Los obispos denuncian las “trabas” a la escuela concertada de la ‘ley Celáa’

La Conferencia Episcopal (CEE) ha denunciado este viernes “los obstáculos y trabas que se quieren imponer” a las escuelas concertadas con la nueva ley de educación, la Lomloe, más conocida como ley Celaá, y que se le quite el valor académico a la asignatura de Religión. Por eso, los obispos han amenazado con apoyar cualquier recurso que se presente ante el Tribunal Constitucional si la Lomloe entra en vigor sin modificaciones ―fue aprobada este jueves en el Congreso, pero falta aún el trámite por el Senado―, al entender que la norma vulnera el artículo 27 de la Carta Magna, que garantiza la libertad de enseñanza. El texto legal incluye medidas para corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera (ocho de cada 10 inmigrantes están escolarizados en la escuela pública, que en total concentra al 69% de los alumnos no universitarios).

Según la nueva ley, la asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. “Lamentablemente, la propuesta hecha por la Conferencia no ha recibido respuesta por parte del ministerio”, se ha quejado Luis Argüello, secretario general de la CEE, que ha comparecido este viernes tras la Asamblea Plenaria celebrada esta semana. La Iglesia proponía al Gobierno una asignatura alternativa también en valores pero aconfesional.

“El texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar”, ha añadido. El eclesiástico ha criticado la “celeridad” con la que se ha tramitado la norma en plena crisis por la covid: “Lamentamos que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles situaciones de la pandemia, con unos ritmos acelerados, que ha impedido la participación de la comunidad educativa en este asunto tan crucial”. La ley se registró para empezar su trámite parlamentario en febrero de 2019 —su redacción era enteramente socialista―, pero hasta que el pasado enero no se constituyó el Gobierno PSOE-Podemos estuvo paralizada.

Además, el obispo ha acusado al Ejecutivo de causar “indefensión” a quienes quieren educación católica en el colegio: “Vemos necesario pedir que [la ley] ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicita en el artículo 27 de la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos”. En su opinión, “no es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”.

La ley incluye además una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar.

La norma ha soliviantado a los colegios católicos, que han puesto a los niños en el centro de las protestas y han convocado manifestaciones para este domingo. Los obispos apoyan las protestas, pero de momento no acudirán a ellas, como sí hicieron en 2005 contra el matrimonio igualitario: “Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales”, ha dicho Argüello. El Gobierno insiste en que los centros especiales no se van a cerrar, como aseguran algunos sectores de padres, sino que se va a potenciar una mayor inclusión en los ordinarios como reclama la ONU.

El portavoz de los obispos ha criticado otra de las leyes que prepara el Ejecutivo, la de eutanasia, y ha calificado de “preocupante” que a la hora de legislar se excluya del diálogo a sectores implicados, como los sanitarios que se dedican a los cuidados paliativos y que acompañan a los enfermos en el tramo final de la vida. De hecho, la Conferencia ya advirtió en enero que la aprobación de esta norma sería una línea roja.

Abusos a menores

A raíz de una investigación de EL PAÍS sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia Española, los obispos se comprometieron hace dos años a publicar un protocolo de actuación en estos casos. Sin embargo, el portavoz episcopal ha explicado este viernes que todavía no cuentan con ese documento. “Hemos dado criterios para que cada diócesis elabore su propio protocolo. Los obispos han puesto en común que muchas de las diócesis han abierto una oficina antiabusos y han elaborado unas guías de prevención”, ha apuntado Argüello. “Todas las diócesis han coincidido en que el número de denuncias en estos meses han sido muy pocas”, ha añadido, sin concretar una cifra. En cuanto a si el futuro protocolo incluirá indemnizaciones a posibles víctimas, el eclesiástico ha apuntado que se otorgarán cuando haya sentencia judicial firme, es decir, como hasta ahora.

Fernando Giménez Barriocanal, que ha sido reelegido como vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, se ha referido a la petición del Gobierno para que la Iglesia le facilite la lista de inmatriculaciones de bienes a su nombre. “Son varias las diócesis que están dando a conocer sus bienes, Toledo lo ha hecho, Burgos lo va a hacer en breve. Es intención de la Conferencia facilitar ese listado al Congreso, por eso hemos solicitado a todas las diócesis esa información”, ha explicado. Barriocanal ha destacado que la Iglesia inscribió esos bienes “de acuerdo con la ley” y ha manifestado “el deseo de colaborar si se ha producido algún error” en este sentido. La Iglesia inscribió como propios 30.000 bienes en casi dos décadas gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar en 1998.

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