El Gobierno aprueba encargos a Airbus por 3.575 millones en siete años

El Consejo de Ministros aprobó este martes encargos a la compañía aeroespacial europea Airbus por valor de 3.575 millones de euros para el periodo 2021-27. Con estos programas, el Gobierno cumple gran parte de los compromisos que el presidente Pedro Sánchez adquirió con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en las dos reuniones que ambos mantuvieron en La Moncloa, en febrero de este año y julio del pasado.

En concreto, el Ministerio de Defensa adquirirá por 675 millones de euros tres aviones de reabastecimiento en vuelo y transporte estratégico MRTT A330 para el Ejército del Aire, que vendrán a cubrir el hueco dejado por los Boeing 707 que se dieron de baja en 2016. Además, acometerá la segunda fase del FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), un programa en el que España participa a partes iguales con Francia y Alemania y que aún se encuentra en fase de desarrollo de prototipos, con un coste de 2.500 millones. El primero de estos proyectos estará dotado ya este año con 148 millones y generará 800 empleos, especialmente en la localidad madrileña de Getafe, mientras que el segundo recibirá 113 millones en 2021 y supondrá a medio plazo 2.000 puestos de trabajo, según el Ministerio de Defensa.

Además, el Gobierno ha aprobado la adquisición de 18 helicópteros de enseñanza H135 de Eurocopter (la división de helicópteros de Airbus, con una planta en Albacete) para el Ejército del Aire por 178 millones. El programa conjunto entre Defensa e Interior incluye otras 18 unidades para este último ministerio, que recibirá también cuatro H160, por un total de 222 millones, para renovar una flota con más de 40 años. Defensa calcula que este programa generará 650 empleos.

Los encargos a Airbus, que suponen 261 millones este año y alcanzarán los 740 en 2024 solo por estos tres programas, no figuraban en los vigentes Presupuestos Generales del Estado, por lo que se han tenido que autorizar transferencias de crédito. Su aprobación llega en un momento crítico para la compañía, que en febrero de 2020 anunció un plan de 15.000 despidos, 1.600 en España. Aunque la empresa se ha comprometido a reducir esta cifra, la inquietud no solo no se ha disipado, sino que ha crecido después que responsables de Airbus anunciaran su intención de fusionar en uno solo sus dos centros de la provincia de Cádiz, condenando al cierre a la planta de Puerto Real, en infractividad desde que a finales de 2019 se canceló la fabricación del gigante A380.

En la reunión que se celebró en La Moncloa en julio pasado, con el tráfico aéreo ya paralizado por la pandemia, Faury prometió buscar “soluciones y alternativas para los centros con menor carga de trabajo”; mientras que Sánchez anunció un plan de 185 millones en cuatro años, ligado al fondo de recuperación de la UE, para apoyar a la industria aeronáutica. Y anunció una lista de pedidos que ya incluía los aprobados este martes y de los que no había vuelto a saberse desde entonces.

En febrero de este año, Faury regresó a La Moncloa, donde repasó el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos siete meses antes y se firmó un “acuerdo de seguridad” para establecer un mecanismo de protección de los activos tecnológicos estratégicos desarrollados por Airbus en España. Sánchez también reclamó una mayor presencia de españoles en la cúpula de la compañía, en consonancia con el 4,16% de su capital que posee el Estado español y el importante volumen de pedidos con cargo a las arcas públicas. En abril se anunció que, a partir de este 1 de julio, Alberto Fernández, presidente de Airbus España, pasaría a ser también jefe de operaciones del grupo aeronáutico y se incorporaría al Comité Ejecutivo de la compañía. Las dos partes han dejado atrás el desencuentro que se produjo después de que el Gobierno designase a Indra, en vez de Airbus, coordinadora de la industria española en el programa europeo FCAS.