El Gobierno limitará a tres el máximo de contratos formativos en centros de trabajo de hasta diez empleados

La reforma laboral que pactaron el Gobierno, CEOE, Cepyme, UGT y CC OO en 2021 introdujo cambios de calado en el contrato formativo: redujo la tipología del mismo de tres a dos y los limitaba a personas de hasta 30 años, entre otras modificaciones. Todo ello quedó reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, pero hubo algunos detalles que quedaron abiertos y que se dejaron al albur de un futuro desarrollo reglamentario. Cuatro años después, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará esos cambios mediante un real decreto.

Entre las principales novedades destaca el límite en el número máximo de contratos formativos que se pueden suscribir en un centro de trabajo en función de su tamaño. En las compañías de hasta diez empleados el tope será de tres contratos de este tipo (es decir, que la plantilla como mucho podrá tener 13 personas contando con los tres contratos formativos) y en ninguna empresa, del tamaño que sea, se podrá superar la treintena.

“Mañana vamos a aprobar en el Consejo de Ministros otra de las disposiciones a las que nos mandataba la reforma laboral, que es justamente el desarrollo reglamentario del artículo 11 de los contratos formativos, previsto en el Estatuto de los Trabajadores”, ha dicho este lunes Díaz en un acto en Madrid. “Con este nuevo real decreto vamos a garantizar contratos formativos que dispongan efectivamente de derechos laborales plenos, con relación a la retribución, al salario mínimo y a la jornada laboral”, ha añadido. Al tratarse de un desarrollo reglamentario, el mismo no exige convalidación parlamentaria, así que no se enfrenta a un posible fracaso como el que descarriló la reducción de jornada.

Según establece el texto que pasó por audiencia e información pública en 2023, los centros de trabajo de hasta diez personas podrán contar con tres contratos formativos. La referencia en el texto a “centro de trabajo” y no a “empresa” busca que este límite no quede diluido en compañías con varias plantillas diseminadas.

En los centros de trabajo de 11 a 31 empleados (siempre sin incluir en el cálculo los trabajadores en formación), el límite queda en siete contratos formativos; de 31 a 50 trabajadores, en una decena de contratos; y con más de medio centenar de trabajadores, en un 20% del total de la plantilla con un máximo de 30 contratos. A la vez, el texto precisa que las personas con discapacidad contratadas mediante contratos formativos “no serán computadas a efectos del número máximo”.

“Cada persona con un contrato a tiempo parcial o de duración determinada computará como una persona trabajadora más”, dice el decreto que plantea Trabajo, que a la vez precisa que estos límites podrán ser modificados o sustituidos por porcentajes mediante convenios colectivos sectoriales. Estos topes máximos son una novedad que no contempla el decreto en vigor que regula los contratos formativos, una norma que data de 1998.

Diferencia entre contrato formativo y prácticas

Díaz se ha esforzado en diferenciar estos contratos formativos de las prácticas en empresas que realizan los becarios. “El Supremo ha resuelto hace tiempo lo que es una formación no profesional en la empresas, los antiguos becarios, y lo que son los contratos formativos. Erre que erre ha dicho que las prácticas no profesionales no pueden sustituir empleos”, ha destacado la vicepresidenta segunda, antes de precisar que los contratos formativos sí vinculan a personas que forman parte de las plantillas a todos los efectos, pero que están aprendiendo.

La ministra de Trabajo ha destacado que el contrato formativo “apenas se usa en España” y ha justificado este fenómeno en el “fraude de los falsos becarios”. La tesis de Díaz es que las empresas explotan con tanta frecuencia a los estudiantes en prácticas que no necesitan recurrir al contrato formativo. “Estamos avanzando justamente en ese estatuto de prácticas no profesionales [recién aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros] para acabar con un fraude importante en los falsos becarios. Es lo que explica que en España apenas se utilice el contrato formativo”, ha criticado Díaz, antes de insistir en que el 22% de los becarios del país tiene más de 30 años. “Para que vean ustedes si hay fraude o no”, ha agregado.

La precariedad en las prácticas es un fenómeno vigilado por Inspección, que sin el estatuto en vigor aún no se traduce en un gran volumen de sanciones. Según datos provistos por el ministerio, el organismo inspector desarrolló 802 actuaciones al respecto en 2024, que condujeron a la conversión en asalariados de 220 personas. Eran “falsos becarios”, personas que en realidad desarrollaban las tareas de un miembro de la plantilla de la que formaban parte. Esas conversiones han ido acompañadas de 325.000 euros en sanciones a los empleadores, que también han abonado 737.900 euros en cotizaciones adeudadas.

Qué más regulará el reglamento

El reglamento que aprobará el Consejo de Ministros este martes define con más detalle el objeto de los contratos formativos, que se subdividen en dos tipologías: la de formación en alternancia, cuando se complementa con estudios teóricos; y para la obtención de práctica profesional.

El reglamento detalla diferencias entre ambos. Por ejemplo, el primero no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de dos años, mientras que el segundo no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Asimismo, en el primero no se puede establecer periodo de prueba, pero en el segundo sí (no podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo). Díaz ha apostado por una “cercanía” entre el desarrollo de la formación y el tejido productivo del territorio, para lograr una “mayor acierto” en la empleabilidad.

La vicepresidenta segunda ha hecho este anuncio este lunes en Madrid, en un acto por el 40 aniversario de las Escuelas Taller. “En estos 40 años de práctica profesional de las Escuelas Taller hemos desarrollado más de 30.000 proyectos de formación en alternancia con el empleo y han beneficiado a más de un 1,2 millones de personas. Las cifras se dicen y son frías, pero son muy importantes”, ha reivindicado Díaz.