La economía ante el alza de tipos de interés

Desde el inicio del año los tipos de interés han emprendido una senda alcista que pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía española. Además, todo apunta a que la escalada del coste del dinero no ha tocado a su fin. Descontando la inflación subyacente –el principal barómetro de la evolución tendencial del coste de la vida y de los precios percibidos por las empresas—los tipos de interés “reales” se sitúan en terreno netamente negativo, prolongando de facto la era ultraexpansiva propulsada por Draghi.

El contexto monetario cambiaría si la inflación se acercara al objetivo del 2% de aquí a finales de año, pero este escenario optimista está siendo cuestionado por el propio BCE: en un meritorio estudio publicado en el boletín económico de abril, Fránkfort reconoce su error de apreciación de las tensiones inflacionistas que se han abatido sobre la economía europea, y pronostica más persistencia de lo inicialmente previsto. Por tanto, el BCE podría reaccionar con más contundencia de lo anticipado, lo que abre la puerta a más alzas del euríbor y de otras importantes referencias.

En principio, la economía española está mejor posicionada que en otras épocas para aguantar lo que se presenta como un nuevo shock, en este caso monetario, tras el que provocaron la pandemia y la crisis energética. La economía dispone todavía de recursos, entre los que destaca el rebote providencial del turismo, que se refleja tanto en el mercado laboral como en las perspectivas de actividad para los próximos meses: el principal indicador de coyuntura del sector de servicios, en el que el turismo tiene un peso importante, registró en abril un fuerte avance (con un PMI al alza hasta el nivel 57, lo que anticipa incrementos continuados de actividad). El tirón de los servicios podría contrarrestar el debilitamiento de la industria, lastrada por los precios energéticos y la aparición de nuevos cuellos de botella, al menos a corto plazo.

Pero la intensidad del crecimiento de los servicios, y por tanto la sostenibilidad de la recuperación, dependen de la situación financiera de las familias y de las empresas. A nivel agregado, la posición del sector privado no debería suscitar mucha preocupación, fruto del desendeudamiento realizado durante la etapa de expansión. Los pasivos de las familias se sitúan en niveles inferiores a la media europea, y sobre todo al balance desequilibrado de la época de la burbuja. La deuda ha seguido reduciéndose gracias al sobreahorro acumulado durante la pandemia. Algo similar ocurre en el caso de las empresas: incluso si la carga de intereses se duplicara (lo que supone un incremento inverosímil de tipos de interés), todavía se situaría en el 6% del excedente de explotación, un nivel próximo al inicio de la etapa expansiva en 2015 y mucho menos que en el cénit de la crisis financiera (16,5%).

Sin embargo, el panorama global eclipsa fuertes diferencias entre sectores. Las hipotecas a tipo variable van a encarecerse, poniendo en dificultad a algunos hogares. Y las industrias más vulnerables ante la crisis energética tendrán que apretarse el cinturón. Esto evidencia la importancia crucial de una acción por parte del Estado focalizada en los sectores en dificultad, sin la cual nos asomaremos a una pérdida de tejido productivo y un recrudecimiento del malestar social.

Y ahí es donde se sitúa nuestro principal punto débil, porque el Estado dispone de un margen de maniobra limitado como consecuencia del escaso esfuerzo de contención de los desequilibrios durante la etapa expansiva, y ahora por el impacto del alza de los tipos de interés en las cargas financieras que soportan las administraciones. Todo ello plantea un desafío de sostenibilidad de las cuentas públicas, sin perder de vista la tarea de apoyar la recuperación. Una tarea que, ante el repliegue de los bancos centrales, solo podrá descansar en los Estados.

Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_