El Gobierno se ‘autoaprueba’

El Gobierno cierra el año rebosando autosatisfacción. Asegura, tras un pormenorizado informe, que ha cumplido ya una cuarta parte de sus compromisos y que en el próximo semestre completará un tercio del total. Entre esas promesas incluye la formulada por el presidente del Gobierno de rendir cuentas periódicamente de las acciones de su Gabinete. El resultado es un informe de 40 páginas y dos anexos, titulado Cumpliendo y presentado este martes por La Moncloa, en el que el propio Gobierno evalúa el grado de cumplimiento de los 1.238 compromisos contabilizados, aplicando una metodología avalada por un grupo de expertos. Con esta iniciativa, se felicita el Ejecutivo, “España se sitúa a la vanguardia de la rendición de cuentas en el ámbito internacional”.

El estudio solo analiza si se han puesto en marcha medidas previamente anunciadas, sin evaluar su eficacia. Aunque aporta un exhaustivo anexo sobre las decisiones para hacer frente a la pandemia, tampoco se detiene en valorar sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Este es un resumen de cómo se elaboró el estudio y de las certezas y dudas que deja.

¿Cómo se hizo el informe? Este tipo de estudios es habitual en otros países, aunque los métodos varían y también los actores implicados. En algunos se encargan agencias independientes y en otros organismos gubernamentales. El Ejecutivo español decidió convocar a un grupo de nueve expertos para que le ofreciesen una metodología. La intervención de los especialistas se acabó ahí. Del resto se encargó el propio Ejecutivo, en un trabajo coordinado por La Moncloa con la “participación activa de todos los ministerios”.

Los expertos son profesores de universidades españolas en las ramas de ciencias políticas, administración pública, sociología y economía: Daniel Innerarity, Manuel Villoria, Ismael Blanco-Fillola, María Bustelo, Cristina Elías, Javier Lorenzo, Cristina Monge, Carlos Ramió y Paula Rodríguez Modroño. El grupo definió lo que se entiende por un compromiso de Gobierno: “Cualquier obligación, promesa o manifestación de voluntad” expresada en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en los acuerdos entre fuerzas políticas o en comparecencias públicas de los miembros del Ejecutivo. Los técnicos gubernamentales identificaron 1.238, algunos son muy concretos, como la aprobación de determinadas leyes, y otros mucho más vagos: el “impulso a las políticas de conciliación” o “avanzar en la implementación de las políticas de igualdad”. Se consignan tanto medidas aprobadas como otras que están “en proceso” en diferentes etapas.

“Más que los resultados, lo importante es que esta iniciativa se consolide para el futuro y se perfeccione”, apunta la socióloga Cristina Monge, que alude a que la rendición de cuentas es ya una tradición en otras democracias. Los expertos han formulado varias recomendaciones para mejorar el instrumento.

‘Autoaprobado’ El Ejecutivo se pone a sí mismo una nota alta. Concluye que ha cumplido ya el 23,4% de sus promesas y que en el próximo semestre llegará al 32,6%. “Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, se deduce que el Gobierno ya ha activado el 90,9% del total”, sostiene el texto. Del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afirma que están completadas el 20,3% de las 428 medidas. Hay un apartado sobre compromisos “decaídos”, es decir, que se han descartado, y solo se contabilizan siete, la mayoría alegando problemas técnicos sobre cuestiones como la Seguridad Social de las mujeres rurales, la extensión de la banda ancha o las tarifas eléctricas.

¿Y la reforma laboral? Su “derogación” es la promesa que encabeza el programa pactado hace un año por los socios de Gobierno y la que más discusión está provocando entre los miembros del Consejo de Ministros. El informe hecho público no hace la menor mención a ella: si está “decaída” o simplemente “en proceso”. Tampoco se alude al documento suscrito en mayo por los dos partidos del Gobierno con EH Bildu en el que volvían a manifestar su voluntad de “derogar” la reforma laboral.

Al abordar los compromisos adquiridos con otras fuerzas políticas, el análisis se limita a las conversaciones sobre la investidura, sin entrar en acuerdos posteriores para lograr apoyos al estado de alarma —como fue el caso con EH Bildu— ni más recientemente para aprobar los Presupuestos. Sobre el grado de cumplimiento de los pactos que permitieron la elección de Sánchez, el pasado enero, hay un dato llamativo: el “0%” con ERC. El informe contabiliza como promesa única a Esquerra la creación de la mesa de diálogo sobre las reivindicaciones independentistas. Y no solo es que no se haya puesto en marcha, sino que del estudio se deduce que el Gobierno tampoco tiene intención de hacerlo en el próximo semestre. El Ejecutivo declara que es Compromís con quien más ha cumplido (36,45%) y el PNV, tras ERC, con quien menos (7,1%).

Política ambiental. Es una de las grandes apuestas del Gobierno y a ella se dedica una parte del informe. Se habla de 162 compromisos, sin concretar el listado, de los que el 22,8% se habría cumplido ya. El texto destaca la aprobación del anteproyecto de ley de cambio climático, que entró en mayo en el Congreso y ha sufrido varios retrasos en su tramitación. La otra gran medida ya aprobada es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fija la hoja de ruta para la reducción de emisiones. El informe destaca otros 12 compromisos “cumplidos y en proceso”, en su mayoría planes, estrategias y hojas de ruta aprobados por el Consejo de Ministros y que aún tienen que ser desarrollados con leyes y decretos. Además, se incluye la puesta “en marcha del plan de reducción de emisiones”, un compromiso del que fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica dijeron no tener constancia.

Ambigüedades en Economía. Entre los compromisos aplazados figuran la tributación mínima al 15% para grandes grupos empresariales o la rebaja del IVA a los servicios veterinarios. Y de los que ya son realidad, el más llamativo en ese capítulo es el ingreso mínimo vital. El informe apunta otros cumplimientos que resultan más ambiguos. Asegura que se han respetado los compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa, alegando que el Gobierno ya ha enviado a Bruselas un plan presupuestario, cuando las reglas fiscales están suspendidas en toda la UE y para este año se prevé el mayor déficit de la historia, del 11,3%. También se constata la creación de un “instrumento de inteligencia turística” por haber presentado una web sobre estadísticas del sector o que ha habido avances en la internacionalización de Renfe por abrir una oficina en París.

Educación digital. Aunque se considera cumplido el programa Educa en Digital, lo cierto es que los 500.000 dispositivos digitales que el Ejecutivo se comprometió a distribuir entre los colegios no llegarán hasta febrero, según el Ministerio de Educación. Los demás cumplimientos constatados son una realidad, desde la nueva ley que sustituye a la Lomce hasta el aumento en 386 millones de euros del fondo para becas.

Con información de Manuel Planelles, Laura delle Femine y Ana Torres Menárguez.