Montero imprime velocidad para sacar a tiempo los Presupuestos Generales

Las cuentas del Reino para 2022 entran en la recta final antes de su alumbramiento. El Gobierno espera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estén listos a finales de septiembre (o principios de octubre), tal como subrayó el presidente, Pedro Sánchez, en la apertura del curso político hace un par de semanas. Ante ello, ha dado orden a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que acelere y tenga listo el proyecto a tiempo. El equipo ministerial se está aplicando a todo trapo para cerrar los acuerdos políticos que permitan al Ejecutivo salir airoso y no lamentar un fracaso como ocurrió en 2018, cuando la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos precipitó la convocatoria electoral.

La negociación no será fácil, siempre sujeta a la alta fragmentación del arco parlamentario, repartido entre 16 formaciones, algunas de un solo diputado. Los primeros pasos de Montero han sido hacia el socio de Gobierno, Unidas Podemos, cuya interlocución para estos asuntos lleva el responsable de Economía, Nacho Álvarez, a su vez secretario de Estado de Asuntos Sociales.

En realidad, PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde hace meses la agenda económica de los próximos trimestres. De hecho, han logrado incorporar en las medidas del plan de choque eléctrico algunas de sus reivindicaciones (sobre todo relacionadas con la pobreza energética) y progresar en el aumento del salario mínimo. Ahora se quieren volcar en una ley de vivienda que permita alquileres asequibles y otras actuaciones como reducir el IVA a las peluquerías y subir las pensiones mínimas y no contributivas.

Pero, además, la ministra ha intensificado los contactos con los grupos que dieron la mayoría al Gobierno de coalición: PNV, Esquerra, PDeCat, Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Con ellos sumó 188 votos. Se da por hecho que Esquerra, tras el acercamiento que supone la mesa de diálogo sobre Cataluña, dará sus 13 apoyos, los que sumaría 168 votos. El PNV, seis diputados, intentará barrer para casa, pese a su posición distante tras la aprobación de las medidas eléctricas que penalizan a las energéticas; pero Montero ha tejido una buena relación con Aitor Esteban. Quedarían dos apoyos más y Más País y Compromís suman tres escaños. Suficientes. En todo caso, el Gobierno no puede ignorar a las pequeñas formaciones.

El techo de gasto no financiero, aprobado por el Consejo de Ministros en julio, se ha fijado en 196.142 millones de euros, un 0,02% más que un año antes. Esta cantidad histórica incluye transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y recoge los fondos europeos. Precisamente, los PGE de 2022 están marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se centran en desarrollar dichos fondos en proyectos ambiciosos de modernización con la participación de la inversión privada con la prioridad consolidar la recuperación económica.

Para 2022 están previstos otros 26.355 millones de euros de esos fondos, que se suman a los recibidos este año y se completarán el siguiente (en tres años están previstos 72.000 millones). Las cuentas responderán a los estímulos y utilizarán la financiación europea como gran palanca para catapultar los proyectos estratégicos presentados por los grupos empresariales. En ese plano, existen planes de financiación público-privada en el campo energético (inversiones en hidrógeno), el del automóvil, el agroalimentario, el aeroespacial…

Al tiempo, los Presupuestos llevan el sello de expansivos, con un crecimiento del gasto público más alto de la historia. En ese prisma se encuadra la fuerte subida a los funcionarios, que previsiblemente estará anclada al IPC (3,3% hasta agosto y con perspectivas de no bajar en lo que queda de año por la incidencia de la energía en la cesta general). Será una de las mayores subidas salariales a los empleados públicos desde 2009, cuando Zapatero mejoró un 4%. Los pensionistas también verán mejorar su prestación con el IPC. Eso supone que solo el gasto en pensiones subirá en 4.000 millones.

Sobre la reforma fiscal, en la que insiste Unidas Podemos y en concreto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Montero y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han insistido que se abordará cuando la recuperación sea efectiva y que está a la espera de las conclusiones del comité de expertos que se ha formado a tal efecto y que están previstas para febrero de 2022. Es decir, no se espera que cualquier decisión tenga plasmación hasta 2023.