Rentas bajas y tributación: clarificando el escenario

La subida del salario mínimo profesional (SMI) ha abierto un interesante y necesario debate sobre la tributación de las personas de rentas bajas. Creo que debemos aprovechar la ocasión para resolver tres asuntos.

El primero es la necesidad de generalizar la presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aunque no toque pagar. En línea con lo que se plantea en el libro blanco de la reforma tributaria, sería un gran avance contar con una radiografía completa de la situación económica de todos los hogares españoles. Esa es la manera de poder aplicar con precisión quirúrgica políticas redistributivas; saber dónde debemos centrar los esfuerzos y quien debe recibir las ayudas ante la próxima crisis que se presente, algo que no pudimos hacer bien ni en la pandemia ni en la crisis inflacionaria; ahorrarnos burocracia y un papeleo que acaba haciendo que parte de quienes más lo necesitan se queden sin apoyo. Las posibilidades tecnológicas actuales nos permiten este cambio de enfoque.

El segundo tiene que ver con el umbral para tributar en el IRPF. En este punto, varias ideas. El IRPF no es el único impuesto que pagamos. Las personas de rentas bajas pueden estar exentas de tributar por renta, pero pagan IVA e impuestos especiales sobre carburantes, alcohol o tabaco, tributan anualmente a sus ayuntamientos por su coche o su casa... Determinar cuál es la carga fiscal justa y razonable exige un análisis de la carga fiscal global. Y podría ser que un individuo que gane SMI ya esté contribuyendo lo que consideraríamos justo.

La segunda idea es que el gobierno central ha optado por impulsar una subida extraordinaria del salario mínimo en los últimos seis años, apostando además por que la subida bruta lo fuese también neta, mediante un aumento sucesivo de las reducciones por obtención de rendimientos de trabajo. Esto ha alterado sustancialmente los parámetros del debate: en 2018 los trabajadores de menores salarios tenían una capacidad económica muy inferior a la que tienen hoy. Y no podemos olvidar que los trabajadores autónomos empiezan a tributar en el IRPF a partir de un umbral de renta más bajo que los asalariados. Sin duda, toca reflexionar colectivamente sobre estas cuestiones, pertrechados con buenos análisis de incidencia impositiva.

El tercero es un vector técnico de cierta complejidad para el no experto y que genera unos resultados sorprendentes y negativos. En esencia, la fórmula con la que se ha ido ajustando el impuesto a las subidas el SMI es muy eficaz, pero hace que los trabajadores que se sitúan justo por encima del SMI se enfrenten a tipos marginales similares a quienes ganan 100.000 euros al año y muy superiores al que paga un trabajador que gane 25.000 euros al año. Por ejemplo, pasar de 17.000 a 18.000 euros de salario bruto, se traduce apenas en 500 euros de salario neto adicional, una vez se tiene en cuenta también el incremento de la cuota que el trabajador debe pagar a la seguridad social. Esto es un incentivo claro a la economía sumergida. Urge corregirlo, como se advertía también en el libro blanco de la reforma tributaria.

Llevamos décadas sin una reforma tributaria a fondo, con parches por doquier. Es inevitable que acaben apareciendo problemas. Quizá ahora haga falta remendar otra vez con urgencia. Pero ello no debería ser excusa para sentarse ya y afrontar el trasfondo de esos problemas.