La Seguridad Social retrasa el comité que estudiará en qué sectores se anticipará la jubilación

El Ministerio de Seguridad Social llega tarde a un plazo prometido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El departamento de Elma Saiz debía haber puesto ya en marcha una comisión que analizase las solicitudes para anticipar la jubilación en las profesiones con más bajas y siniestralidad, pero aún no lo ha hecho. El último día para cumplir en el plazo prometido era el 28 de septiembre, cuatro meses después de la publicación del real decreto. El Ejecutivo explica que la activación de la comisión es “inminente” y que esto no retrasa ningún proceso, lo que no evita la crítica de los sindicatos. También llega tarde a otro compromiso contenido en el decreto: la creación de un grupo de trabajo para estudiar la dimensión de género en este debate. Todo ello se suma al hecho de que el ministerio estimó que la herramienta echaría a andar en febrero, pero no llegó al BOE hasta finales de mayo, tres meses después.

La posibilidad de adelantar el retiro en los oficios más demandantes físicamente o peligrosos no es nueva. Se articula mediante coeficientes reductores, por los cuales un año de trabajo en esas actividades cuenta como un periodo más largo, de manera que se accede antes a la jubilación. Ya hay colectivos que disfrutan de esta vía, como los mineros, los marineros y algunos cuerpos policiales.

El Gobierno acordó con los sindicatos y las patronales extender esta posibilidad a más sectores mediante un proceso lo más objetivo posible. Ese nuevo camino consiste en que los agentes sociales, juntos o por separado, reclaman los coeficientes para unas ocupaciones concretas, en las que haya más bajas, más largas y con más siniestralidad. Una comisión de evaluación analiza las solicitudes, hace una recomendación y la decisión final compete a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

“Hemos preguntado y, como siempre, no se sabe o no contestan”, protesta la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez. “La comisión ya debería estar constituida”, agrega el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo. Estévez, cuyo sindicato ha denunciado este retraso en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, muestra también enfado por otra dilación: “Hay una comisión de trabajo pendiente que va a hacer un estudio sobre penosidad y género. Recordemos que el 84% de los beneficiarios de coeficientes son hombres y que eso iba a analizarse en una comisión específica. No se ha constituido”, protesta. Ese equipo se debería haber compuesto como tarde el 17 de septiembre.

La Seguridad Social, que reconoce ambos retrasos, subraya que ello no implica una dilación en el periodo máximo de respuesta que se determinó para las solicitudes: según indica el decreto, son seis meses desde la fecha en la que el requerimiento haya tenido entrada en el registro electrónico. Así, el principal sector cuya solicitud ha trascendido, la construcción, debería obtener una respuesta de la Seguridad Social como tarde en enero o febrero. Para esa petición en particular el comité trabajará con un plazo más ajustado que para las solicitudes que se registren una vez se haya constituido el equipo.

Bravo subraya que, según el decreto, si los solicitantes no reciben una respuesta en seis meses se entenderá desestimada la petición. Y que, ante una desestimación, ese colectivo no podrá volver a pedir los coeficientes en cuatro años. Dada esa posibilidad, el sindicalista destaca la importancia de que el comité de expertos eche a andar cuanto antes y que esta salvaguarda no debería perjudicar a las peticiones ya registradas.

El especialista de CC OO, como la Seguridad Social, destaca que el retraso en la composición de la comisión no impide que se registren peticiones, pero advierte de otra línea de trabajo que no le consta que esté en marcha: subraya que cada petición requiere una serie de informes que debe elaborar la Administración, sin los cuales la futura Comisión no puede evaluar.

Estévez y Bravo explican que protestaron por la propuesta de comité que les hizo llegar el ministerio en junio. Según aquel planteamiento, se componía de 10 miembros, de los que ocho serían de la Administración y dos de los agentes sociales. Así, uno sería para los sindicatos y otro para las patronales, de manera que CC OO y UGT se turnarían uno de los asientos y CEOE y Cepyme, el otro. Los sindicatos presentaron alegaciones a ese planteamiento y están a la espera de respuestas.

Cuentas ajustadas

El ministerio viene esforzándose en rebajar las expectativas en torno a esta herramienta: está dirigida a situaciones muy concretas, no a sectores al completo, y siempre y cuando no sea posible modificar las condiciones de trabajo en esas ocupaciones. Es decir, solo se aprobarán los coeficientes si la penosidad de la actividad no se puede compensar con medidas de adaptación del puesto de trabajo.

La cautela del ministerio se da en el contexto de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). De ahí que el reglamento establezca que el impacto de los coeficientes debe ser neutro, es decir, que se dé una sobrecotización suficiente como para compensar el alza del coste que supone que estas personas se jubilen antes. Es un aumento de los costes laborales que incomoda a varias patronales, como la de la construcción, que no ha acompañado a CC OO y UGT en la petición registrada en julio. Con todo, CEOE y Cepyme refrendaron esta normativa.

Esta herramienta entró en vigor en junio, cuatro meses después del cálculo que verbalizó la ministra en el Congreso de los diputados. En noviembre de 2024 calculó que esta vía estaría disponible en febrero de 2025, pero tardó tres meses más.

Este periódico ha invitado a CEOE, como firmante del acuerdo, a opinar sobre este retraso, pero no ha recibido respuesta.