Las claves del estatuto del becario: ¿qué cambiaría en las prácticas? ¿a qué se arriesgan las entidades que no cumplan?

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado en primera lectura el estatuto del becario, una norma que llevaba casi dos años y medio en el cajón del Gobierno. En junio de 2023 fue presentado el acuerdo con los sindicatos, rechazado por la patronal, los rectores y entonces incluso por la parte socialista del Gobierno. Según viene subrayando el Ministerio de Trabajo, el texto aprobado hoy respeta lo sustancial del pacto con las centrales. Estas son las principales claves de esta nueva normativa, con muy pocas opciones de ser validada en el Congreso.

¿Qué es el estatuto del becario?

De momento es un anteproyecto de ley que busca enmendar la precariedad que sufren muchos estudiantes en prácticas. Los dos cambios más transformadores que plantea son: reducir a la mitad el máximo de prácticas extracurriculares, a 480 horas, de manera que esos periodos ajenos a los créditos formativos no se alarguen más de la cuenta; y compensar los gastos de los estudiantes que no perciban una nómina. La empresa o entidad pública que acoja al becario tendrá que abonarle los gastos de desplazamiento o manutención.

¿Qué otras medidas contempla?

El estatuto nace con la vocación de ordenar la relación de los becarios y las entidades que los acogen, partiendo de la premisa de que la vinculación no es laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad y el currículo al que está asociada la práctica”, indica el texto.

También establece que las prácticas solo se podrán realizar al amparo de “un acuerdo o convenio de cooperación con el correspondiente centro formativo autorizado” y que las tareas “deben ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación”. Asimismo, reconoce el derecho de los estudiantes a descansos, festivos y vacaciones, a la compatibilidad de las prácticas con el resto de la actividad formativa, a los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras (como el comedor o el aparcamiento), a una “adecuada tutorización en el desarrollo de su actividad formativa”, una “protección adecuada” de su salud y también “frente a la violencia y acoso”.

¿A qué se arriesgan las entidades que no cumplan?

El estatuto contempla que las instituciones públicas y privadas puedan ser multadas si infringen esta norma. En su grado máximo, el castigo puede escalar hasta los a 225.018 euros.

¿Cuándo se votará en el Congreso?

Tras esta primera lectura del Consejo de Ministros volverá previsiblemente a la reunión del gabinete en unos meses, tras recibir los informes preceptivos. Trabajo no especifica cuándo podría llegar esa segunda aprobación. Con ella, el texto se enviaría al Congreso de los Diputados. Allí, como proyecto de ley, primero se enfrentaría a un proceso de enmiendas. La última norma que Trabajo llevó al Parlamento (la reducción de jornada) ni siquiera superó ese trámite, dado el apoyo de Vox y PP a la enmienda a la totalidad que presentó Junts.

¿Tiene opciones de prosperar en el Congreso?

Muy pocas, dada la ruptura del pacto de investidura de Junts con los socialistas. Antes de ese gesto político, los de Carles Puigdemont ya rechazaron la reducción de jornada pese a su gran aval demoscópico. A ello se suman las dudas expresadas por varios socios del Ejecutivo cuando se presentó el acuerdo con los sindicatos, en junio de 2023.

¿Por qué ha tardado tanto en llegar al Consejo de Ministros?

Por la falta de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la parte socialista del Gobierno. La Moncloa dijo en 2023 que el texto acordado con las centrales estaba “verde” y el Ministerio de Economía indicó que le faltaba “trabajo técnico”. El departamento de Yolanda Díaz reconoce algunas modificaciones que aún no han trascendido, pero asegura que son de carácter muy técnico, que no modifican ningún punto sustancial. Antes del verano, el ministerio ya indicaba que el texto había sido “pacificado”.

¿Qué apoya el texto y quién lo rechaza?

Los sindicatos CC OO y UGT respaldan el anteproyecto, pero no las patronales CEOE y Cepyme. Tampoco tiene el visto bueno de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE): aunque considera positivas muchas de las medidas incluidas en la norma, expresa “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades que acogen a los estudiantes no abonen gastos y que los mismas acaben repercutiendo en las maltrechas cuentas universitarias. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas denuncia que el texto no se haya pactado con ellos y pide al ministerio que abra una nueva negociación.