Airbus critica la descoordinación del Gobierno para recabar los fondos europeos

Un informe interno del consorcio denuncia el bloqueo de las ayudas al sector aeroespacial por la falta de liderazgo y el desinterés de los ministerios de Economía, Ciencia, Industria y Transportes

Línea de montaje del estabilizador horizontal del A380 en la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz).
Línea de montaje del estabilizador horizontal del A380 en la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz).PACO PUENTES

Como el resto de empresas del sector aeronáutico, Airbus atraviesa su peor crisis debido a la pandemia. El fabricante confía en que los fondos europeos le ayuden a despegar, pero considera que el Gobierno español no está haciendo el esfuerzo suficiente para conseguir que esas ayudas lleguen al sector aeroespacial. Así lo desvela un informe interno del consorcio en el que lanza duras críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la “falta de coordinación y liderazgo de las entidades públicas”, que ha provocado un bloqueo en la puesta en marcha de esos fondos. Es más, la compañía considera que, en las condiciones actuales, lo más probable es que no haya un proyecto estratégico para el sector aeronáutico financiado con las ayudas no reembolsables que va a dar la UE a España. Estas ascienden en total a unos 70.000 millones que se van a entregar en unos cuatro años.

Airbus cuenta con factorías en Sevilla, Getafe, Puerto Real, Illescas o Albacete. Bajo el título Fondos españoles de recuperación-Memoria de la situación actual y el camino por recorrer, el informe, fechado a principios de octubre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, comenta sin ambages la insuficiente implicación de los ministerios de Economía, Ciencia, Transportes e Industria en la consecución del PERTE (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) del sector aeroespacial, lo que, a su juicio, hace que el futuro de este plan sea muy incierto pese a las promesas del Gobierno.

Por ello, y ante la inacción y el escaso peso político de estos departamentos, el documento recomienda plantear directamente “a la Moncloa” las reivindicaciones sobre los proyectos que deben ser financiados con estos fondos y buscar la mediación, en particular, del secretario general del Departamento de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha.

El documento interno comienza señalando: “Tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas con nuestros socios industriales, la CEOE y el Ministerio de Ciencia e Innovación nos han confirmado la situación de bloqueo en la elaboración del PERTE del sector aeronáutico”. Y añade que “hay una falta de coordinación y liderazgo entre las entidades públicas que deja el PERTE aeronáutico en una situación indefinida”.

A continuación, se recuerda que “el Ministerio de Ciencia [actualmente encabezado por Diana Morant en sustitución de Pedro Duque] fue designado para liderar la definición y coordinación del PERTE con el resto de los ministerios implicados, pero el esfuerzo realizado en esa dirección ha sido hasta ahora escaso”. También apunta a que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del ministerio, se queja de que sus escasos recursos no le permiten abordar otros proyectos en el sector aeronáutico.

Respecto al Ministerio de Industria, del que es titular Reyes Maroto, señala que está liderando un PERTE similar para el sector del automóvil, pero que “tiene limitados recursos y escaso peso político en el actual Gobierno”. La memoria destaca que aunque este departamento está dispuesto a apoyar el PERTE aeronáutico, no ha puesto en marcha ninguna acción al respecto.

No queda mucho mejor parado el Ministerio de Transportes [actualmente en manos de Raquel Sánchez, que sustituyó a José Luis Ábalos]. Aunque en este caso considera que “tiene un fuerte peso político”, tampoco ha puesto en marcha acciones o mandatos para que el Gobierno adopte políticas activas. En este sentido, asegura que los fondos europeos Next Generation asignados a este ministerio están comprometidos con los planes de vivienda entre 2022 y 2023.

La memoria también nombra tanto al Ministerio de Economía y Transición Digital como al de Transición Ecológica, de los que indica que “tienen poco interés en el PERTE aeronáutico” y que están centrados en sus propios programas.

Más benévolo es con el Ministerio de Educación, del que reseña que es el “único que ha revisado en profundidad” los documentos aportados por Airbus, si bien admite que el papel del departamento es de simple consejero. El documento explica que Industria, Transportes y Ciencia aducen que solo una decisión política de la presidencia puede desbloquear la situación. Y recuerda que el PERTE del automóvil, al que se han destinado unos 2.900 millones, marcha muy lento y que su marco legal no está todavía claro.

Preguntado por este diario, Airbus, del que es accionista el Estado con el 4,1%, se ha limitado a señalar: “Como empresa tractora de la industria aeroespacial y de defensa en España, Airbus mantiene un contacto continuo con el Gobierno español y con los ministerios relacionados con el sector. Confiamos en que antes de final de año salga adelante el PERTE aeronáutico, que ayudará a revitalizar y definir una hoja de ruta a futuro para un sector estratégico para España”. Este miércoles, tras conocer la publicación de la noticia, Airbus afirma que se trata de “un documento de trabajo interno que se distancia de la postura de la empresa”. Y pese a lo que dice el memorando interno, el grupo subraya que “la información publicada no representa la posición de la empresa”.

Tres escenarios

Ante el atasco, el informe dibuja tres escenarios para la consecución de las ayudas. En el primero, que denomina PERTE al completo y contempla la convocatoria específica de macroproyectos para el sector, se avisa de que el marco legal es “incierto”. El segundo, nombrado como PERTE suave (light) y que recoge solo convocatorias convencionales para proyectos de un máximo de 40 millones, se considera un “escenario probable” pero se advierte de que requerirá una fuerte implicación de Airbus para tenerlos a tiempo (antes de que finalice 2021). Por último, el tercer marco, nombrado como convocatorias simples y que no entrarían propiamente en los fondos de un PERTE, prevé proyectos con escaso contenido tecnológico. Y para Airbus es el “escenario más probable” a menos que el consorcio haga algo para remediarlo.

Por eso, propone un plan de acción urgente que incluye reuniones con los ministros de Industria, Ciencia y Transportes, para, una vez que se tenga claro su posición, acudir a Moncloa y recabar una opinión definitiva sobre futuro de estos, haciendo hincapié en que hay que lograr el apoyo de Manuel de la Rocha, secretario del departamento de Asuntos Económicos. Una vez se tenga claro el dictamen del Gobierno, Airbus aconseja mantener una reunión en el consejo al más alto nivel para adoptar las decisiones oportunas.

El Ministerio de Industria explica que no lidera este proyecto y alega que está habiendo retrasos debido a los pasos que está exigiendo Europa para que el PERTE del coche eléctrico pueda cumplir con el marco legal de ayudas de Estado. Pero tan pronto como se hayan salvado estas barreras, el camino estará despejado para que los demás PERTE vayan mucho más rápido.

El último documento registrado por la Comisión Europea sobre los fondos Next Generation del pasado 29 de octubre de 2021 recoge dos PERTE de 400 millones de euros cada uno en varios ámbitos, entre ellos el aeronáutico, programados para el cuarto trimestre de 2022, bajo la tutela del Ministerio de Industria.

El Consejo de Ministros aprobó en junio pasado encargos a la compañía aeroespacial por valor de 3.575 millones de euros para el periodo 2021-2027. Con estos programas, el Gobierno cumple gran parte de los compromisos que el presidente Pedro Sánchez adquirió con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en las dos reuniones que ambos mantuvieron en La Moncloa, en febrero de este año y julio del pasado.

Retraso en el reparto de los recursos de la UE

El Ministerio de Hacienda afirma que de los 26.634 millones presupuestados para este año se ha comprometido el 51,8% y se ha ejecutado el 34,4%. Es cierto que el Estado ha acelerado mucho la tramitación estos últimos meses. Sin embargo, una parte de esa ejecución son recursos que se están inyectando a otras administraciones y que aún tienen que librarse. La Autoridad Fiscal calcula que más del 60% de los fondos que estaban proyectados para este año no se gastarán en el ejercicio. Y recuerda que hasta agosto solo se habían desembolsado 104 millones, según datos de la Intervención General del Estado (IGAE).

El Gobierno ya está transfiriendo a las comunidades autónomas más de 7.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation. De estos, los gobiernos regionales ya están ejecutando algunas partidas para sanidad, FP, digitalización, el Plan Moves o proyectos de igualdad. Pero la mayor parte de los recursos siguen ociosos. Hasta el punto de que las entidades bancarias ya les están cobrando comisiones por tener estas cantidades depositadas.

Las conferencias sectoriales para repartir los recursos empezaron en verano. Las comunidades gobernadas por el PP denuncian que no se les ha consultado y que ahora tienen que preparar todo con muy poca antelación. Todas las autonomías coinciden en que apenas han contado con unos meses en los que han de tomar decisiones, articular los marcos normativos y sacar las convocatorias. Aunque Hacienda les haya pasado buena parte de los fondos recibidos —la Comisión Europa ya ha entregado a España unos 9.000 millones como anticipo—, buena parte del dinero no llegará a la economía real hasta 2022.

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