El gobierno de Biden, contra las demandas climáticas de los jóvenes

Aunque todos estamos pagando ya un precio muy alto por el cambio climático, los niños y jóvenes de hoy tendrán que soportar condiciones mucho peores, y durante mucho más tiempo. De hecho, el cambio climático seguirá intensificándose durante el resto de sus vidas si seguimos por el camino actual. Esa es la razón por la que un grupo de jóvenes estadounidenses presentó una demanda contra Estados Unidos en 2015, exigiendo que el cambio climático se tenga en cuenta de forma responsable en las decisiones del Gobierno.

Yo me habré ido mucho antes de que se sientan todos los efectos de la modificación del clima, pero cada uno de los 21 jóvenes que presentaron la querella, bautizada como Juliana contra Estados Unidos, verá sus vidas alteradas de manera fundamental. Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los niños estadounidenses que esperen a tener edad suficiente para votar a favor de un cambio no es una opción viable.

El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante a través del cual los ciudadanos pueden exigir responsabilidades a los líderes electos. Y para los niños, a estas alturas, es su único recurso. El cambio climático, actualmente una de las principales causas de ansiedad y depresión juvenil, ya afecta a su salud física y mental.

Los “Juliana 21″ defienden a todos los estadounidenses. Todos tenemos derecho a un clima soportable, con aire y agua limpios. Pero en lugar de tramitar la demanda, el Gobierno federal parece oponerse categóricamente a que los jóvenes demandantes tengan su día en los tribunales. En los nueve años transcurridos desde que se presentó la querella, los Juliana 21 y su equipo jurídico han luchado contra 14 intentos del gobierno de Estados Unidos de detenerla en seco. (Tengo toda la información: he sido perito voluntario en esta causa).

El mes pasado, por séptima vez en la demanda Juliana, el Gobierno federal solicitó un mandamiento judicial, una táctica jurídica extrema en la que un tribunal superior ordena a un tribunal inferior que no atienda un caso (en lugar de seguir el proceso habitual, en el que el tribunal superior se pronuncia sobre una causa solo después de que la hayan visto los tribunales inferiores). La nueva maniobra subvierte el proceso judicial e impide que las pruebas de Juliana 21 sean oídas y examinadas en una audiencia pública.

La actuación del Gobierno es desconcertante, teniendo en cuenta que los tribunales de todo el mundo y de Estados Unidos han permitido a jóvenes demandantes presentar querellas similares. Por ejemplo, en otra demanda presentada por la organización sin ánimo de lucro Our Children’s Trust (que también interpuso la demanda Juliana), un tribunal de Montana determinó recientemente que cada tonelada adicional de emisiones de gases de efecto invernadero incrementaría las ya graves lesiones del derecho de amparo constitucional de los jóvenes demandantes. Por consiguiente, el juez dictaminó que los funcionarios públicos deben tener muy en cuenta estos perjuicios a la hora de revisar las solicitudes de permisos de explotación de combustibles fósiles. Después de que el Tribunal Supremo de Montana haya rechazado un intento del Estado de suspender la aplicación de esta sentencia histórica, los organismos estatales ya están trabajando para aplicar la nueva norma.

Juliana, a su manera, también ha hecho historia jurídica: ninguna otra causa en Estados Unidos ha tenido siete solicitudes de expedición de mandamientos en su contra. Como señalan los demandantes, “de los más de 40.000 casos civiles en los que Estados Unidos es un demandado representado por el Departamento de Justicia”, únicamente en Juliana “el Procurador General ha intentado parar la elaboración de un expediente probatorio en el juicio... basándose únicamente en que al Gobierno le cuesta demasiado dinero ejecutarlo”.

Como reconocía el tribunal de Montana, la crisis climática es más grave a medida que pasan los días. Cada día se emite más dióxido de carbono a la atmósfera; y cada día, el Gobierno estadounidense gasta decenas de millones de dólares en subvencionar la industria de los combustibles fósiles. Esto nos cuesta el doble, porque estamos pagando tanto las subvenciones en sí como los daños para la salud y el medio ambiente causados por la perforación y el suministro de energía a nuestros sectores energéticos con combustibles altamente contaminantes en lugar de con energías renovables limpias y disponibles.

Si el precio de litigar es demasiado alto para el Gobierno, ello se debe en parte a que el Ejecutivo ha librado una batalla de nueve años para sofocar las voces de Juliana 21. De hecho, un nuevo retraso no haría más que aumentar los costes totales previstos del litigio. Es más, mi propia evaluación de los costes medioambientales incurridos en estos últimos nueve años de retrasos muestra que son abrumadoramente superiores a los costes financieros citados por el Gobierno.

Este no es un asunto en el que la Administración pueda decir: “No interferimos en los asuntos del Departamento de Justicia”. En este caso, la Administración es la demandada, y tiene plena responsabilidad por las acciones de su procurador general.

El mejor resultado —moral, económico y medioambiental— sería llegar a un acuerdo con los niños. Lo único que quieren es que el Gobierno tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas los efectos que el cambio climático tiene para ellos y para las generaciones futuras. Parece una obviedad.

Si, por alguna extraña razón, la Administración no quiere llegar a un acuerdo, al menos debería permitir que el asunto fuera a juicio. La Constitución y el sistema judicial de Estados Unidos son poderosos vehículos para dar forma a lo que nuestra democracia ofrece a los jóvenes que no tienen voto en un problema a largo plazo que supone una amenaza para la vida, como la crisis climática.

Los Juliana 21 entienden que si el fiscal general consigue retrasar de nuevo su juicio, seguirán sin poder impedir que su Gobierno empeore el problema. Del mismo modo que es urgente abordar la crisis climática, es urgente impedir —ya mismo— que el fiscal general recurra a la extraordinaria táctica de solicitar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o al Tribunal Supremo que desestime el caso, negando de hecho a los jóvenes demandantes su derecho a un juicio.

Debemos apoyar a Juliana 21. En este caso, la justicia retrasada es en realidad justicia denegada.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal