Hacienda incluye la defensa y los efectos de la guerra arancelaria entre las prioridades de los Presupuestos de 2026

El Gobierno ha dado este miércoles el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que fija las directrices para los distintos ministerios y muestra las prioridades del Ejecutivo. A partir de ahora, los departamentos deberán remitir a Hacienda sus propuestas de gasto e ingresos, las cuales servirán de base para el proyecto de cuentas públicas del próximo ejercicio. Los ministerios y el resto de organismos interesados tendrán poco más de una semana, hasta el 12 de septiembre, para enviar sus peticiones y propuestas presupuestarias.

Tras dos años sin presentar proyecto ―las cuentas vigentes son las de 2023, prorrogadas―, el Gobierno pone en foco en una serie de partidas como la defensa o el apoyo a los sectores golpeados por la incertidumbre derivada de la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos a nivel global. Estas áreas no se mencionaban en la orden publicada en 2024 ―que finalmente cayó en saco roto―, y Hacienda avanza que se priorizarán a la hora de asignar los recursos disponibles. En el documento publicado en el BOE también gana protagonismo la vivienda, con una referencia más extensa a la de 2024.

En el gasto militar, Hacienda recalca la idea de “modernizar las capacidades en defensa” y hacer crecer el tejido industrial y el empleo en el sector de la seguridad, siempre con el objetivo de llevar el gasto hasta el 2% del PIB. En cuanto al comercio, el ministerio asegura que tomará medidas para apoyar la actividad exportadora de las empresas afectadas por el nuevo contexto arancelario mundial, especialmente en aquellos sectores más expuestos. Y en la vivienda, el objetivo es aumentar tanto la oferta a precios asequibles como el parque público y evitar que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler.

A estas prioridades se suman otros ámbitos de actuación: la culminación del uso de los fondos europeos; la protección y mejora de los servicios públicos esenciales para consolidar el Estado del bienestar; el impulso a la innovación y la digitalización, la reindustrialización y el apoyo a la I+D+i; la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica; y la cohesión territorial, la igualdad de género y la atención a infancia y juventud.

La publicación de la orden ministerial en el BOE marca el arranque formal del ciclo presupuestario, pero aún deja varios hitos clave pendientes. El calendario previsto por la normativa es exigente y el Gobierno ha incumplido ya algunos plazos, por lo que el retraso es evidente.

En la primera mitad del año deberían haberse aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública, paso previo para poder fijar el límite de gasto no financiero —el conocido comúnmente como techo de gasto—, que determina el margen total de las cuentas. También es necesaria la publicación del cuadro macroeconómico, el documento que recoge las previsiones de crecimiento y que da soporte técnico a la elaboración de las cuentas.

Todos estos trámites, que en la teoría se concentran en primavera y principios del verano, siguen hoy sin resolverse. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la senda de estabilidad llegará al Congreso en breve.

La Constitución establece que el proyecto de Presupuestos debe presentarse en el Congreso al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio, es decir, antes del 1 de octubre. El objetivo es dar margen para que las cuentas puedan tramitarse en las Cortes y entrar en vigor el 1 de enero. En la práctica, los gobiernos rara vez cumplen al milímetro con estas fechas y a menudo ajustan el calendario según la coyuntura política, como es el caso actual. Aun así, el retraso acumulado complica las opciones de que el Ejecutivo llegue a tiempo este año. De ser así, España se enfrentaría a la tercera prórroga de las cuentas de 2023 ―el Gobierno renunció a presentar proyecto tanto en 2024 como en 2025―.

A todo ello se le suma la dificultad del Ejecutivo para articular una mayoría parlamentaria suficiente que permita convalidar las nuevas cuentas en el Congreso. Las diferencias entre los dos socios de coalición y la necesidad de amarrar los apoyos externos necesarios hacen de la negociación presupuestaria un terreno incierto, lo que añade un componente político a los ya complejos retos económicos y de calendario.

El Ejecutivo ya venía avanzando desde hace varias semanas ―pasado el ecuador del ejercicio― que renunciaba a presentar unas cuentas en 2025 y que pondría el foco en 2026. Sin embargo, la liturgia presupuestaria se ha precipitado en los últimos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a ello en una entrevista en RTVE este lunes. Aun así, consciente del pantanoso camino que tiene por delante, Sánchez puso la venda antes de la herida y rechazó convocar elecciones en el caso de que la propuesta no reciba el aval del Congreso.

La vicepresidenta Montero también sugirió esta posibilidad tras el Consejo de Ministros: “El Gobierno presentará los Presupuestos y verá después lo que los grupos políticos hacen en la votación de enmiendas a la totalidad”, explicó. “Vamos a presentar [el proyecto de cuentas] con o sin apoyos, pero esto es solo un instrumento, es mucho más importante todo aquello que está promoviendo este Gobierno con unas cuentas prorrogadas”, dijo, deslizando la idea de extender de nuevo los presupuestos de 2023 si los nuevos no obtienen luz verde.