Cuando el código fiscal distorsiona la desigualdad

En toda Europa, unos gobiernos con las arcas vacías amenazan con nuevos impuestos a los más acomodados, con el argumento de que la desigualdad de ingresos se ha disparado en las últimas décadas, haciendo que los pobres sean más pobres y los ricos, más ricos. Exprimir a los principales contribuyentes no solo aporta recursos adicionales, sostiene este razonamiento, sino que también ayuda a crear sociedades más justas. La creciente lista de multimillonarios en el mundo alimenta la idea de que los recursos están concentrados en las manos de unos pocos. A principios de este año, en Francia, un abrumador 86 % de la población apoyaba un impuesto del 2% sobre el patrimonio superior a 100 millones de euros, y el llamado “impuesto Zucman” se convirtió en un grito de guerra por lo que su economista impulsor denominó “justicia fiscal”.

Pero medir la desigualdad de ingresos a lo largo del tiempo es extremadamente complejo; hacer comparaciones entre países, aún más. En los últimos años, hallazgos considerados canónicos sobre el ensanchamiento de las brechas en EE UU han sido cuestionados. Cuando se trata de seguir la pista a la desigualdad de ingresos, el diablo está en los detalles —o en el código fiscal—. Una investigación que hemos realizado, que se publicará próximamente en el Journal of the European Economic Association, se centra en los ingresos procedentes de la propiedad empresarial, una fuente muy relevante para las rentas altas. Junto con Wojciech Kopczuk (Columbia University), Annette Alstadsæter (Skatteforsk Centre for Tax Research) y Kjetil Telle (Norwegian Institute of Public Health), analizamos las distintas formas en que este tipo de ingresos puede gravarse y el efecto distorsionador que ello puede tener en las cifras de desigualdad.

Esto importa porque las personas con patrimonios elevados generan una proporción desmesurada de sus ingresos a través de participaciones empresariales. Para el 0,1% con mayores ingresos, por ejemplo, este tipo de rentas representa alrededor del 80 % de sus ganancias, frente a solo un 15 % que proviene de salarios. Noruega, uno de los países más igualitarios del mundo, ofrece un caso de estudio perfecto para observar el impacto de la renta corporativa y del código fiscal en la desigualdad. En 2006, Noruega introdujo un impuesto del 28 % sobre los dividendos; antes de esa fecha, estaban exentos. Este cambio creó un fuerte incentivo para retener beneficios dentro de las empresas en lugar de distribuirlos como dividendos.

¿Cuál fue el impacto de la reforma fiscal? Pudimos analizar las declaraciones tributarias de todos los residentes adultos de Noruega —unos 4,93 millones de personas— junto con los estados de resultados de más de 313.000 empresas. Noruega cuenta con un registro exhaustivo de accionistas, que utilizamos para vincular cada compañía con sus propietarios. Como era de esperar, el pago de dividendos alcanzó un máximo histórico en 2005, ante la inminente subida del impuesto. Después de 2006, las empresas empezaron a retener más beneficios en lugar de repartirlos. Y los dividendos que sí se distribuían se canalizaban cada vez más hacia sociedades holding, unos ingresos que no se declaraban en la renta personal.

Pero, ¿qué significa esto para la desigualdad? Depende. La forma más común de gravar los ingresos corporativos es sobre base realizada: es decir, los ingresos se declaran cuando se pagan dividendos o se venden acciones. Alternativamente, la tributación sobre base devengada exige que los contribuyentes declaren las rentas empresariales independientemente de si se reparten o no. Solo cuando los negocios se estructuran como sociedades de personas, los beneficios —se distribuyan o se reinviertan— aparecen en la declaración personal del contribuyente.

En el caso noruego, si se mide la desigualdad ignorando los beneficios retenidos, la reforma del impuesto sobre dividendos aparentemente redujo la brecha entre ricos y pobres, y los políticos con una agenda igualitaria podrían apuntarse un éxito. Sin embargo, si se incluyen los beneficios que las empresas empezaron a retener en vez de distribuir —una medida más fiel—, la desigualdad apenas cambió.

Estos resultados contribuyen al debate global sobre cómo medir la desigualdad. Durante décadas, el trabajo de tres economistas franceses que concluían que la desigualdad de ingresos en EE UU se había disparado se aceptó como dogma. Pero utilizando otra metodología, Gerald Auten y David Splinter concluyeron que la desigualdad de ingresos después de impuestos se ha mantenido prácticamente constante desde los años sesenta. Para Auten y Splinter, 1986 fue un año crucial porque la Tax Reform Act modificó algunas normas de declaración para las rentas más altas. A partir de 1986, muchos propietarios de empresas pudieron acogerse a un régimen que gravaba las ganancias como si fueran sociedades de personas. En consecuencia, los ingresos empresariales —incluso los que no se distribuían como dividendos— empezaron a aparecer en las declaraciones de la renta.

Esto implica que una parte potencialmente importante del aumento de la desigualdad en 1986 podría ser simplemente un efecto del cambio en la forma de declarar: después de 1986, los ingresos devengados aparecen en las declaraciones; antes de esa fecha, no. Es lógico que la mayoría de las mediciones de desigualdad se basen en las declaraciones individuales de impuestos como fuente primaria de datos. Pero si no se tiene en cuenta adecuadamente la renta corporativa devengada, esas declaraciones pueden ofrecer una imagen engañosa. Registros de accionistas como el de Noruega permiten vincular a los propietarios con sus participaciones empresariales. La mayoría de países no cuenta con estos registros, lo que significa que nuestra comprensión de las tendencias en desigualdad —especialmente en torno a grandes reformas— seguirá siendo parcial.