El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la ley para compensar los gastos de los becarios no remunerados

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha iniciado su intervención tras el Consejo de Ministros de este martes leyendo varias ofertas de prácticas no laborales que ha recopilado su ministerio para ilustrar la necesidad de regular la situación de los becarios: “Ambiente joven, dinámico y con alma, esto es trabajar más de 12 horas”; “café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración, esto es que no pagan”; “salario no disponible, otros que tampoco pagan”. Con el fin de aliviar esos niveles de precariedad en las prácticas, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera ronda el anteproyecto de ley del estatuto del becario, la norma con la que el Ministerio de Trabajo espera evitar este tipo de situaciones. La norma necesita un aval parlamentario que se antoja dificilísimo.

El estatuto propone acotar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También plantea castigos que penalicen los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas o la alimentación. Esta compensación no se aplica a los becarios remunerados y, además, la normativa no obliga a pagar al becario.

“Estas personas no son una anécdota. Hay 1,65 millones de personas en prácticas no profesionales, el 56% mujeres. Y el 22% son mayores de 30 años”, ha contabilizado Díaz, antes de lanzar un aviso a empleadores públicos y privados: “Todo lo que se aleje del plan de formación y se asemeje a lo que hacen los trabajadores se convierte en una relación laboral ordinaria. Y se acabó que dediquen su tiempo a llevar cafés o hacer fotocopias. Esto ya no es el siglo XX, eso no se puede hacer”.

El anteproyecto que se pactó con los sindicatos también establece que las prácticas solo se podrán realizar al amparo de “un acuerdo o convenio de cooperación con el correspondiente centro formativo autorizado” y que las tareas “deben ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación”. En la misma línea, reconoce el derecho de los estudiantes a descansos, festivos y vacaciones, a la compatibilidad de las prácticas con el resto de la actividad formativa, a los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras (como el comedor o el aparcamiento), a una “adecuada tutorización en el desarrollo de su actividad formativa”, una “protección adecuada” de su salud y también “frente a la violencia y acoso”.

Al tratarse de un anteproyecto de ley, necesita el concurso del poder legislativo para entrar en aplicación. En 2023, cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, ya parecía complicado que saliera adelante en el Congreso por las dudas que expresaron varios socios del Gobierno, como PNV, ERC y Bildu. A ello se suma el último portazo de Junts, que ya rechazó en septiembre la norma estrella de la legislatura, la prometida reducción de jornada laboral a 37 horas y media.

Esta normativa llega al Consejo de Ministros casi dos años y medio después del acuerdo con CC OO y UGT, rechazado por CEOE y Cepyme. El mismo día de la presentación, en junio de 2023, La Moncloa dijo que el texto acordado con las centrales estaba “verde” y el Ministerio de Economía indicó que le faltaba “trabajo técnico”. Preguntada al respecto, Díaz ha esquivado responder a esas diferencias de opinión. El ministerio reconoce algunas modificaciones que aún no han trascendido, pero asegura que son de carácter muy técnico y que no modifican ningún punto sustancial. Esos cambios quedarán al descubierto este miércoles, con la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sindicatos piden apoyo al Congreso

Tras una serie de informe preceptivos, el estatuto volverá al Consejo de Ministros para una segunda lectura y ser enviado después al Congreso de los Diputados. En un comunicado, CC OO indica que se centrará en convencer a los grupos parlamentarios de la conveniencia de aprobar esta norma. “Necesitamos atajar de una vez el problema de la precariedad juvenil. Necesitamos una legislación a la altura de la juventud trabajadora, y el texto negociado tiene un alto valor para la juventud trabajadora”, dice el sindicato de Unai Sordo.

El de Pepe Álvarez, UGT, lanza un “llamamiento” a todos los grupos parlamentarios “para que mantengan el consenso social alcanzado”. “Es fundamental que la tramitación parlamentaria continúe con celeridad y sin vetos que desvirtúen el acuerdo. El Congreso debe garantizar la aprobación final de una norma que supone un compromiso con la juventud estudiante de nuestro país”, añade el sindicato en un comunicado.

Además del rechazo de las patronales, el estatuto tampoco tiene el aval de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Aunque ve positivas algunas de las medidas incluidas en la norma, expresa “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades que acogen a los estudiantes no abonen los gastos y que estos acaben repercutiendo en las maltrechas cuentas universitarias.

A ese temor, Díaz ha contestado que está “convencida” de que CRUE también quiere que los becarios tengan una formación “de calidad y sin precariedad”. “Lo que tienen que hacer es sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas, podían empezar por Madrid, y exigir una financiación adecuada para el sistema universitario público”, ha comentado la responsable de Trabajo. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas denuncia que el texto no se haya pactado con ellos y pide al ministerio que abra una nueva negociación.