Ante los nuevos retos, política económica democrática

La semana pasada participé en un fórum sobre la economía gallega organizado por este diario en Santiago de Compostela. El tema que se debatió con más viveza fue el de las energías renovables, en particular la eólica. La posición de los promotores de los proyectos, las autoridades autonómicas, y buena parte de los expertos son favorables. Los argumentos son no perder el tren de esta nueva revolución energética, la inversión, el crecimiento y el empleo. Pero existe una fuerte contestación social que ha llevado a los juzgados muchos de esos proyectos y los ha bloqueado. Los argumentos son el negativo impacto medioambiental y el escaso beneficio para las comunidades. Su lema es “Eólica sí, pero no así”.

Siguiendo en Galicia, existe también un debate muy intenso alrededor de la posible instalación de una macroplanta de celulosa para fibra textil —a utilizar por Inditex— en la comarca lucense del Ulla, incluida en la Red Natura. Los promotores, las autoridades autonómicas y algunos expertos argumentan los beneficios para la reindustrialización de la economía gallega y para el empleo. Pero también en este caso existe una fuerte oposición ciudadana fundada en los potenciales impactos negativos sobre los recursos naturales y agroganaderos de la zona y sobre la contaminación de las aguas del río Umia y la ría de Arousa.

Conflictos similares entre crecimiento y sostenibilidad se pueden encontrar en muchos lugares de España. Y en actividades económicas distintas. Es el caso del turismo y el impacto de su masificación sobre los recursos naturales y paisajísticos sobre los que se sustenta, así como las formas de vida locales. No existe actividad económica que no se enfrente hoy a este dilema entre crecimiento y sostenibilidad. A estos retos del crecimiento sobre la sostenibilidad medioambiental se suma el reto de las nuevas tecnologías y su posible impacto en el empleo, en el caso de que sean utilizadas para sustituir empleo por máquinas, robots y algoritmos en vez de ser utilizadas para mejorar las capacidades y la productividad de los trabajadores. También en el ámbito geopolítico han emergido retos similares: globalización versus políticas industriales tecnológicas nacionales; subvenciones a las tecnologías verdes versus libre comercio; descarbonización versus mantenimiento de los medios de producción y de vida de la agricultura y la ganadería. La publicación del Informe Draghi ha puesto sobre la mesa otro nuevo reto: competitividad versus modelo social europeo.

¿Qué tienen en común todos estos dilemas de políticas? Que hay que hacer elecciones entre objetivos que son en sí mismos deseables, pero que tienen elementos de conflicto. Los economistas la llaman economía de trade-off, pero también la podríamos llamar “economía agustiniana”, recordando el dilema de San Agustín cuando en su libro Confesiones rogaba: “Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo”. La castidad es la descarbonización, la sostenibilidad o la competitividad, pero no ahora mismo, porque hay que hacerla compatible con el mantenimiento de los medios de producción actuales y con el modelo social europeo.

Por cierto, me gusta cómo ha planteado Draghi el dilema de la competitividad europea: “A medida que nuestras sociedades envejecen, nuestro modelo social se pone cada vez más a prueba. Al mismo tiempo, quiero decirlo al principio de este discurso, para los europeos el mantenimiento de altos niveles de protección y redistribución no es negociable” (Discurso Premio Europeo Carlos V. Fundación Yuste). Y, “la competitividad no debe consistir en utilizar la represión salarial para reducir costes. Se trata más bien de incorporar los conocimientos y las competencias a la mano de obra” (The future of European competitinesess).

Hay que elegir, aunque sea doloroso. El filósofo Isaiah Berlín lo expresó de una forma inigualable: “Hay valores morales, sociales y políticos que chocan entre sí (…) de modo que hay que elegir. Elegir puede ser doloroso. Si usted elige A, le desespera perder B (…). No hay manera de evitar la elección. Por torturantes que sean, las elecciones son inevitables (…). En una sociedad liberal de tipo pluralista no se pueden eludir los compromisos, hay que lograrlos; negociando es posible evitar lo peor. Tanto de esto por tanto de aquello”. ¿Quién ha de elegir esos equilibrios? Hay tres estrategias: la tecnocrática, la autocrática y la democrática. Parece lógico pensar que deben ser los gobiernos los que, ayudados por los expertos, hagan esas elecciones. Y para algunos es tentador pensar que es mejor que sean dirigentes autocráticos actuando con dictadores benevolentes. Pero ambos caminos son ineficientes. La elección del equilibrio entre objetivos deseables, pero en conflicto no es una decisión tecnocrática, sino social. Un gobierno ilustrado o un dirigente autocrático no conoce cuáles son las preferencias de la gente sobre esos equilibrios, porque esas preferencias se forman en el proceso de diálogo y negociación.

El problema económico al que se enfrentan ahora los gobiernos ha cambiado. Antes, en la era de certezas (exageradas) del neoliberalismo, en la que se suponía que las preferencias de los ciudadanos eran conocidas, el problema económico para los gobiernos era cómo maximizar alguna variable que se suponía relacionada con la prosperidad (el PIB, la eólica, el número de turistas, etcétera). Ahora, en esta nueva era de incertidumbre, el problema económico es cómo alcanzar equilibrios entre objetivos que sean aceptado socialmente. Este cambio del problema económico inutiliza parte del instrumental de la economía normativa que utilizaban los gobiernos para diseñar las políticas económicas: mercados libres, análisis coste-beneficio, “políticas óptimas”. La economía agustiniana de los trade-off necesita nuevos instrumentos que fomenten el diálogo y la negociación. Tiene que ser una política económica democrática, de abajo a arriba (Down-Top), que a través de la negociación ha de buscar “equilibrios subóptimos” y compensaciones entre los actores afectados.

También cambia el papel de los expertos. En vez de hablarle al poder, ahora los expertos han de hablarle a la sociedad, ayudándola a formar sus preferencias sobre estos dilemas. Solo así tendremos una sociedad informada, capaz de distinguir las políticas pragmáticas, con sus beneficios y costes, de las políticas populistas o ideológicas, que frente a problemas complejos ofrecen soluciones fáciles y rápidas, pero equivocadas.

Las decisiones sobre los equilibrios que plantean los nuevos retos han de ser tomadas por aquellos actores que estén legitimados para hacerlo, ya sean los gobiernos o los parlamentos, pero la formación de esas decisiones tiene que ir de abajo a arriba. Esta nueva política económica democrática necesita nuevos espacios e instrumentos de diálogo y negociación con la sociedad. Este diálogo con la sociedad civil no es una pérdida de tiempo ni un adorno, es la condición de legitimidad y eficacia de las políticas.