Regulación y voluntariedad en la transición climática

La guerra en Ucrania y las consecuencias energéticas y económicas de la misma parecen haber dejado en segundo plano los esfuerzos de las empresas por avanzar en la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos por sus siglas ASG. Pese al notable boom experimentado en el marco de la pandemia, con la declaración del Foro Económico Mundial de 2020 sobre el “Capitalismo de stakeholders” (una suerte de cultura empresarial dirigida a atender no sólo los intereses de los accionistas, sino también los del conjunto de partes implicadas, como los trabajadores, consumidores o el medio ambiente y la comunidad), tres años después de aquella declaración, las intenciones avanzan mucho más rápido que la realidades.

Así, el último informe de seguimiento de la responsabilidad climática, un informe que hace seguimiento a los compromisos climáticos de 24 de las compañías más grandes del mundo, señala que la mayoría de los compromisos adquiridos son declaraciones ambiguas, con escasa credibilidad y excluyendo del alcance del cálculo de las emisiones las generadas en su cadena se suministro -lo que se denomina el alcance 3 en jerga climática. El informe señala que existen algunas compañías que están expresando algunas buenas prácticas, pero los resultados de este análisis no son particularmente alentadores. En conjunto, 15 de las 24 compañías analizadas mantienen compromisos con un nivel de integridad bajo o muy bajo. Estas firmas, que deberían estar liderando la transición hacia la economía de cero emisiones, se encuentran, hasta el momento, muy lejos de cumplir su rol de empresas de referencia en la transición climática.

Los compromisos voluntarios no son, por lo tanto, suficientes para acelerar la transición climática. El acceso de grandes compañías a certificaciones ASG se multiplica, y es difícil distinguir el liderazgo hacia la sostenibilidad de las operaciones de marketing y comunicación, incluso en la utilización de los estándares más exigentes como lo es el establecido por B-Corp. B-Corp es una alianza de empresas de carácter internacional que impulsa un modelo de gestión y certificación basada en una amplia gama de criterios, de manera que lograr la certificación es una garantía de cumplimiento de determinados compromisos de responsabilidad social y ambiental. La noticia de que una importantísima multinacional del mundo de la alimentación ha accedido recientemente a la certificación como B-Corp, pese a las numerosas evidencias de prácticas poco compatibles con la protección ambiental, ha encendido el debate sobre la necesidad y conveniencia de endurecer los criterios para acceder a la certificación a través de este estándar.

Los poderes públicos son conscientes de estas contradicciones y están avanzando en la consolidación de esquemas de rendición de cuentas en materia social y ambiental basados en métricas comparables, verificables y comunicables. Así, la EFRAG (Agencia Europea de Reporte Financiero), la IFRS (La Fundación Internacional de Información Financiera) y la propia Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) están trabajando en normas de información no financiera que eviten la proliferación del denominado “greenwashing”, esto es, la práctica de disfrazar como “verde” o “sostenible” lo que en esencia no lo es. El debate sobre la profundidad, alcance y aplicación de estas normas está todavía por culminarse, de manera que en los próximos meses esperamos encontrar avances. No muchos, la verdad: con todas sus declaraciones sobre la transformación del propósito empresarial, la práctica de estos últimos tres años apunta menos de lo esperado a verdaderas transformaciones empresariales.

Por si solo, el mercado no se está mostrando capaz de catalizar la transición hacia economías bajas en carbono. Será necesario acelerar la regulación en materia de información no financiera, el control de emisiones, la financiación climática y la responsabilidad social. La Unión Europea tiene previsto presentar en un futuro próximo su propuesta de Diligencia Debida en materia de derechos humanos y protección ambiental, una normativa que regulará la responsabilidad de las empresas sobre violaciones de derechos humanos e impacto ambiental en toda su cadena de suministros. España pudo, en 2022, adelantarse y liderar este debate, al incorporar a su plan normativo anual la elaboración de una ley propia. Lamentablemente, terminado el período legislativo, el Gobierno no presentó su propuesta, de manera que nos encontramos en la línea de salida cuando podríamos haber sido líderes europeos en este debate. Sabemos, sin embargo, que sin un marco institucional y regulatorio adecuado, las mejores intenciones en reducción de emisiones y responsabilidad social caerán en saco roto. Las empresas, solas, no pueden avanzar al ritmo que necesitamos.

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