El Gobierno se someterá a un examen continuo de Bruselas por las reformas e inversiones

La Comisión Europea hará un examen continuo de las reformas e inversiones del plan de recuperación español. El Gobierno tendrá que remitir a Bruselas dos informes al año en los que se recogerán los progresos realizados respecto a los hitos y objetivos comprometidos a cambio de los 70.000 millones en fondos no reembolsables que entregará la UE. Uno se enviará el 30 de abril de cada año y el otro, el 15 de octubre. Con la evaluación de estos informes, el Ejecutivo comunitario hará balance y decidirá si procede realizar cada uno de los ocho desembolsos semestrales en los que se han dividido los 70.000 millones de euros. El Gobierno español ya ha recibido un anticipo de 9.000 millones, y en los próximos días solicitará los 10.000 millones del primer pago.

Además, se sucederán todo tipo de encuentros regulares para hacer un seguimiento estrecho y exhaustivo de los avances del plan y de cualquier problema que surja con la puesta en marcha de las reformas o las inversiones. Así figura en el Operational Arrangement o contrato de implementación del plan de recuperación español, que han publicado este miércoles la Comisión y el Gobierno y que han firmado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El documento detalla el largo listado de inversiones y reformas prometidas, cómo se va a organizar todo el control de estas, y cómo se va a verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para conseguir las ayudas. La secretaria general de fondos europeos, Mercedes Caballero, se convierte en la coordinadora de todas estas comunicaciones con la Comisión. También será la encargada de vigilar el cumplimiento efectivo de las medidas y objetivos pactados con la UE. Su interlocutora en Bruselas será la directora general del grupo de trabajo encargado del plan de recuperación, Céline Gauer.

Los dos equipos se reunirán al menos una vez al trimestre para revisar la marcha del plan. Estos intercambios pueden realizarse presencialmente en Bruselas o en España. Aunque también podrán desarrollarse telemáticamente, o incluso por escrito si ambas partes así lo pactan. “A la vez que se mantendrá la capacidad de tener encuentros físicos o virtuales acordados con poca antelación, estas reuniones deberían ser normalmente planeadas con un mínimo de siete días de antelación y con una agenda definida”, señala el papel. Y añade que en este proceso de supervisión se “discutirán los plazos para las peticiones de desembolso” y “el coordinador [de España] valorará e informará a la Comisión de cualquier riesgo significativo para los plazos de cumplimiento de cualquier hito u objetivo”.

O dicho de otro modo: tendrá que comunicar a Europa si en un horizonte próximo atisba un escollo que dificulte el cumplimiento. Por ejemplo, la reforma laboral o la de pensiones están experimentando algunas dificultades en las mesas de negociación. Hasta el punto de que ahora mismo el Gobierno tendrá que pisar el acelerador para que se aprueben dentro de los plazos prometidos. También hay retrasos muy significativos en el gasto de los fondos como estaban planeados en los Presupuestos de 2021.

Asuntos candentes

El Gobierno y la Comisión podrán organizar encuentros ad hoc para discutir asuntos candentes o espinosos fuera de las reuniones regulares. Sobre todo se celebrarán cuando haya “retos específicos para la implementación” de las inversiones y reformas. También servirán para identificar posibles problemas a tiempo.

Por otra parte, la Comisión mantendrá reuniones técnicas con las entidades a cargo de reformas o inversiones concretas. Y estas se desarrollarán con una periodicidad mayor que las sesiones trimestrales de coordinación con España. Una vez al año, se orquestará un evento con la participación de los responsables del plan y otras partes interesadas para debatir la aplicación del plan de recuperación, intercambiar opiniones sobre su estado y sobre otros programas de la Unión.

Las dos partes acuerdan que el Operational Arrangement puede ser modificado siempre que sea de mutuo acuerdo. Estas enmiendas se llevarán a cabo mediante el intercambio de cartas. Y hasta se podrán cambiar los interlocutores designados por la Comisión y el Gobierno. España ha sido el primer país en suscribir este memorando imprescindible para obtener los fondos que la UE aprobó por la pandemia.