El Defensor del Pueblo advierte de que la pandemia ha estancado la “función de ascensor social” de la educación

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha alertado de que la pandemia ha supuesto “un estancamiento de la función de ascensor social que la educación venía realizando”. Así se desprende de la nota de prensa que la institución ha lanzado con motivo de la presentación de su informe anual de 2020, entregado este jueves al Parlamento, que incluye un volumen de más de 70 páginas en las que se recogen las principales reclamaciones de las familias en materia educativa durante ese ejercicio, más de 2.500 ―el número más alto tras inmigración, justicia y empleo―.

Aunque Fernández Marugán reconoce en el documento ser consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas han realizado con motivo de la covid en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria, hace una llamada de atención sobre la necesidad de “una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”. “La educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”, añade.

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Entre las mayores preocupaciones expresadas por las familias figura el impacto académico por la suspensión de las clases presenciales y la activación de la modalidad semipresencial ―las familias denuncian la brecha digital entre el alumnado, ya que no todos los hogares pueden hacer frente a la compra de dispositivos digitales para que sus hijos continúen las clases desde casa―; la creación de grupos mixtos en educación infantil y primaria ―a juicio de los reclamantes, puede suponer un “desfase curricular significativo” para los alumnos al no estar los profesores preparados para “atender a alumnos con diferentes niveles de competencia curricular”―, o el hecho de que algunos estudiantes se hayan visto obligados a recibir las clases en el gimnasio del centro educativo o la biblioteca por la falta de espacio en las aulas para cumplir con el distanciamiento de 1,5 metros en secundaria.

El Defensor ha sugerido a las administraciones que animen a los centros educativos a grabar las clases, tanto para los grupos con modalidad semipresencial, como para los que no acuden a los institutos por patologías de riesgo o por convivir con personas sensibles al virus.

Aunque la pandemia marcó la mayor parte de las quejas recibidas, en 2020 también se tramitaron reclamaciones sobre deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.

En 2020 continuaron llegando quejas por la deficiente atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en la educación obligatoria como en bachillerato. El Defensor insiste de nuevo en este informe en la necesidad de “establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la educación inclusiva”. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ratificó en 2008, establece que los niños con discapacidad serán matriculados en las escuelas ordinarias. En 2017, el comité de discapacidad de la ONU concluyó en un informe que España perpetúa un “patrón de exclusión y segregación educativa discriminatorio” que afecta a las personas con discapacidad. Igualmente, la ONU rechaza la existencia de dos redes (ordinaria y especial) y aboga por un único modelo en el que todo tipo de alumnos convivan.

Familias que pagan dos veces por un libro digital

Según las reclamaciones recibidas, muchos centros que han optado por la utilización de libros en formato digital, exigen a las familias el pago de una licencia ―que es la que da acceso al material multimedia como audios de actividades o vídeos de apoyo a los contenidos teóricos―. El problema es que esa licencia caduca al finalizar el curso escolar y eso impide que pueda ser utilizada por el mismo alumno si repite o por un hermano, así como que pueda dejarse en el banco de libros para que otros alumnos lo utilicen el curso siguiente.

A este respecto, Fernández Marugán señala en el informe que la ley educativa (LOMLOE) estipula que los libros de texto deben tener una vigencia de cuatro años. Además, la normativa promueve el préstamo y la donación de libros para rebajar los gastos de muchas familias. ”Es primordial que las administraciones educativas exijan a aquellos centros docentes, públicos o concertados, que decidan trabajar con editoriales, que opten por aquellas que ofrezcan licencias digitales con la misma duración que la edición impresa”, indica el Defensor.

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