Culminar el cambio, alcanzar el pleno empleo

Cuando al final de mi primera entrevista como secretario de Estado me preguntaron cuál era mi aspiración para la economía española respondí que dejarla cerca del pleno empleo. Aunque no hace mucho tiempo, entonces aparecía como una perspectiva lejana, un horizonte inalcanzable para nuestro país. Hoy, la discusión sobre los objetivos económicos para la legislatura entrante gira en torno a la cifra asociada al pleno empleo, porque ya se acepta que lo tenemos al alcance de la mano. Es una buena ilustración de lo que hemos avanzado durante estos cinco años.

Los datos más recientes confirman que nuestra economía superó con más fuerza de lo esperado el golpe de la pandemia y se ha adaptado mejor que las de nuestro entorno al choque de oferta inflacionista generado por la guerra de Rusia en Ucrania. El PIB se sitúa ya un 2% por encima de 2019 tras rebasarlo en 2022. El empleo ha superado la cota histórica de los 21 millones de ocupados, llevamos un año con una de las tasas de inflación más bajas de la Unión Europea, la capacidad de financiación exterior alcanzará este año el 5% del PIB y se volverán a cumplir los objetivos de reducción del déficit y la deuda públicos.

Este comportamiento refleja una mejora estructural, fruto del impulso a la oferta agregada y de la corrección de algunos de nuestros problemas endémicos. La tasa de temporalidad se ha acercado con rapidez a la media europea, la ocupación en las actividades de tecnología, I+D+i y ciencia ha crecido un 50% desde 2018 y la productividad por hora es un 1% superior al nivel prepandemia. La capacidad de competir de las empresas españolas en el mercado internacional se refleja en un récord de exportación de bienes de casi 400.000 millones de euros y en un superávit de servicios no turísticos de 2,3 puntos del PIB, en ambos casos en los últimos doce meses.

Desmintiendo los mantras que hemos padecido durante años, este progreso económico ha sido compatible con el avance social. Gracias a las políticas de predistribución y de inversión social, la desigualdad de renta, medida por el índice de Gini, ha vuelto a niveles de hace una década, las rentas salariales han liderado la recuperación y el salario mínimo ha aumentado cerca del 50%.

La explicación está en una política económica que ha respondido con eficacia a los numerosos retos inmediatos dentro de un marco coherente de acción a medio y largo plazo. Las inversiones y reformas estructurales del Plan de Recuperación han supuesto una inyección de confianza, primero, y de impulso a la transformación, después, sin el cual no se podrían explicar los resultados económicos españoles. Este ambicioso programa está permitiendo que nuestro país se coloque en una posición favorable en las transiciones verde y digital de las que va a depender la prosperidad en los próximos años.

La nueva legislatura se va a iniciar en un entorno exterior con nuevas presiones al alza en los precios de la energía, tensiones geopolíticas y ralentización de la actividad. Los tipos de interés se sitúan en niveles máximos desde antes de la crisis financiera y los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes. En estas condiciones, la economía española está consiguiendo mantener un crecimiento diferencial, que superará el 2% en 2023 y se mantendrá en torno a ese nivel en 2024 según las previsiones. Es una muestra ine­quívoca de solidez y una buena base para seguir trabajando con las dos prioridades que dan título a este artículo.

Para completar el cambio es preciso, en primer lugar, aprovechar al máximo el potencial del Plan de Recuperación, que ahora se amplía con la Adenda. Las inversiones estratégicas en transición energética, descarbonización industrial y digitalización se reforzarán con 10.000 millones de euros más de transferencias, canalizadas en su mayoría a través de los PERTE. La energía limpia y barata, la reducción de emisiones, la conectividad y el empleo cualificado permitirán seguir atrayendo inversión extranjera y modernizando el tejido industrial. Por su parte, las empresas contarán con hasta 84.000 millones de euros de préstamos de financiación a largo plazo en condiciones favorables instrumentadas a través del ICO, del BEI y otras instituciones, con la colaboración de las entidades financieras y de las comunidades autónomas. Estos recursos podrán destinarse a invertir en su plena adaptación a las necesidades y capacidades de una economía digital y verde.

Después de un periodo de intensa producción legislativa, las reformas estructurales deben ahora desarrollarse y aplicarse para obtener todo su potencial de generación de beneficios económicos. La reforma de la Formación Profesional, que ya ha conseguido acabar con el estigma que la limitaba, aumentar las plazas y modernizar su oferta educativa, precisa ahora un trabajo conjunto con las empresas para hacer realidad la apuesta por la formación dual. Otro buen ejemplo es la factura electrónica, que tras introducirse en la Ley Crea y Crece como instrumento de digitalización empresarial y lucha contra la morosidad comercial, está ahora en fase de desarrollo reglamentario para su próxima implantación para todas las empresas y autónomos. La aplicación rigurosa de la política de la competencia seguirá siendo fundamental para mantener los incentivos de las empresas a crecer y ofrecer bienes y servicios de calidad a precios asequibles.

Hemos dado un enorme salto en materia laboral, pero alcanzar el pleno empleo va a requerir reformas adicionales. Están avanzados ya los trabajos preparatorios para la reforma del nivel asistencial del desempleo para facilitar la reincorporación al mercado laboral y el engarce con el Ingreso Mínimo Vital. Y será necesario impulsar las conversaciones con los agentes sociales para avanzar en los mecanismos de ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, la movilidad geográfica y la mayor conexión entre la formación y las necesidades de las empresas.

El pleno empleo no supone solo la utilización eficiente del trabajo y la desaparición del desempleo involuntario, sino que facilitará el aumento de la productividad y de los salarios, reforzando la posición de aquellos grupos más vulnerables en el mercado laboral. Además, facilitará la reducción del déficit público estructural, que es esencial para reconstituir de forma plena la capacidad de estabilización del Estado.

Conviene no olvidarse del método, que tan buenos resultados ha dado en estos años. El diálogo político, el diálogo social y una intensa y leal colaboración con la Comisión Europea en la ejecución del Plan serán indispensables para poder seguir avanzando. En este mundo revuelto y cargado de desafíos, ya casi nadie duda del valor de una política económica bien hecha.

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