Políticas públicas o barbarie

Las consecuencias de la sindemia de la covid-19 han activado, como pocas veces en la historia, la respuesta de las políticas públicas. Lo público, los servicios públicos, la sanidad pública, las ayudas públicas, el dinero público…. Un buen funcionamiento de lo público (en general despreciado y demediado tras 40 años de neoconservadurismo liberal) determinará el futuro inmediato. La otra parte del puzle son las instituciones públicas democráticas. Ya sabemos que sin unas y otras (las políticas y las instituciones) llega la barbarie.

Poco antes del final de 2020, el presidente del Gobierno dio una conferencia de prensa a modo de rendición de cuentas de las medidas aplicadas por el Ejecutivo de coalición durante el primer año de legislatura. Más allá de sus contenidos concretos (según Pedro Sánchez se ha cumplido la cuarta parte de los compromisos y en el primer semestre del actual ejercicio se llegará a un tercio del total), lo más significativo del acto estuvo en sus alrededores: conferencia de prensa y no discusión parlamentaria (lo más parecido al debate sobre el estado de la nación), promesa de continuidad, y el método manejado por los nueve expertos independientes para elaborar el informe titulado Cumpliendo.

Estos últimos dicen que cualquier rendición de cuentas ha de tener dos componentes: la answerability o puesta a disposición ciudadana de los datos, argumentos y explicaciones, fruto del seguimiento de la acción de gobierno; y el enforcement, o dimensión punitiva, de tal manera que los políticos y funcionarios deben asumir las consecuencias de sus incumplimientos, incluyendo eventuales sanciones negativas.

Ahora que las diversas crisis han multiplicado la presencia de lo público en las prácticas cotidianas, cobra más importancia la demanda de transparencia a cualquier nivel. Pedro Sánchez objetivó lo que pretendía con este informe: la rendición de cuentas mejora la calidad de la democracia y se reafirma el valor de la palabra dada; de esta forma se refuerzan las instituciones y se devuelve la confianza en la política. El problema es que el informe Cumpliendo apenas ha generado polémica (la respuesta del PP fue inaprensible), por lo que su difusión tiende a diluirse en publicidad. Se lee y parece que nuestros gobernantes no tienen abuela que les halague.

No es exacto, como se dice, que en España no haya experiencias previas de rendición de cuentas de políticas impulsadas por el Gobierno. En 2004, recién llegado a La Moncloa, Zapatero encargó al filósofo Philip Pettit, estudioso del concepto de republicanismo en la teoría política (no confundir con la forma de Estado) que examinase su labor política y al final de la legislatura realizara un informe. Eran los buenos tiempos de la economía, en los que parecía (poco después supimos que falsamente) que se habían terminado los ciclos económicos. Pettit presentó su estudio en 2007 en forma de libro (Examen a Zapatero, Temas de Hoy), muy positivo para el entonces presidente, sobre todo en tres políticas (social, antiterrorista y autonómica —el único riesgo de “balcanización” de España procedía del centralismo agresivo del PP—). El texto tampoco tuvo la discusión amplia que merecía (el profesor de Princeton desarrollaba en él tanto su tesis de la libertad como no dominación como el nuevo concepto de democracia, según el cual el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al debate ciudadano para aumentar la confianza mutua).

Luego llegó la Gran Recesión, el cambio de política exigido por Bruselas para que España no fuese intervenida y el sufrimiento ciudadano, y aquella “auditoría republicana” no volvió a repetirse. El estudio de Pettit quedó en el recuerdo como un trabajo de parte, y sus conclusiones, muy positivas para Zapatero, fueron enterradas por la dureza de la crisis. La autorregulación de los Gobiernos, como la de otros sectores de la vida pública (partidos, sindicatos, empresas, organizaciones no gubernamentales…) no forma parte de una auténtica rendición de cuentas sino, muchas veces, de la autopropaganda. Las radiografías de la acción pública deben institucionalizarse al margen de los cambios en la coyuntura política.