Gobierno y comunidades eliminarán el requisito del máster de profesorado para dar clases en institutos durante la epidemia

El Ministerio de Educación y las comunidades han acordado este jueves eliminar, mientras dure la situación excepcional de la epidemia, el requisito del máster de Profesorado de Secundaria que ahora es necesario para impartir clases en institutos tanto públicos como privados de ESO, Bachillerato y FP, así como en escuelas de música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y oficiales de idiomas. Se trata de un título que dura uno o dos años y sustituyó en su día al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). La mayor parte de las autonomías lo había pedido tras constatar que, tras desdoblar numerosos grupos, no tienen profesores suficientes, o no pueden cubrir las bajas o temen no ir a poder hacerlo a lo largo de un curso que se presenta extraordinariamente incierto.

La preocupación, coinciden varias autonomías, es elevada en Matemáticas y Formación Profesional, que cuenta con un abanico muy amplio de especialidades. “Han agotado sus listas de sustitutos”, ha resumido la ministra de Educación, Isabel Celaá, al término de la Conferencia Sectorial de Educación. Las nuevas medidas acordadas para hacer frente al impacto del virus en los centros educativos incluirán también la simplificación del currículo y de los exámenes de la selectividad para que resulten más sencillos. Los profesores que se incorporen sin el máster deberán reunir el resto de requisitos ahora exigibles, ha dicho la ministra, como una titulación universitaria y, en buena parte de las comunidades, acreditar determinados niveles de idiomas.

“En el ámbito sanitario se hizo algo parecido cuando la pandemia estaba en lo peor. Se contrató a personal, que no había hecho la residencia pero sí tenía sus titulaciones de Enfermería o Medicina, que en otras circunstancias no habrían podido entrar en la sanidad pública. Entiendo que en circunstancias excepcionales se hagan excepciones. Si la alternativa es quedarte sin profesor, es preferible que el alumno tenga uno al que le falta un requisito”, afirma Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación de directores de instituto Fedadi.

Jesús Manso, profesor de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid, destaca que eliminar un filtro de calidad en el acceso al profesorado resulta “evidentemente negativo”. Pero al mismo tiempo coincide con De los Reyes: “La cuestión es si es posible tomar otra decisión. Es decir, si la alternativa es dejar a niños sin escolarizar, lo cual no puede ser”.

Los Gobiernos regionales no han cuantificado en la reunión con el ministerio cuántos profesores necesitan. Pero preguntadas al respecto, Madrid y Castilla-La Mancha admiten que tienen el problema sobre la mesa. Y Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, entre otras, reconocen que temen encontrárselo a lo largo del curso, por lo que ven adecuado suprimir el requisito. “Es una medida extrema que solo usaremos si no hay otra opción y siempre que [los nuevos profesores] estén matriculados en el máster”, señala un portavoz del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

Óscar Barberá, decano de Magisterio de la Universidad de Valencia, de cuyas aulas salen cada año un millar de titulados en el máster de secundaria, no cree, sin embargo, que el problema esté en la falta de docentes habilitados. “Las universidades públicas llevamos 10 años formando a decenas de miles de profesores. Hay muchísimos, porque el máster también se realiza a distancia y porque para las universidades privadas se ha convertido en una fuente de recursos. Es mentira que no haya suficientes, más allá de algún perfil concreto. Otra cosa es que haya comunidades que han empezado a buscarlos tarde y ofrecen condiciones que no resultan atractivas para que acudan titulados de otros lugares de España. Si tienes que ir a Madrid, pero no te ofrecen unas condiciones económicas suficientes o solo te garantizan dos meses de trabajo, es normal que a muchos no les valga la pena”, afirma.

El secretario de Enseñanza de CC OO, Francisco García, considera imprescindible que se garantice “la excepcionalidad absoluta de la medida” y que se aproveche para “abrir un debate sobre cómo prestigiar la profesión docente para que sea más atractiva y goce de mayor consideración social”. Y el sindicato CSIF ha expresado, por su parte, su preocupación por la bajada de calidad del profesorado que puede derivarse de la supresión del requisito del máster.

La directora de la federación de Ampas de Cataluña, Fapac, Lidón Gasull, cuestiona, como otras de las fuentes consultadas, que el actual máster de profesorado sea una fórmula idónea para garantizar la calidad de la docencia. De hecho, el Ministerio de Educación tiene previsto introducir cambios en el sistema de acceso a la docencia, que incluirá un sistema de formación práctica más cercano al de la residencia sanitaria. Pero en todo caso, dice Gasull, el máster es un filtro “que desaparece”. “Lo que todo esto pone de manifiesto es un sistema desorganizado que no ha tenido suficiente capacidad de previsión, y que la profesión docente no está valorada. Falta profesorado, sobre todo en determinadas especialidades, porque en la empresa privada están más reconocidos, mejor remunerados y sufren menos temporalidad”.

El ministerio y las comunidades también han acordado simplificar los currículos escolares para reducirlos poniendo el acento en las competencias esenciales, un objetivo que, resalta Jesús Manso, cuenta con amplio consenso. Los profesores han empezado las clases trabajando con los alumnos los contenidos que no pudieron impartir el curso pasado por el cierre de los centros. Y ello hace inviable completar el currículo correspondiente al curso actual, que en circunstancias normales ya es muy criticado por su gran extensión. Inicialmente se pensó solucionarlo con las adaptaciones de las programaciones que hacen cada año los centros escolares. Pero la fórmula se ha demostrado insuficiente, ha reconocido Celaá. La idea ahora consiste en que el ministerio declare, se baraja que mediante un decreto, “orientativos” los llamados estándares de aprendizaje, esto es, los elementos concretos que los alumnos deben saber al finalizar el curso, de modo que las comunidades y los propios centros puedan adaptarlos.

Un solo trimestre de Geografía de tercero de la ESO puede tener ocho de estos estándares, que requieran que el alumno sepa, en un caso, señalar en el mapa las principales zonas cerealísticas del mundo, y en otro, localizar las principales regiones de producción de minerales.

Selectividad más sencilla

Gobierno y comunidades han acordado también mantener la simplificación de las pruebas de acceso a la universidad aprobadas el curso pasado para compensar el cierre de los centros educativos y la gran desigualdad que se generó entre los estudiantes según pudieran o no seguir con ciertas garantías las clases a distancia. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha dado detalles, pero ha adelantado que se repetirá el modelo de la última convocatoria, en la que se dio más opciones a los alumnos.

Obligación de asegurar la formación

La ministra también ha recordado, después de las quejas manifestadas por algunas familias sobre la poca atención que han recibido sus hijos tras ser puestos con su clase en cuarentena, la “obligatoriedad de asegurar la formación a tiempo completo” tanto para el alumnado que asiste de forma presencial como a aquellos cuya docencia es semipresencial o están confinados.

Celaá y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también ha asistido a la reunión con los consejeros, celebrada en La Moncloa, han considerado cumplido el objetivo que se habían marcado antes de que empezaran las clases, y han afirmado que las medidas sanitarias aprobadas “están funcionando”. “Se ha producido un inicio del curso correcto desde el punto de vista de la salud pública”, ha repetido Illa.

Respecto a la lentitud en la activación de los protocolos de covid en los centros educativos cuando se detecta un positivo o una sospecha de contagio, Celaá ha subrayado que el sistema de respuesta tiene que ser rápido. Profesores y familias, sobre todo en la Comunidad de Madrid, advierten de que tienen que esperar varios días para lograr hablar con alguien en los servicios sanitarios.

Prácticas en FP

Los ministerios de Sanidad y Educación también han presentado este jueves a las comunidades un documento de recomendaciones para las prácticas que se realicen en los centros de FP y en los que participen personas ajenas al entorno educativo, es decir, clientes en ciclos formativos de hostelería o cuidado personal, peluquería, etcétera. Estas prácticas, además de contar con todas las medidas de seguridad e higiene, “se limitarán a las imprescindibles para garantizar los aprendizajes del alumnado” y serán optativas para los estudiantes. Estos, si deciden no participar, “se preverán [para ellos] actividades alternativas”, y si lo hacen, deberán “cumplimentar una aceptación expresa de la voluntariedad de la participación en las mismas”.

Las prácticas de Formación Profesional se adaptarán reduciendo la duración de los módulos de formación en centros de trabajo al mínimo que establece la ley, que son 220 horas. En el caso de la Formación Profesional de Ciclo Superior, esta formación se integrará en el módulo de proyecto. Y en el Grado Medio y la FP Básica, se crearán módulos de proyecto, en los cuales también se integrará la formación en centros de trabajo.

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