El programa de Gobierno resiste entre tensiones

El mundo en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron, el 30 de diciembre de 2019, el programa del primer Gobierno de coalición en ocho décadas ya no es el mundo de hoy. Solo ha pasado un año, pero han sido 12 meses tan vertiginosos para todo el planeta que han traído un auténtico cambio de época. Por eso no resulta extraño encontrar párrafos del documento suscrito por los líderes del PSOE y de Unidas Podemos que hoy pueden parecer sacados de un pergamino mohoso. Como cuando proclaman que trabajarán “por la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y la deuda pública”.

La pandemia derribó viejas certezas y obligó a un Gobierno recién formado a hacer frente a lo nunca previsto. Esa crisis desconocida ha absorbido buena parte de las energías del Ejecutivo. Otras se han gastado en poner de acuerdo a los socios del Gabinete y en superar su debilidad parlamentaria. Demasiados factores juntos para que el programa pactado pudiese resistir en su integridad meses después. Y a pesar de todo, una parte destacada de las promesas de la coalición, especialmente algunas de contenido social, han salido adelante incluso en medio del desastre de 2020. Otra cosa son los compromisos del acuerdo todavía pendientes. Ahí se avecina una gran batalla interna y sobre cuestiones de tanto calado como las reformas laboral, fiscal y de las pensiones.

Las prioridades

Aunque las desventuras de la lucha contra el virus y de los combates en el Gobierno se hayan llevado los titulares más gruesos a lo largo del año, la coalición no ha abandonado algunas de sus prioridades. El Ejecutivo ha subido el salario mínimo en 50 euros y en un 5% el índice de renta personal (Iprem) con el que se calcula la concesión de ayudas públicas, las pensiones se han revalorizado con el IPC, se han aprobado el ingreso mínimo vital —muy poco aplicado aún por los problemas de gestión— y las tasas Google y Tobin. El Gobierno ha cumplido la promesa de derogar la Lomce y poner en marcha una nueva ley de educación a partir de los criterios básicos expuestos en el programa común. También está a punto de entrar en vigor la anunciada ley de eutanasia, aprobada con un amplio acuerdo del que solo se descolgaron PP y Vox. En el Congreso se están tramitando, tras su envío por el Ejecutivo, los proyectos contra el cambio climático y el fraude fiscal, así como el de protección de la infancia. Aún sin llegar a la Cámara, se encuentra muy avanzada en su elaboración la ley de libertad sexual para responder a otro de los compromisos más pregonados del programa común: “Blindar el no es no”.

La pandemia no siempre ha sido un freno. Al contrario: las catastróficas consecuencias sociales de la crisis sanitaria contribuyeron a acelerar la aprobación del ingreso mínimo vital, que en un primer momento los socialistas pretendían tomarse con más tiempo. Sin el virus —y sin la masiva llegada de los fondos europeos para paliar sus destrozos— el Ejecutivo de coalición tampoco habría podido cumplir en apenas unos meses compromisos que eran para toda la legislatura, como el sustancial aumento de los gastos sanitario y en I+D+i. El primero se multiplica por casi 10 en los Presupuestos de 2021 y el segundo crece un 80%.

Donde la pandemia sí ha moderado las pretensiones iniciales de la coalición es en la política fiscal. Unidas Podemos ha acabado cediendo y las subidas de impuestos para 2021 son más livianas de lo previsto en el programa. En el IRPF se aplicarán para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y a las del capital por encima de 200.000, cuando los umbrales previstos en el pacto de coalición eran de 130.000 para el primer caso y 140.000 para el segundo. La formación de Iglesias ha asumido que, con la economía hundida, apretar la tuerca fiscal puede tener efectos contraproducentes. Pero Unidas Podemos asegura que sigue siendo un objetivo de legislatura. Y una más que segura fuente de conflictos con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la némesis de Iglesias y sus ministros.

En el documento que Sánchez e Iglesias rubricaron la víspera de la anterior Nochevieja, había una promesa principal, prácticamente la que encabezaba el programa: “Derogaremos la reforma laboral”. En ese punto, el cambio de época sí que es radical. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, no va a soltar esa bandera. Solo que enfrente tiene a Calviño, a los empresarios y a las prescripciones de Bruselas. Y Sánchez, tras el acuerdo en la UE para el reparto del gran fondo de reconstrucción, ha redoblado su confianza en la vicepresidenta económica, con larga trayectoria en las instituciones comunitarias. Este asunto está en plena negociación interna para ver qué línea de reforma laboral se comunica a Bruselas.

Yolanda Díaz también ha topado con los socialistas en su pretensión de subir de nuevo el salario mínimo en 2021. Con el incremento de este año, está en 950 euros y la coalición se comprometió a situarlo al final de la legislatura en el 60% del sueldo medio de España (si se hubiese aplicado en 2020, sería de 1.028 euros). PSOE y Unidas Podemos han acordado prorrogar los 950 euros a la espera de un acuerdo para subirlo que, de lograrse, sería retroactivo, con lo que la batalla sigue abierta unos meses. En estos asuntos, como en el de las pensiones, Iglesias trata de aferrarse a la literalidad del programa frente a las propuestas de ministros socialistas ajenas a los pactos de coalición. Una de las más potencialmente conflictivas es la apuntada por el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir de 25 a 35 los años de cotización para establecer el cálculo de las pensiones, lo que mermaría su cuantía media en un 5,5%.

Reformas institucionales

Uno de los capítulos del programa que está casi sin estrenar es que el que se refiere a la regeneración democrática y reforma de las instituciones. En este año no ha habido pistas de asuntos como la limitación de los aforamientos, la regulación de los lobbies, el plan nacional contra la corrupción o la reforma de la Ley de Transparencia. En el balance de lo cumplido apenas puede consignarse la ampliación de los plazos máximos de las instrucciones judiciales, introducidos por el PP en su peor época de escándalos.

En esta parte del programa también hay párrafos que las circunstancias políticas han dejado amarillentos. En uno de ellos, los socios del Gobierno apuestan por “promover acuerdos parlamentarios de consenso” para renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el consejo de administración de RTVE. Cosas que ahora suenan como llegadas de otra época.