Decenas de alumnos repetirán curso tras no ir a clase por el miedo de sus familias al coronavirus: “Lo hice por salvar a mi hija”

“Yo pienso que hice lo correcto para salvar la salud de mis hijos y la mía…”, responde Marjorie Alvarado después de una pausa y justo antes de romper a llorar en su casa de Petrer, en Alicante. La mujer se ha negado a llevar a clase a su hija este año por miedo al virus, y ahora le han dicho que tendrá que repetir quinto de primaria.

Más de 4.000 alumnos obtuvieron permiso para no ir a la escuela en etapas obligatorias el curso pasado debido a que ellos o alguna de las personas con quienes convivían tenían problemas de salud que las hacían especialmente vulnerables a la covid, y han recibido enseñanza a distancia. Pero unos cientos de las familias que vieron rechazadas sus peticiones (los centros educativos han decidido basándose en los dictámenes médicos presentados por las familias) se negaron pese a ello a llevarlos a clase, e iniciaron una pugna con la Administración. En decenas de estos últimos casos, como el de la hija de Marjorie, cuya pediatra concluyó que el asma de la niña no le impedía ir al colegio, los niños no han ido a clase, ni han recibido enseñanza telemática y tendrán que repetir.

Más información

Mazazo de la pandemia a la educación infantil: la primera etapa, de 0 a 3 años, pierde 80.000 alumnos

¿Cómo logra España mantener los colegios abiertos mientras todos a su alrededor los cierran?

Los expertos destacan que las escuelas han demostrado ser seguras frente a la pandemia y advierten de las graves consecuencias que puede tener para estos niños haber pasado un año en blanco. “Si hay evidencias que muestran cierto desfase de aprendizaje vinculado a los tres meses de confinamiento estricto de 2020”, dice Jesús Manso, profesor de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid, “superar un año de no enseñanza tendrá grandes repercusiones”.

No es posible saber el número exacto de alumnos que han sido eximidos de ir a clase por la covid: se han dado permisos en centros educativos de las 17 comunidades, pero no todas los han contabilizado. Los cinco territorios que sí lo han hecho y además han comunicado los datos a petición de este diario presentan grandes diferencias. Extrapolando a toda España los datos de la autonomía más restrictiva a la hora de concederlos (Castilla y León, cuyos datos son provisionales) y la que más permisiva ha sido (Canarias), se obtienen proyecciones para el conjunto del país muy dispares, que van de cerca de 4.000 a más de 11.000 estudiantes dispensados de asistir a clase.

Rafael Romero impulsó hace un año una campaña en las redes sociales pidiendo que la asistencia a clase fuera voluntaria, con el argumento de que los protocolos de prevención en las escuelas eran “insuficientes y peligrosos”. A través de la asociación que dirige, llamada Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, Romero dice haber asesorado a unas 2.000 familias que pidieron permisos para que sus hijos estudiaran a distancia. Unas 1.200 lo obtuvieron. 500 no lo consiguieron y los llevaron a clase después de que las autoridades educativas y la Fiscalía advirtieran de que el absentismo injustificado puede tener consecuencias penales y en materia de patria potestad. Otras 300 familias vieron rechazada su solicitud, pero se resistieron a acatar la decisión y el asunto pasó a los servicios sociales y, algunos, a Fiscalía. En una parte de estos casos, Administración y padres llegaron a acuerdos satisfactorios para las familias, dice Romero, pero unos 80 chavales se verán obligados a repetir.

“Hasta donde yo sé”, afirma Almudena Jiménez, una de las abogadas de la asociación, “en septiembre los niños de todas las familias que he representado volverán a ir presencialmente. El curso pasado fue excepcional porque no había vacunas”.

“Nadie va a enseñarme a cuidar de mis hijos”

El caso de Marjorie Alvarado y su hija, de 10 años, ha acabado mal. La mujer contactó el año pasado con una abogada de Madrid, a la que encontró en Facebook, que aseguraba haber obtenido permiso para que su hijo no fuera a clase. Alvarado la contrató por una cantidad que prefiere no concretar y la abogada la dirigió a una “perita” que le haría, le contó, un documento para eximir a su hija de ir a la escuela. Con la información que Alvarado le envió, y sin ver a la niña, la supuesta perita le remitió un escrito en el que ponía que la chica era especialmente vulnerable a la covid. Le cobró 50 euros. La madre presentó el papel a la pediatra del centro de salud de Petrer, que no le dio validez y le dijo que los alumnos con asma (la dolencia que tienen Alvarado y su hija) podían ir sin problemas a la escuela.

Hasta el año pasado, cuando lo dejó para ocuparse de sus hijos, la mujer trabajaba limpiando casas o en la hostelería. “El año pasado, en febrero, uno de mis hijos se enfermó. Lo tuve con oxígeno y aquello me afectó. El papá se la pasa viajando y yo pensé: estando sola en este país, si los niños se contagian o a mí me pasa algo, ¿qué hago?”. Su caso no ha llegado a Fiscalía, pero sí a servicios sociales. “Me agobiaban mandándome cartas, diciendo que si seguían sin ir a clase podían quitarme a los cuatro niños, que los tenía encerrados… Lo cual no es cierto. Yo sé cómo cuidar de mis hijos, nadie me va a enseñar a hacerlo”, dice.

A final de curso aceptó llevar dos semanas a su hija al colegio. Pero ahora Alvarado, que no se ha vacunado y sostiene que la inmunización “está matando a muchas personas”, no sabe qué hará en septiembre. Si se queda en Alicante, cree que su hija tendrá que volver a clase. Como alternativa está pensando volver a Colombia.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.