España necesita un plan de energía y clima ambicioso y realista

El Gobierno presentó el borrador de actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, sometido a audiencia pública hasta el 4 de septiembre y por aprobar definitivamente en junio de 2024. La actualización contempla 46 medidas nuevas o actualizadas e incorpora mayor ambición climática alineada con los objetivos europeos, en el contexto geopolítico provocado por la guerra en Ucrania. Eleva la reducción de emisiones hasta el 32% en 2030 respecto a 1990, frente al 23% anterior, apostando por renovables, almacenamiento y gestión de demanda.

Para las renovables, incrementa su peso en el consumo final de energía en 2030 seis puntos hasta el 48% —81% en generación de electricidad—, acentuando el protagonismo de las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, para las que prevé una potencia instalada de 62 y 76 GW, respectivamente, y del almacenamiento, cuyo objetivo duplica, hasta 22 GW. En la fotovoltaica, alcanzar dicha meta supone más que triplicar la potencia actual en sólo siete años, pasando a ser desde 2025 la principal fuente en capacidad de generación. En el resto no se aprecian cambios, proyectando el cese del carbón para ese año y el cierre de la nuclear entre 2027 y 2035.

Otro protagonista es el hidrógeno verde, para el que se esperan 11 GW de electrolizadores para su producción mediante energías renovables, con fines industriales. El Plan destaca su potencial en sectores de difícil descarbonización e incluye una nueva infraestructura, H2Med entre Barcelona y Marsella, para la que no especifica objetivos de generación.

Para alcanzar esta ambición energética y climática, se estima la movilización de una inversión de 294.000 millones de euros, dinero en un 85% privado y en un 15% público, superior en 53.000 millones a la del Plan anterior. Del total, el 40% se destinaría a generación de renovables, el 29% a ahorro y eficiencia y el 18% a redes energéticas. Estas inversiones tendrían un impacto positivo en la economía, incrementando el PIB un 2,5% y creando hasta 522.000 puestos de trabajo adicionales en 2030. La dependencia energética de España, por su parte, se reduciría al 51%, ahorrando más de 90.000 millones de euros.

En definitiva, una hoja de ruta que en caso de materializarse en su totalidad y de manera efectiva, imprimiría un significativo impulso a la transformación energética y a la descarbonización del país. No obstante, cuestiones pendientes de resolver (almacenamiento, interconexiones), la dificultad para cuantificar el impacto socioeconómico de las medidas —efectos no lineales en caída de costes y ganancia de competitividad, entre otras— y el apalancamiento privado finalmente alcanzado, serán decisivos para determinar la realidad final de la ambición anunciada.

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