PP y Ciudadanos piden que no se tramite la nueva ley educativa durante la pandemia

La primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al proyecto de la octava ley educativa de la democracia (la Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la Loe) fue el 15 de febrero de 2019, el mismo día que anunció la fecha de unas nuevas elecciones. Este miércoles será la primera vez que el texto se discuta en el pleno del Congreso de los Diputados. Concretamente, se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox. En el caso de los dos primeros, su intención es que el Grupo Socialista retire el proyecto porque, con la pandemia, “no es momento de aprobar reformas de calado”.

El pasado marzo, cuando comenzó la tramitación parlamentaria de la nueva normativa, el PP —con 88 diputados en el Congreso— ya anunció su oposición y acusó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de haber cerrado el texto sin debate ni consenso previo con el resto de fuerzas políticas. En ese momento, los populares aseguraron que presentarían una enmienda a la totalidad con un texto alternativo, un segundo punto que no han cumplido finalmente por “el momento dramático que está viviendo la sociedad española”. “Sorprendentemente”, expone la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo en la enmienda, “se ha iniciado la tramitación de la ley” aunque el PP solicitó que se retrasase hasta el fin del estado de alarma (este termina el próximo domingo).

Sobre el contenido de la ley, que revertirá la norma educativa en vigor (la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en 2013), el PP critica que no ofrece una “modernización de los contenidos curriculares”, que no plantea una reducción de la extensión en beneficio de la profundización, que no propone nuevos enfoques metodológicos y que no refuerza la cultura de la evaluación, entre otros puntos.

La reforma suprimirá las llamadas reválidas de la Lomce, unas pruebas externas que todos los alumnos debían aprobar al final de la ESO y del bachillerato para poder hacerse con el título. Las duras críticas de la comunidad educativa a esos test provocaron que el propio PP rectificase y las suspendiera. Ahora saldrán definitivamente del texto normativo.

Al contrario de lo que demanda el PP, el PSOE quiere flexibilizar la rigidez del sistema educativo para reducir las tasas de repetición. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para ello, la nueva ley eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos de primaria y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto). Además, permitirá que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente lo considera pertinente. En bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa.

Por su parte, Ciudadanos (con solo 10 diputados) critica que la Lomloe suprime la llamada “demanda social” contemplada en la Lomce, que establece que para la planificación de las plazas escolares las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias a la hora de elegir entre los centros públicos y los concertados (privados sostenidos con dinero público). Celaá ha afirmado en diferentes foros que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”. Además, el texto contempla que las autonomías “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, lo que quiere decir que se pondrán en marcha medidas para evitar que determinados colegios, sobre todo públicos, concentren a los alumnos con menos recursos.

A este respecto, Ciudadanos apunta en su enmienda que esa modificación será la “antesala de la supresión de los conciertos” y que “supondrá una enorme presión presupuestaria para las diferentes administraciones públicas, especialmente en las zonas donde urbanísticamente no existe espacio”.

Vox (segunda fuerza de la oposición con 52 escaños) despliega en su enmienda parte de su argumentario de ultraderecha y considera, entre otros aspectos, que la normativa promueve un tipo de educación afectivo-sexual que “entra de lleno en la intimidad de las personas” y que es “contrario a principios y derechos fundamentales” reconocidos en la Constitución.

La portavoz socialista de Educación en el Congreso, María Luz Martínez Seijo, considera que las peticiones de retirada de la ley son “un disparate”, ya que nada tiene que ver con la resolución de la reapertura de los centros en septiembre adaptando el principio de curso a la situación de crisis sanitaria por la covid-19. “Estamos hablando de un proyecto educativo de futuro que no puede esperar más y el canal para debatir son las enmiendas parciales”, señala, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo día 24. La portavoz socialista cree que el PP “no ha hecho los deberes” y por eso no presenta un texto alternativo y que “se escuda” para ello en la pandemia.