borrador de Estatuto Docente, la previsible Ley de Enseñanzas Artísticas y la reactivación de la Ley Orgánica de la Educación Superior (LOSU) que, por su entidad, merece un tratamiento aparte.

Reducción de ratios y estabilización de plantillas

Por lo que se refiere a los desarrollos normativos de la Lomloe, hemos trabajado desde el análisis y la propuesta, planteando un numeroso conjunto de enmiendas a los diferentes borradores de decreto. Hay dos demandas que hemos mantenido para todos los niveles educativos: la reducción de las ratios [el número máximo de alumnos por clase] y el incremento y la estabilización de las plantillas, tanto de personal docente, como de apoyo socioeducativo. Igualmente, es necesario insistir en la mejora de la formación inicial y permanente, esta última en el horario lectivo; la dotación de medios y recursos que permitan responder con éxito a los retos que plantea el nuevo modelo curricular, la reforma de la inspección educativa, la supresión de la competencia emprendedora, la laicidad del sistema educativo y la educación en valores cívicos ciudadanos. También apostamos por el fortalecimiento de la educación pública y del derecho a la educación y de la equidad, así como de la participación de la comunidad educativa, por el empleo del lenguaje inclusivo y el uso y desarrollo de las lenguas cooficiales. Sin olvidar la necesaria presencia de la Memoria Democrática, incorporando un conocimiento riguroso del pasado, reconociendo su importancia en la formación cívica y ética de adolescentes y jóvenes.

Es necesario remarcar la importancia del carácter educativo de la evaluación como elemento formativo, que debe estar exclusivamente en manos de las administraciones públicas, poniendo todas las cautelas legales para que no se puedan contratar empresas externas para un trabajo tan complejo y decisivo como es evaluar.

Todo ello requiere del compromiso de aumentar los niveles de inversión educativa, seriamente deteriorados tras los recortes. Recuperar los niveles de inversión anteriores a la crisis es urgente para superar el deterioro de la calidad y la equidad educativa que las políticas de ajuste han ocasionado. Hay que tener en el horizonte cercano la media de inversión educativa de los países de nuestro entorno.

Reforma de la profesión docente

El profesorado es la clave de bóveda del sistema educativo. Es urgente abordar el debate sobre la profesión docente para responder a los nuevos retos planteados. El ministerio presentó, en enero de este año, un documento de 24 puntos para tratar la reforma de la profesión. Valoramos entonces que no se trataba de una apuesta decidida para negociar el Estatuto Docente, sino más bien un movimiento puramente táctico para cumplir los plazos previstos en la Lomloe, que instaba a disponer de un texto en el plazo de un año tras la aprobación de la ley. Valoramos también que la complejidad del debate sobre la profesión docente, con temas como la carrera profesional o la evaluación del desempeño, debían tener un tratamiento sosegado, donde un análisis y una reflexión con el máximo rigor debían marcar la agenda de trabajo e implicar al conjunto del profesorado. No obstante, le hemos trasladado al ministerio la necesidad de abordar con urgencia la regulación con carácter básico de las 18 horas lectivas en secundaria y 23 en primaria, y la reducción de las ratios de alumnado por aula, partiendo del análisis más riguroso para fortalecer el derecho a la educación y la calidad del sistema educativo.

El texto presentado es desequilibrado y adolece de graves carencias. Para tratarse de una aproximación a la reforma de la profesión docente, no se abordan los aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales del profesorado ni se define un itinerario de desarrollo o carrera profesional. La propuesta recala en la formación inicial y permanente, o en el acceso y la inmersión en la profesión, con propuestas que pueden ser controvertidas —como la prueba para acceder a las facultades de profesorado—, y deja de lado aspectos sustantivos que tienen que ver con el modelo de profesión y que serían la parte fundamental de un Estatuto Docente.

CC OO ha presentado un decálogo que nos permite situar las cuestiones más relevantes: mejora de la formación inicial; formación permanente y con recursos; reducción de la carga lectiva y mejora de las ratios; carrera profesional atractiva, articulada y bien incentivada, etcétera. Hemos exigido al ministerio la apertura de un proceso de negociación en torno a un documento desde el que se pueda trabajar para reconocer y dignificar la profesión docente.

Privatización de la FP

También hemos hecho propuestas, en forma de enmienda, durante la tramitación de la Ley de Formación Profesional. La FP va a recibir una financiación adicional importante proveniente de los fondos europeos, pero hemos señalado que dichos fondos son un esfuerzo coyuntural y, en este sentido, son importantes, pero no suficientes en un país donde la exigua financiación del sistema educativo es un problema crónico. Debe ser una prioridad fortalecer y expandir la oferta pública. Para esto, desde CC OO hemos exigido al Gobierno que las partidas transferidas para la FP tengan carácter finalista y que recaigan exclusivamente sobre la educación pública, que en este momento presenta un importante déficit de plazas y de instalaciones.

Cabe recordar que en el sector de la FP avanza con fuerza la privatización a través de mecanismos de financiación directa a las familias, y que fondos de capital riesgo están comprando redes de formación en nuestro país para tratar de situarse en el “mercado de la FP” y captar una parte de los fondos europeos. La política de algunas comunidades autónomas ayuda objetivamente a esta pretensión, reduciendo y deteriorando la capacidad de la oferta pública que no alcanza a atender la demanda existente. Los ejemplos de comunidades como Madrid y Cataluña son sangrantes.

Por todo ello reivindicamos una financiación de la FP suficiente, para alcanzar los objetivos definidos en la nueva ley y garantizar un derecho como la educación, que se ejerce a lo largo de la vida, es sostenido en el tiempo (y fruto de una planificación negociada con todos los sectores implicados) y equitativo, para que atienda a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Enseñanzas artísticas y construcción de la ciudadanía

Es ineludible abordar la regulación de las enseñanzas artísticas con el objetivo de que estas, finalmente, se sitúen en el espacio educativo y formativo que les corresponde. Para nuestro sindicato es imprescindible que las áreas de aprendizaje de ámbitos artísticos, precisamente por el papel que la educación juega en la construcción de ciudadanía crítica, constructiva y creativa, sean un elemento esencial en la educación obligatoria. Es además urgente que se regule, consolide y dignifique el estudio de las áreas artísticas en los niveles profesionales y de formación superior, ya sea en las artes plásticas y diseño como en la música y las artes escénicas.

CC OO considera ineludible disponer de una Ley de Enseñanzas Artísticas que defina este marco formativo y lo blinde como elemento de desarrollo de las capacidades analíticas y como agente de crecimiento económico y, por tanto, profesional. Esta Ley debe consolidar estas enseñanzas y, por ende, las plantillas docentes que las hagan posibles.

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