Los gestores públicos carecen de información para ejecutar los fondos europeos

Los gestores de la Administración encargados de tramitar el maná de fondos europeos que regará la economía española con más de 70.000 millones de euros son los que menor conocimiento tienen sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en junio por la Comisión Europea y donde el Gobierno fija el destino de ese capital comunitario con el que se pretende dar un espaldarazo a la economía para dejar atrás la crisis provocada por la pandemia. Así se desprende de una encuesta realizada por EY Insights entre un centenar de profesionales expertos en fondos europeos, repartidos casi a partes iguales entre funcionarios encargados de tramitarlos, economistas de prestigio y directivos de empresa.

Solo una tercera parte de los gestores públicos expresan tener un conocimiento notable o sobresaliente del plan, en tanto el 21% declaran que es insuficiente, casi el mismo porcentaje que los directivos de empresa sondeados. En conjunto, el 42% de los participantes de esta encuesta cuyas conclusiones se presentarán el próximo jueves se queja de que la información que se les ha proporcionado a través de las conferencias sectoriales sobre el programa NextGenerationEU es insuficiente y solo el 7% la considera adecuada. “Es llamativo que aquellos llamados a gestionarlo, tanto desde el ámbito público como privado, declaran no tener suficiente información sobre las convocatorias e indican falta de coordinación entre las administraciones. Señalan que los detalles les llegan a cuentagotas y de forma desordenada”, indican Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, e Ignacio Niño, senior advisor de EY España.

Sin embargo, el 87% de los entrevistados valora positivamente la iniciativa comunitaria de cara a la recuperación económica y el 63% tiene la misma opinión sobre su concreción en España a través del plan aprobado por el Gobierno, si bien seis de cada diez consultados creen que el sistema de gestión de los fondos facilita poco o nada el acceso a ellos por parte de las empresas (el 63% del total y el 65% de los gestores públicos). Ello es debido a la avalancha de dinero, los escasos recursos de la Administración, su falta de digitalización y porque todavía no se ha desplegado la agilización en la tramitación prometida por el Gobierno, explica Niño.

De las conclusiones extraídas de esta encuesta se desprende que las preocupaciones de los tres colectivos están muy alineadas. Consideran que el plan de recuperación debería contar con un amplio respaldo de todas las fuerzas políticas y administraciones implicadas para que su ejecución pueda llegar a buen puerto, traer consigo un refuerzo del personal especializado para gestionarlo y agilizar los trámites para las licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones para conseguirlo. Mientras que la mitad de los economistas echan de menos la existencia de un organismo independiente del Gobierno que agilice los procedimientos, el 71% de los directivos de empresa opinan que debería mejorar la información sobre los fondos, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan, por encima de la exigencia de requisitos o de cofinanciación (la mitad de las compañías están dispuestas a desembolsar el 50% o más de la inversión necesaria para los proyectos).

“Nunca ha habido tanto interés del tejido productivo por unos fondos europeos como ahora y eso se materializa en que el número de empresas que está teniendo relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al 80%, frente al 60% de los fondos de cohesión e inversión tradicionales. Es un dato extraordinariamente positivo que casi una de cada dos empresas declare haber participado en las manifestaciones de interés, ha sido un mecanismo de interlocución histórico entre el Gobierno y las empresas”, agrega Riesgo. “Preguntar antes de lanzar las convocatorias cuáles son los proyectos de las empresas es un modelo nuevo y muy ágil. Las manifestaciones de interés del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estaban muy bien orientadas, también las del Ministerio de Transportes, Infraestructuras y Agenda Urbana. La más compleja ha sido la del Ministerio de Industria”, remata Chus Escobar, directora del Sector Público de EY.

Aunque el grado de ejecución de los fondos es aún muy escaso [las convocatorias cerradas o aprobadas solo alcanzan 850 millones de euros de los 27.000 presupuestados para 2021, 5.700 millones si se suman las que están en curso, según calculaba recientemente en este periódico el economista Raymond Torres]. “El plan no ha llegado aún a la calle y hay quien se plantea si no hubiera sido más útil ayudas directas o deducciones fiscales”, dice el responsable de EY Insights. Escobar explica que el inicio del mismo no difiere de los marcos financieros plurianuales comunitarios habituales: “Tardan unos dos años en arrancar y a los tres o cuatro cogen velocidad de crucero. El reto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es justamente ese, solo hay cinco años, hasta 2026, y la mayor parte del trabajo se concentra en los dos primeros años”. La socia de EY muestra bastante confianza en la capacidad de las administraciones para ejecutar los NextGenerationEU, “pero no sé si llegaremos a los 70.000 millones”. La encuesta pone de manifiesto que una de las cuestiones más apreciadas por los expertos es la experiencia pública en la gestión de los programas comunitarios y el control de los fondos.

Dudas sobre las reformas

Cosa bien distinta es la opinión de los economistas que forman parte de los think tank españoles más reconocidos sobre las reformas que lleva aparejado el dinero europeo para conseguir la transformación de la economía. Más de la mitad coinciden en que el grado de ambición de estas reformas es insuficiente y cuatro de cada diez consideran que hay un riesgo medio de que se bloquee la liberación de fondos a España por incumplimiento de alguna de los cambios comprometidos. Hasta un tercio cree que el riesgo es alto. “En las 102 reformas previstas, 60 con rango de ley, hay recomendaciones de Bruselas que no están recogidas, como avanzar en la unidad de mercado, luchar contra las disparidades educativas autonómicas o corregir la fragmentación en las ayudas regionales al desempleo. Y otras como la reforma laboral y o la de pensiones que veremos si finalmente se alinean con sus requerimientos o no”, aprecia Riesgo.

Sea como fuere, el tejido empresarial no quiere dejar pasar la ocasión de acceder al aluvión de las ayudas europeas. Ocho de cada diez empresas consultadas por EY han optado o piensan optar a fondos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Una de cada dos planea participar en las licitaciones o convocatorias en agrupación con otras compañías o entidades y un 34% en solitario. Digitalización (42%), transición energética (19%) y movilidad (15%) son los ejes de los principales proyectos con cargo a NextGenerationEU que presentarán o han presentado las empresas. Pero el retraso de las convocatorias y licitaciones puede desanimarlas, alerta Riesgo.