La Seguridad Social activa el comité que estudiará en qué sectores con muchas bajas y siniestralidad se anticipará la jubilación

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves la creación del comité de expertos que analizará en qué ocupaciones penosas se anticipará la jubilación. Así, el Ministerio de Seguridad Social da cumplimiento a un compromiso que debería haber satisfecho como tarde el 29 de septiembre, cuatro meses después de la entrada en vigor del decreto que regula la nueva vía para adelantar el retiro en esas profesiones.

La opción de anticipar el retiro en los oficios más demandantes físicamente o peligrosos no es nueva. Se articula mediante coeficientes reductores, por los cuales un periodo de trabajo en esas actividades cuenta como un tramo más largo, de manera que se accede antes a la jubilación. Ya hay profesionales que disfrutan de esta vía, como los mineros, los marineros y algunos cuerpos policiales.

El Ejecutivo pactó el año pasado con los sindicatos y las patronales extender esta posibilidad a más sectores mediante un proceso lo más objetivo posible. Ese nuevo procedimiento consiste en que los agentes sociales reclaman los coeficientes para unas ocupaciones concretas, en las que haya más bajas, más largas y con más siniestralidad. La comisión de evaluación compuesta este jueves analiza las solicitudes, hace una recomendación y la decisión final compete a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Los sindicatos criticaron la tardanza del ministerio en la puesta en marcha de esta comisión, incluso a través de sus voces sectoriales. “Queremos alertar de que la tramitación de la solicitud por parte de la Seguridad Social no comienza hasta que no se cree la Comisión de evaluación y que el plazo marcado ya se ha incumplido”, protestaba CC OO en el comunicado en que anunciaba un pacto con UGT y la patronal Confebus para pedir los coeficientes para los conductores de autobús. La otra gran petición de coeficientes reductores que tendrá que abordar la comisión es la de la construcción, en este caso sin respaldo patronal, solo con apoyo de los sindicatos.

La Seguridad Social viene subrayando que el retraso no implica una dilación en el periodo máximo de respuesta que se determinó para las solicitudes: según indica el decreto, son seis meses desde la fecha en la que el requerimiento haya tenido entrada en el registro electrónico.

Siete votos de la Administración, cuatro de los agentes sociales

El texto publicado en el BOE especifica que en la comisión de evaluación participarán representantes de varios organismos del Gobierno: de la Subdirección General de Seguimiento Estadístico de la Seguridad Social, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Dirección del Instituto Social de la Marina (cuando en el orden del día se incluyan asuntos del régimen especial del mar), del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Función Pública (cuando en el orden del día se hable de funcionarios) y del Ministerio de Hacienda.

También participarán dos representantes de las patronales (uno de CEOE y otro de Cepyme) y dos de los sindicatos (uno de CC OO y otro de UGT). La presidencia recaerá en un representante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En total, el Gobierno tendrá siete votos, frente a los cuatro de los agentes sociales. Esta comisión de evaluación emitirá una recomendación, pero no toma la decisión final. La misma corresponde al propio Ministerio de Seguridad Social. La comisión tendrá un mes para emitir su recomendación a computar desde el día en el que haya recibido los informes de morbilidad y mortalidad de distintos organismos competentes, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.