La calidad de las políticas públicas

No existe, como tal, un índice o marco de indicadores ampliamente aceptado y unívocamente utilizado para determinar la calidad de las políticas públicas, su eficiencia y su eficacia. Esta ausencia de indicadores aceptados es terreno abonado para diferentes interpretaciones en materia de calidad de las políticas públicas y, no pocas veces, para la demagogia o la desinformación. Hasta el momento, y esperando el despliegue de la ley en esta materia, el ejercicio más relevante desarrollado para revisar la calidad de nuestras políticas públicas lo ha ofrecido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a través del programa de revisión del gasto público, que ha finalizado ya numerosas evaluaciones temáticas. Sin embargo, la revisión del gasto, siendo necesaria, no es suficiente, pues se desarrolla a posteriori y poco aporta, en el momento de diseño de las medidas de las autoridades políticas, sobre el impacto de las diferentes alternativas existentes.

La experimentación en políticas públicas es una práctica precisamente dirigida a esa finalidad. Explicada brevemente, trata de probar un modelo en un espacio o grupo limitado en el tiempo y comprobar sus resultados comparándolos con los de otro grupo de similares características, pero donde no se ha aplicado esa misma política. Esta aproximación innovadora ha proliferado en el ámbito anglosajón y a través de las iniciativas financiadas por instituciones como el Banco Mundial o la Comisión Europea. La capacidad de acceder a más y mejores datos administrativos y la necesidad de ofrecer políticas públicas basadas en la evidencia han ampliado el interés de los gestores, de manera que su práctica se está extendiendo por todo el planeta.

Sin embargo, en España, la experimentación está restringida a unos pocos programas, la mayoría realizados desde fundaciones y centros de estudio, pero con muy pocas experiencias reseñables desde las administraciones públicas. La más relevante es la iniciativa del Ministerio de Inclusión y Seguridad y el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, dirigida a evaluar el impacto de diferentes proyectos piloto en el ámbito de la inclusión sociolaboral vinculada al ingreso mínimo vital. Más allá de esta experiencia, aún en marcha, algunos proyectos como el desarrollado por el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, o programas de apoyo educativo, ofrecen también expectativas prometedoras, pero estamos todavía lejos de que la experimentación se consolide como una práctica extendida en el conjunto de nuestras políticas públicas.

Conscientes de esta realidad, la Fundación Cotec para la Innovación acaba de publicar un informe sobre el alcance en España de la experimentación pública, incluyendo las prácticas internacionales más relevantes, así como una selección de casos desarrollados en España. El informe presenta además una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la integración de la experimentación en el ciclo de las políticas públicas, que bien podrían ser integradas en el marco de las reformas del Plan de Recuperación. Así, España podría favorecer el uso de este tipo de experimentación en pequeños proyectos con el objetivo de ir ganando experiencia en el uso de técnicas y metodologías no siempre sencillas de aplicar; determinar financiación específica para el desarrollo de experimentación pública; mejorar la calidad, disponibilidad y seguridad de los datos administrativos custodiados por las administraciones públicas; mejorar la formación de los gestores públicos en materia de experimentación y desarrollar bancos de conocimiento sobre los resultados de evaluaciones experimentales de nuestro país. En definitiva, establecer un ecosistema de gestión y conocimiento para que la experimentación pública sea la norma, y no la excepción.

Por primera vez, tenemos un marco institucional adecuado para la experimentación pública: el desarrollo de la Ley de la Ciencia, que incluye el compromiso de promover la innovación pública y la experimentación en materia de políticas públicas, podría ofrecer, conjuntamente con la normativa en materia de evaluación de políticas públicas, un marco idóneo para el desarrollo de la experimentación pública. Conjuntamente con la ampliación de los sandboxes legislativos y otras herramientas, como los laboratorios de innovación pública, el impulso a la experimentación daría un paso de gigante en la mejora de nuestras políticas. Puede que, de ponerse en marcha, sea una de las actuaciones con mayor impacto en el medio y largo plazo para mejorar la calidad de nuestros gobiernos.