Desigualdad y cadenas globales de valor

En las primeras dos décadas del siglo XXI hemos sido testigos de una mayor integración económica mundial. Los países se han vuelto más interdependientes, con una creciente fragmentación de los procesos de producción a escala global. La reducción de las barreras comerciales, la apertura de nuevos mercados y la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma de comerciar, pasando de ser un simple intercambio de productos finales —a la manera de Adam Smith— a una transacción constante de inversiones, tecnologías, capital humano, bienes intermedios y servicios. Las cadenas globales de valor (CGV) han sido bautizadas como el “sistema nervioso central” de la economía mundial, en el que los insumos intermedios cruzan las fronteras varias veces antes de que el producto final llegue al cliente. Entre los economistas hay consenso en cuanto a las mejoras en bienestar generadas a partir de este proceso, pero tanto la crisis financiera de 2008 como los cuellos de botella tras la covid-19 y la guerra en Ucrania han puesto en evidencia el lado oscuro de la globalización, es decir, la creciente influencia de las CGV en la transmisión de las perturbaciones económicas entre países. Es más, las citadas mejoras podrían estar mal repartidas, generando tensiones entre propietarios del capital y trabajadores, así como también entre trabajadores poco cualificados y muy cualificados.

Hay consenso en que las CGV han ofrecido nuevas oportunidades para que los países aumenten su participación en el comercio mundial y diversifiquen sus exportaciones, mejorando la productividad de las empresas a través de la transferencia de conocimiento y tecnología. Además, con dicha participación la renta per capita aumenta, así como también las oportunidades de empleo. Sin embargo, esta creciente integración ha coincidido con mayores niveles de desigualdad dentro de los países, dando lugar a un debate sobre los efectos distributivos de la participación en las CGV con dos puntos de vista opuestos.

Por un lado, se argumenta que dicha participación puede crear ganadores y perdedores, aumentando la brecha de ingresos entre ricos y pobres dentro de los países. Por otro lado, un estudio del FMI afirma que el comercio de las CGV conduce a un aumento de los niveles de ingresos para todos. Asimismo, según los profesores de Princeton y Chicago Gene Grossman y Esteban Rossi-Hansberg, el efecto sobre la productividad de la participación en las CGV podría reducir la brecha salarial si los trabajadores poco cualificados que pierden su empleo pudieran recolocarse en actividades más productivas. Desafortunadamente, dicho supuesto no parece ser muy realista en los países de la OCDE, entre ellos España. De hecho, los datos indican que son los propietarios del capital y los trabajadores muy cualificados los que más han participado de dichos beneficios, en detrimento de los menos cualificados. ¿Cómo reconciliar estos puntos de vista con la evidencia empírica? Dos estudios recientes arrojan algo de luz dentro del túnel. Una publicación de la OCDE muestra que la participación en las CGV puede reducir la desigualdad salarial cuando dicha participación integra a los trabajadores poco cualificados y les permite mejorar su empleo. Un segundo trabajo, del que soy coautora, incluye datos actualizados para cubrir las tendencias proteccionistas que surgieron tras la crisis financiera. Los resultados que hallamos sugieren que un mayor grado de deslocalización de tareas aumenta el nivel de desigualdad a corto plazo, mientras que se asocia con una menor desigualdad de ingresos a largo plazo. Es decir, se requiere tiempo para que los trabajadores que pierden sus puestos de trabajo debido a la deslocalización puedan encontrar nuevos empleos en sectores en expansión, cuando la economía alcance su nuevo equilibrio. Por tanto, es crucial que se produzca un ajuste a largo plazo para que el potencial efecto negativo de la participación en las CGV en la distribución de la renta dentro de los países se neutralice e incluso se torne positivo.

¿Cuál sería el mensaje a extraer para los responsables políticos que tratan de maximizar los beneficios de la participación en las CGV? Para promover una distribución más equitativa de la renta, los esfuerzos deberían centrarse en la mejora y reorientación de la cualificación de la mano de obra. Una vía para ello sería mediante una formación profesional, educación secundaria y superior actualizadas que incentiven el desarrollo de las competencias requeridas para las profesiones del futuro, en los ámbitos de la digitalización, las energías verdes y la inteligencia artificial.

Inmaculada Martínez-Zarzoso es profesora de las universidades de Göttingen y Jaume I.