El Gobierno rebaja la agenda de reformas para salvar la llegada de 25.000 millones del plan europeo de recuperación

El Gobierno ya tiene lista una profunda modificación del plan de recuperación con el objetivo de apurar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas pendientes de cobro. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el documento en forma de adenda con los cambios, apunta a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo con conocimiento directo del asunto. El programa inicial, que se redactó a toda prisa en 2021, marcaba hitos y reformas que a siete meses de su fecha límite se ven como imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha negociado las variaciones con Bruselas, donde deberá remitir el texto para obtener el visto bueno, y ha acordado rebajar la ambición de las reformas pendientes con rango de ley en un contexto de dificultad para articular mayorías en el Congreso. La modificación también incluirá la renuncia al 75% de los créditos que contemplaba el programa europeo, como adelantó este diario.

El Fondo de Recuperación, que se aprobó hace ahora algo más de cinco años para amortiguar el golpe económico de la pandemia, condiciona la llegada del dinero a los Estados miembros a que estos cumplan con una serie de reformas —muchas de ellas legislativas— y a que se alcancen una serie de hitos en las inversiones previstas con el dinero europeo. El sistema pronto se reveló farragoso y con muchas exigencias que hacían casi imposible su cumplimiento. Así que la Comisión ha cambiado varias veces sus criterios para facilitar el despliegue del que ha sido el programa financiero más ambicioso de la UE en su historia. La última vez que lo hizo fue en junio, y sobre esa base son bastantes los países que han remitido sus adendas de modificación en las últimas semanas: Italia, Francia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Austria o Bélgica, entre otros.

“Ha sido una negociación muy bestia”, dice una fuente conocedora del proceso que el Ejecutivo ha llevado a cabo con la Comisión Europea. “Quedan uno o dos desembolsos por pedir, y en el último habrá que decidir qué porcentaje de lo concedido inicialmente se va a quedar la Comisión. Es una negociación de alto voltaje”, añade.

Para España, esta será la séptima —y probablemente última— revisión del plan. El objetivo ha sido simplificar los requisitos para recibir los fondos, eliminando los hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave es el cambio en la exigencia de las ambiciosas reformas que se plantearon en 2021 y que debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno nunca verán la luz. Las más grandes (la reforma de pensiones, la reforma laboral y parte de los cambios tributarios) ya han sido aprobadas, y por ello España ya ha recibido el grueso de su asignación, casi dos tercios. Pero hay otras medidas que todavía precisan refrendo parlamentario, como la fiscalidad del diésel o la Ley de Industria, vinculadas a parte de los desembolsos pendientes y que se retiran para quitar presión.

La última petición de desembolso presentada por España se realizó hace ahora un año, en diciembre de 2024, y desde entonces la dificultad en aprobar nuevas reformas ha frenado al Ministerio de Economía para realizar nuevas solicitudes. El Gobierno lleva meses acordando con la Comisión Europea la reformulación de los hitos, para saltarse pasos intermedios, confirman fuentes participantes en las negociaciones. También, y este es el punto más complicado, se ha tratado de modular la intensidad de las reformas, de forma que puedan pasar de rango de ley a normativas que el Gobierno pueda aplicar sin pasar por el Parlamento.

“A la Comisión Europea le interesa que no sea un fracaso, pero tiene encima al Tribunal de Cuentas Europeo que está exigiendo que se cumpla con la literalidad de lo escrito en 2021”, dice una fuente que ha estado presente en muchas conversaciones de este tipo. En Bruselas, durante esta ronda de diálogo, como en las anteriores, han sido bastante flexibles. Si bien con el límite que marcan los propios reglamentos del Fondo, que nunca ha sido modificado por el desgaste de capital político que supondría.

Aunque inicialmente se acordó que los proyectos financiados con los fondos deberían estar finalizados antes de agosto de 2026, el Gobierno español se apuntó un importante tanto hace ya más de dos años al lograr que Bruselas aceptara como hito final la transferencia del dinero a las entidades que pondrán en marcha los proyectos. Algunos de los de mayor envergadura, como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas o la producción de amoníaco en Puertollano por Fertiberia, computan como ejecutados aunque los planes de construcción son a varios años vista.

Que en más ocasiones la concesión del dinero sea considerado como el hito final, es clave para maximizar las partidas que quedan por solicitar. Algunas administraciones, especialmente los ayuntamientos, han renunciado a proyectos por la incapacidad de cumplir la fecha de agosto de 2026. Y eso es lo que Economía sugería hace unos días: “La adenda en la que se está trabajando permitirá seguir dando continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución del Plan de Recuperación”, señaló el ministerio a raíz de la noticia de que España renunciaría a un 75% de las ayudas en forma de préstamos. Sobre la adenda que se aprobará este martes, Economía no ha hecho comentarios a este periódico.

Todos los países de la UE pidieron dinero al Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation, aunque tenía dos beneficiados claros: Italia y España, los países más golpeados por la covid-19. Después se ha ido adaptando también a las crisis posteriores (invasión de Ucrania y sus consecuencias sobre el sistema de abastecimiento energético en Europa). La cantidad asignada a España fue de 79.854 millones en subvenciones de los que ha recibido ya unos 55.000 millones, el 69%. Los créditos fueron 83.160 millones: de ellos, Madrid va a renunciar a tres cuartas partes y ha recibido ya unos 16.000 millones.

El plan hizo una apuesta por modernizar las infraestructuras energéticas potenciando las renovables y la digitalización del tejido productivo. Aunque el desempeño en la implementación por parte de España ha sido muy superior al de otros países europeos, el ritmo de desembolsos ha languidecido en los últimos meses por la parálisis política. También en esto ha jugado su parte el Ministerio de Hacienda, el guardián de las cuentas y del gasto: “Hacienda ha sido un dolor de muelas. Está obsesionada con controlar y no con ejecutar el plan, y no ha dado ninguna flexibilidad”, apunta una fuente que conoce el despliegue y la negociación del plan. Un portavoz de Hacienda recuerda que los sistemas de control impuestos por Bruselas han sido muy exigentes. El equilibrio entre acelerar el desembolso y que no se deslicen gastos indebidos ha supuesto una fuerte tensión a la hora de gestionar el plan.