Plataformas de infancia piden a Educación que revise el caso de 150 niños sin documentos y sin plaza escolar en Melilla

La Plataforma de Infancia ha solicitado este martes 8 de junio frente a las puertas del Ministerio de Educación ―que ostenta la competencia educativa en Ceuta y Melilla— que se revisen los casos de los 150 menores sin documentos que se han quedado sin plaza escolar en la ciudad autónoma de Melilla una vez que se han conocido las listas provisionales de admitidos. Algunos de ellos son apátridas: nacidos en Melilla, pero sin nacionalidad española ni marroquí, de donde son originarios sus padres. Otros de esos menores —de tres a 16 años— tienen pasaporte marroquí. “Estas familias han demostrado su residencia efectiva en Melilla. De hecho, desde que se cerraron las fronteras en marzo de 2020 es obvio que esos niños no se han movido, y pese a ello se les está negando la escolarización”, ha denunciado Ricardo Ibarra, director de la plataforma, que ha recordado que tanto la ley educativa como la Constitución reconocen el derecho a la educación de todos los niños en España, “independientemente de la situación de sus padres”. “Esto puede tener, además, graves consecuencias en su desarrollo vital, ya que no solo afectará a su proceso educativo, sino a su capacidad para relacionarse”, ha añadido Ibarra.

El problema, según explican organizaciones de infancia de la ciudad autónoma, es que la dirección provincial del Ministerio de Educación en Melilla alega que las familias no han presentado los documentos que acrediten su residencia en el territorio. Según el director provincial de Educación en Melilla, Juan Ángel Berbel, hay 140 casos por estudiar de forma individualizada. El escollo es el certificado de empadronamiento, del que carecen muchos menores, incluso nacidos en Melilla, cuyas familias no han podido regularizar su situación debido a trabas administrativas. En todos estos casos, defiende, la Administración tiene indicios de que están en la ciudad.

En Melilla conseguir empadronarse puede llevar años, acusan algunas ONG. En el proceso para tramitar el padrón existen algunas complicaciones que no se dan en otras autonomías. La Administración tiene que cerciorarse de que residen en la vivienda en la que se quieren empadronar y para ello mandan a la policía a comprobarlo en diferentes ocasiones. El proceso puede durar meses. A eso se suma que muchas familias residen en áreas que no cuentan con planificación urbanística, en construcciones levantadas de forma irregular que no cuentan con cédula de habitabilidad, y en las que resulta imposible empadronarse.

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El asunto preocupa al Defensor del Pueblo desde hace años. “Pese a todos los esfuerzos que estamos realizando desde esta institución, todavía hay niños en Melilla a los que se les impide ir al colegio”, insiste Francisco Fernández-Marugán. Desde el organismo se han emitido varias recomendaciones que se repiten curso tras curso, en las que se insta al Gobierno a escolarizar a los menores en situación irregular en la ciudad. “Aunque esta realidad sea compleja, no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables”, apostilla.

Para dar “mayor margen” a las familias, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo en febrero de 2019 un requisito alternativo para la escolarización: en caso de no tener el certificado de empadronamiento, servía la tarjeta sanitaria y una factura de la luz con una antigüedad de, al menos, seis meses. En el curso 2019-2020, sin embargo, volvió a cambiar el criterio. Se rechazó de nuevo la tarjeta sanitaria, que también pueden tener los trabajadores transfronterizos no residentes en la ciudad, y solo se admitieron como documentos válidos para demostrar la residencia en la ciudad aquellos emitidos por la administración pública, según Berbel, como un informe de arraigo de los servicios sociales o un contrato de alquiler gestionado a través de la empresa municipal de la vivienda.

El problema, según Ibarra, es que esos informes de los servicios sociales no se están elaborando. El activista José Palazón, fundador de la ONG Prodein en Melilla, ha detectado dificultades en esos procesos que imposibilitan a las familias demostrar dónde viven. “No se puede hacer una visita a un domicilio en horario de trabajo en que no están los padres”, esgrime. “Muchas familias se están viendo obligadas a recurrir a la vía judicial, pero los que no tienen medios se están quedando sin el derecho a la educación”, lamenta Ibarra.

Más de 45 organizaciones se han adherido a la petición de la Plataforma de Infancia, como la Asociación de Mujeres Juezas de España o Amnistía Internacional. A través de la comisión de garantías de acceso a la escolarización, el ministerio tiene la posibilidad de revisar hasta el 15 de junio cada uno de los casos que han quedado fuera de las listas provisionales.

Sentencias judiciales

El Comité Internacional de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya ha emitido varias comunicaciones en las que insta a España a escolarizar a estos niños. El proceso, sin embargo, es lento y se resuelve caso por caso tras agotar la vía judicial en España, según apunta el abogado especializado en Extranjería José Luis Rodríguez Candela. “Ya hay varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las que se obliga al Ministerio (de Educación) a dar una solución de escolarización a estos niños”, advierte, “y en los casos anteriores, correspondientes al curso 2019/2020, la administración fue morosa”.

El Ministerio de Educación ha asegurado a este periódico que “trabaja” en la escolarización tanto de los menores que han solicitado plaza escolar en periodo ordinario y no han sido admitidos por no poder acreditar alguno de los requisitos, como de los que soliciten plaza en periodo extraordinario, que en el caso excepcional de Melilla no expira y se alarga a todo el curso. “Es frecuente que en este periodo se asigne plaza a los alumnos que no la han obtenido en periodo ordinario y que acreditan posteriormente los requisitos”, indican desde el ministerio. En el curso 2020-2021, un total 444 estudiantes accedieron en este periodo extraordinario. En las últimas semanas, y tras sendas peticiones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y del Defensor del Pueblo, el ministerio ha escolarizado a 11 menores a los que se había denegado la plaza tras comprobar su residencia efectiva.

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