“Si quitan los apoyos educativos, estos chavales se van a quedar atrás”: estudiar en pandemia en los barrios más desfavorecidos
Los docentes creen que las medidas extraordinarias con motivo de la covid han salvado el “desastre”, y advierten contra una retirada rápida
La directora del instituto Virgen del Remedio, Mar Sierra, mira a sus alumnos cruzar la puerta del instituto, se ajusta la mascarilla y comenta: “Los chavales han vivido situaciones muy duras en el último año. Tenemos familias muy desestructuradas, casos de malos tratos que se agravaron en el confinamiento, y muchos alumnos que han vivido de cerca la enfermedad. Al vivir hasta 10 en un piso, aquí ha habido más casos que en otros barrios de Alicante. Hemos visto un aumento de las conductas de ansiedad y de la tendencia a autolesionarse”.
El instituto Virgen del Remedio está situado al norte de Alicante, en el rincón de la ciudad más alejado del mar. El barrio, del mismo nombre, está formado por edificios de ladrillo visto levantados en los años sesenta para alojar a los miles de obreros llegados de Andalucía y Castilla-La Mancha. Fue cuna del movimiento vecinal alicantino, el tráfico de drogas lo transformó en los ochenta en una zona conflictiva y con el tiempo parte de sus moradores fueron relevados por otros, venidos sobre todo del norte de África. Si todo el sistema ha sufrido el impacto del virus, el Virgen del Remedio y otros institutos de las barriadas españolas más desfavorecidas lo han acusado el doble.
“En términos de aprendizaje”, afirma José Manuel Franco, director del IES La Cartuja, enclavado en la zona más deprimida de Granada, “el confinamiento del año pasado, durante el que no fue posible mantener una conexión por internet con muchos alumnos, sumado a que este curso tampoco está siendo normal, está pasando una factura importante. Los chicos tienen una pérdida del ritmo de trabajo y de conocimientos”.
Ningún director quiere una retirada rápida de las medidas extraordinarias adoptadas para prevenir los contagios en las aulas y mitigar las consecuencias del cierre escolar del año pasado —como parece dispuesta a hacer Madrid, si bien un portavoz de la Comunidad asegura que no se ha tomado una decisión definitiva—. Pero a los responsables de los institutos donde estudian los chavales más pobres les preocupa especialmente, porque en ellos las consecuencias de la pandemia no son solo sanitarias y académicas, sino cada vez más sociales.
“Hay familias con los padres en paro”, prosigue Franco, “que dependían de la pensión de la abuela o el abuelo que vivía con ellos, y al morir por covid su situación se ha complicado muchísimo. Faltan ingresos para comer, y no son casos aislados. Por aquí se ven cortes de luz continuamente”.
Las comunidades recibieron del Gobierno el año pasado 1.600 millones para reforzar los colegios e institutos frente a la pandemia, a los que hay que sumar 60 millones transferidos por el Ejecutivo para actuaciones de compensación educativa, 266 millones para modernizar la FP y 190 millones para la compra de equipos digitales.
Con esos fondos, los que aumentaron algunas comunidades y reorganizando internamente las horas, institutos como el Virgen del Remedio y La Cartuja han conseguido que sus alumnos puedan ir a clase todos los días (mientras en la mayoría de institutos españoles lo hacen en jornadas alternas desde segundo o tercero de la ESO), han reducido los estudiantes por aula, han puesto en marcha clases de refuerzo por las tardes, han implantado la codocencia (dos profesores a la vez) en algunas asignaturas y han prestado tabletas a los adolescentes.
En el instituto de Alicante, que tiene 775 alumnos, el 20% de ellos extranjeros (el 32% en la ESO), también funciona una biblioteca tutorizada. Al acabar las clases, los alumnos pueden quedarse a estudiar, hacer los deberes y repasar en sesiones organizadas por asignaturas y atendidas por un profesor de la materia. El servicio es voluntario, pero asisten unos 200 chavales. “Es como una academia, pero pública. En casa muchos no tienen las condiciones apropiadas para estudiar, un escritorio o una mesa, sino que tienen que estar en la cocina o en el comedor, a veces con un montón de gente, incluidos niños muy pequeños”, afirma Sierra ante la puerta del centro, construido hace 40 años y cuya fachada está a la espera de una reforma.
Tiempo perdido
Son las dos y media y dentro del instituto están en marcha dos grupos, de inglés y ciencias, de la biblioteca. “Yo todavía tengo lagunas del año pasado. En matemáticas por ejemplo. Durante el confinamiento estabas muy limitado por los dispositivos y la conectividad que tuvieras, y la mía era pésima”, comenta antes de irse Adrián Giménez, 17 años, camisa roja, pantalón de chándal negro y pelo muy corto. “En lo personal”, añade Natalia Gómez, de 16, “yo creo que tenemos estrés por el tiempo que hemos perdido en nuestras vidas”.
Los recursos adicionales están ayudando a que los centros salgan adelante, afirma José Manuel Franco. “Si hubiéramos seguido en las mismas condiciones en que estábamos, habría sido un desastre. Pero no va a servir de nada si no se mantienen, porque ya hacían falta antes y lo que hemos perdido con la pandemia no se arregla en un año”, advierte. “Entre el confinamiento y los parones por dar positivo o ser contactos estrechos”, añade Mar Sierra, “muchos alumnos han estado sin venir medio curso. En septiembre no debería quitarse ningún refuerzo. Si los quitan estos chavales se van a quedar atrás”.
Profesores que se quedan por vocación
Silvia Carrasco, profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estudiado el impacto de la covid en los alumnos de secundaria de la capital catalana y de Madrid, señala que el coronavirus golpeó a unos centros muy debilitados tras años de “políticas de austeridad”. Los recortes desmantelaron programas de compensación educativa y de formación de competencias digitales del profesorado y del alumnado implantados por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dice, lo que ha complicado el salto a la docencia online.
De la respuesta ofrecida en los últimos 12 meses, Carrasco lamenta especialmente que ni el Gobierno ni las comunidades hayan puesto marcha ningún plan dirigido específicamente a “mantener la escolarización a distancia del alumnado llegado desde otros países en los últimos años, cuando muchos dependían de los programas de iniciación y adquisición de la lengua” para poder continuar su aprendizaje.
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