La ONU insta a España a escolarizar a una niña en Melilla

La ONU solicita al Gobierno que escolarice en Melilla a una niña de 11 años a la que el Ministerio de Educación dejó fuera del colegio este curso. Alrededor de un centenar de menores no han podido formalizar su matrícula al no poder acreditar su residencia en la ciudad. El Comité Internacional de Derechos del Niño insta al Ejecutivo, en un documento fechado el 10 de febrero, a que “adopte medidas para el acceso inmediato de la menor al sistema público de educación primaria” de forma provisional, mientras el organismo estudia el caso, “con el fin de prevenir daños irreparables a sus derechos”.

El caso puede sentar un precedente para el centenar de menores que se encuentran en esta situación en Melilla. La casuística es amplísima, pero son niños que han nacido en la ciudad o que han vivido años allí, en situación irregular, algunos con pasaporte marroquí; otros apátridas. Para poder matricularse en el colegio, el Ministerio de Educación —competente en la materia en la ciudad— les exige presentar el padrón o documentos que acrediten su residencia, como la tarjeta sanitaria y facturas de La Luz, lo cual se ha convertido en una trampa burocrática.

La Asociación de Abogados extranjeristas y la ONG Prodein ha recurrido a la justicia para reclamar los derechos de los niños. Por el momento, solo un juzgado se ha pronunciado. Denegó las medidas cautelares que solicitaban —la escolarización de la niña—, mientras continúa el proceso judicial. Por ello, decidieron recurrir al comité de la ONU.

Fuentes del ministerio aseguran que no han recibido la comunicación del comité de la ONU e insisten en que un juzgado de Melilla ya rechazó estas medidas cautelares. Además, sostienen que algunos de estos casos “deben analizarse con más cuidado para evitar el fraude de ley”. Aseguran que los expedientes se revisan uno por uno.

Los menores intentaron matricularse, pero no pudieron y en el colegio les especificaron que les faltaba aportar documentación. Por ello presentaron recursos al Ministerio de Educación. “Tenemos controlados los casos de unos 100 niños”, explicó ayer Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Asegura que en el ministerio no respondieron. “No tuvieron en cuenta que en esto equivale a una respuesta afirmativa”, añadió. Pero, pese a ese “silencio positivo”, cuando comenzó el curso, en el colegio dijeron que no constaban como matriculados, por lo que no pudieron escolarizarse.

Todo niño o niña residente en España debe estar escolarizado, independientemente de su situación administrativa. Pero el problema viene viene de largo y parece enquistado. En Melilla se han registrado casos desde 2014. “El de esta niña no es el único caso, por tanto, se abre una vía para estos menores”, dijo ayer a EL PAÍS el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, sobre la medida.

Desde 2018, el Defensor ha denunciado la “invisibilidad administrativa” de las familias indocumentadas que viven en un “limbo legal” y ha elevado varias recomendaciones al Gobierno para evitar el “atasco” que se produce cada año. “Lo que tienen que hacer las Administraciones es quitar las trabas que han existido en épocas anteriores y facilitar que los niños y niñas en edad escolar vayan adonde tienen que ir, que es al colegio”, defendió.

Este es el segundo curso en el que decenas de menores se quedan fuera de las aulas por no poder aportar la documentación requerida. “Aquí la cuestión está en considerar demostrado que estos niños viven en Melilla”, afirmó Solans.

En septiembre de 2018, Educación aceptó, por orden ministerial, la matriculación de 124 menores —de 160 casos también denunciados por Prodein— que se encontraban en la misma situación. El Ejecutivo aceptaba como válidos documentos alternativos como facturas de la luz, acompañados de la tarjeta sanitaria, para dar “mayor margen” a las familias.

El pasado verano, Educación reconocía que había hasta 243 menores cuyas solicitudes fueron rechazadas durante el período de matriculación ordinario, en el mes de junio. En agosto, el director provincial, Juan Ángel Berbel, aseguraba a EL PAÍS que la residencia podía ser verificada “exclusivamente a través del padrón o documentación alternativa que emita otra institución”. En septiembre, tras el proceso de matriculación extraordinario, permanecían fuera de las aulas alrededor de un centenar de menores.