La escuela concertada pone al niño en el centro de las protestas de la ‘ley Celaá’

11.30 de este miércoles, colegio Virgen Milagrosa de Sevilla. A las puertas se lee por megafonía un manifiesto contra la ley Celaá, promovido por la mayoría de la escuela concertada. Entre la treintena de profesores y padres, destaca un menor de unos siete años. “Estamos asistiendo a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional”, dice la profesora micro en mano. Todos guardan un minuto de silencio y aplauden al finalizar.

El día antes, la escuela San Juan Bosco de Mérida sube a sus redes un vídeo con una decena de niños —algunos con menos de cinco años, sin pixelar ni mascarilla— que gritaban a favor de la concertada. Su director, Silvestre Caldera, explica por teléfono que la ley “es una locura que priva a las familias de la elección de centro”. ¿El vídeo se ha usado con el consentimiento de los padres? “Me está sonando raro, vamos a dejarlo”. Cuelga. Dos horas después, se ha eliminado.

La ley Celaá que este jueves se vota en el Congreso pretende matricular más alumnos sin recursos o con necesidades especiales en la concertada con nuevos criterios de admisión, impide regalar suelo público a las empresas para levantar colegios, pone freno al pago de cuotas y hace de Religión una asignatura que no se evalúa ni tiene alternativa. Contra uno de los puntos que más ha soliviantado a la concertada, el que fija que las comunidades deban garantizar “la existencia de plazas públicas suficientes”, presentaron este miércoles PNV y JuntsxCat una enmienda, sin visos de prosperar.

El texto ha soliviantado a la concertada, que ha recabado 1,5 millones de firmas digitales por toda España —hay dos millones de escolares en esta red— y este miércoles se movilizó de manera desigual en distintos puntos de la geografía española. Donde tuvo especial incidencia fue en los 550 centros concertados de Andalucía, con la lectura del manifiesto de la plataforma Más Plurales que considera que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) “permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección de sus padres” y “conduce hacia el dominio sistémico del Estado”. Más allá de la movilización andaluza, estas semanas los padres han sido arengados por los colegios a manifestarse en contra, sobre todo, firmando el manifiesto anti-Celaá.

María Jesús Larios, adjunta de infancia del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), censura sobre estas protestas: “A estos niños se les vulnera su derecho a la libertad ideológica y expresión de sus opiniones porque se los instrumentaliza y aparecen como apéndice del adulto que reivindica una posición. Pueden expresar su opinión, pero seguramente no tienen conocimientos suficientes y la imagen del niño aparece asociada a un contenido reivindicativo que el alumno expresa porque pertenece al colectivo y debería evitarse”.

Pedro José Caballero, presidente de las asociaciones de madres y padres (ampas) católicas, defiende la presencia de los menores en las protestas, que incluyen una manifestación con coches el domingo. “Nadie está manipulándolos y todo el que sale tiene autorización de los padres. La Marea Verde [plataforma por la educación pública] también ponía a los niños en la portada de las manifestaciones. No se cercenan sus derechos, la condición crítica evoluciona y que su familia pueda elegir no le crea un trauma al niño”. Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas en Andalucía (400 centros de 550), añade: “En las cuestiones ideológicas nunca hemos sido impositivos, hay libertad para expresar el rechazo a la ley”.

Si todos los colegios andaluces concertados leyeron este miércoles el manifiesto, según su patronal, otros centros por todo el país colgaron un lazo naranja. El colegio La Salle de Burgos sacó además a la calle 20 pupitres y una pizarra en señal de protesta. “La acción ha venido de los profesores y se han repartido lazos naranjas a los niños, que elegirán si quieren ponérselo o no”, matiza su director Raúl Rojo. En un colegio católico de Valladolid, la dirección pidió a los padres una “quedada” en Twitter para publicar mensajes críticos contra la reforma. “Se trata de hacer ruido y generar un trending topic. No vale retuit, hay que publicar”, advertía el responsable de comunicación a las familias, que explicaba cómo Escuelas Católicas les había pedido 30 mensajes en dos horas. En otros centros menos intrusivos el director compartía su opinión contraria a la norma y animaba a las familias a sumarse al manifiesto.

Pancartas naranjas contra la norma

Este miércoles se reunieron los alumnos y padres de los colegios concertados Tajamar y Los Tilos, del Opus Dei, en Madrid. Celebraron un concurso de pancartas naranjas que un enjambre de niños distribuyó en una colina. En la cima, unas sillas sin ocupar representaron el propósito de la nueva ley de educación de ir vaciando sus aulas, según explicó María Losana, presidenta del ampa del colegio Los Tilos. A su lado, su hija Lucía, de 12 años, sujetaba un cartel que rezaba: “Los hijos son de los padres no del Estado”.

Vicenta Rodríguez, secretaria de Escuelas Católicas en la Comunidad Valencia, con 300 centros, disentía de la iniciativa andaluza para implicar a los estudiantes en las protestas. “No nos gusta utilizar a los alumnos para nada y ningún director nos ha explicado que hayan leído el manifiesto. Les explicamos qué está pasando, pero no nos parece bien que formen parte de una opción y tampoco se les expone para que salgan en fotos”, matizaba.

Hace siete años, en las protestas contra la ley Wert, José Luis Pazos fue el portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, y recuerda sobre las movilizaciones: “Nunca se leyó un comunicado en las aulas, ni se debatió hacerlo. Aunque explicarle una ley forme parte de la formación del alumnado, la [enseñanza] concertada se extralimita en un proceso de aprendizaje normal al hablar a los alumnos solo de las maldades de un proyecto de ley”.

La cuestión clave es si dentro de 20 años esos niños estarán de acuerdo con una reivindicación concreta y el uso de su imagen en redes, cuya permanencia puede ser eterna. Larios plantea que este uso de los menores vulnera la Convención de la ONU sobre los derechos del niño, que establece la protección a la propia imagen y creencia, y recuerda el agujero legal existente, ya que esta instrumentación de los niños no está regulada por ninguna norma. “El profesor debe mostrar a los alumnos los pros y los contra de la realidad, de manera que no se le adoctrine. En los vídeos, los niños no tienen capacidad de discernir si quieren o no salir”, aclara.

Preguntado sobre el uso de los niños en vídeos, el director general de Derechos de la Infancia del Gobierno, Gabriel González-Bueno, alerta: “Su derecho a ser escuchados y a expresar su opinión no debe tener límite de edad, pero para que se cumpla ese derecho se les debe alentar a que se formen una opinión libre”. A la entrada del colegio sevillano su directora, Pilar Rendón, alegaba este miércoles sobre la presencia de un menor en la concentración junto a los adultos: “Se les explica la reforma en clase. El niño chico representaba al resto de alumnos”.

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