La Agencia Tributaria recauda más que nunca en la lucha contra el fraude: 18.928 millones en 2024

La maquinaria de prevención y lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria volvió a pisar el acelerador en 2024. Tras casi dos millones de actuaciones de control, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda logró ingresar un total de 18.928 millones de euros en las arcas públicas a través de estas actuaciones, según datos difundidos este jueves por el organismo. Del total, 10.318 millones procedieron de ingresos directos de actuaciones inspectoras; 7.554 millones, de minoraciones de devoluciones indebidas; y 1.056 millones llegaron por declaraciones extemporáneas presentadas tras la apertura de expedientes. La cifra total supone un 13% más que en 2023 y es la más elevada de la serie histórica. Confirma la tendencia ascendente de los últimos años, aunque con un detalle llamativo: buena parte del incremento proviene de la corrección de deducciones, bases negativas y cuotas compensadas que realmente no procedían. Solo esta vía permitió recuperar 5.305 millones, un 58% más que el ejercicio anterior.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes, la unidad que vigila de cerca a multinacionales, bancos, eléctricas y grandes grupos, fue la responsable de dos tercios de estas correcciones. No es un área menor: su tarea consiste en asegurar que los gigantes empresariales no juegan con ingeniería fiscal excesiva ni exprimen la normativa para reducir en exceso sus impuestos futuros.

A la vez, el foco sobre los grandes patrimonios se intensificó. La Agencia realizó 1.264 comprobaciones a fortunas individuales y liquidó 524 millones en deuda. Paralelamente, la unidad creada para cazar a los conocidos como falsos no residentes ―aquellos que simulan vivir fuera de España para pagar menos impuestos― facilitó la recuperación de 51 millones, un 84% más que en 2023. El sistema cruza información financiera y patrimonial y, en la práctica, permite destapar a contribuyentes que en realidad sí tienen su residencia fiscal en España.

Tampoco se quedó atrás el frente internacional. En 2024 se cerraron 48 acuerdos previos de valoración con multinacionales, que aseguran bases imponibles futuras por valor de 3.797 millones. Además, la inspección regularizó 2.712 millones en beneficios de grandes empresas por operaciones transfronterizas que no se ajustaban a los precios de mercado.

La información recibida del exterior ha sido clave. Gracias a los intercambios automáticos con la UE, la OCDE y Estados Unidos, Hacienda liquidó 315 millones a 727 contribuyentes con cuentas en el extranjero, un 25,5% más que el año previo. Desde 2017, cuando comenzó a llegar esta información, la cifra acumulada supera ya los 1.500 millones.

La economía sumergida sigue siendo terreno fértil para el fraude. En 2024 se descubrieron 1.986 casos de ventas ocultas, un 15,7% más que en 2023, con 431 millones regularizados. A ello se suman las más de 31.500 visitas presenciales a negocios considerados como de riesgo fiscal.

Entre las actuaciones destacadas se incluyen ámbitos especialmente sensibles como el control de los alquileres no declarados, el rastreo de operaciones con monedas virtuales o el uso de tarjetas offshore emitidas desde paraísos fiscales para pagar gastos en España. Estos son tres frentes en los que Hacienda lleva años afinando el tiro, apoyándose en intercambios de datos internacionales y en la información que facilitan bancos y plataformas.

La tecnología también jugó un papel decisivo, según destaca la propia Agencia Tributaria. Las Unidades de Auditoría Informática participaron en más de 1.600 inspecciones, con volcados de sistemas de facturación que facilitaron la detección de software de doble uso y rentas ocultas. Gracias a estas actuaciones se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 140 millones a 1.488 contribuyentes, un 20,7% más que el año anterior. El efecto disuasorio de la actividad inspectora también se dejó sentir: más de 144.000 contribuyentes corrigieron sus declaraciones posteriores tras una primera comprobación, lo que supuso un incremento de 457 millones en la recaudación sin necesidad de abrir nuevos expedientes.