Los seis motivos de los expertos de Hacienda para extender la obligación de declarar a las rentas bajas

Los impuestos suelen ser fuente disputa en el terreno político —y fuera de él— y la olla exprés ha estallado públicamente en el seno del Gobierno. Lo ha hecho a cuenta de la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año, un incremento que obligará a parte de estos contribuyentes a tributar en el IRPF por primera vez. El PSOE defiende que así sea; Sumar exige adaptar el impuesto para que estas rentas continúen exentas. A la espera de conocer el final del culebrón, hay cosas que no cambiarán para los perceptores del SMI: aunque empiecen a tributar, seguirán liberados de presentar la declaración del IRPF. La ley exime de esta obligación a las rentas más bajas, aunque hay voces que proponen extender la presentación de la declaración a todos los contribuyentes. Entre ellas está el comité de expertos que Hacienda reunió durante la pandemia para diseñar una reforma del sistema fiscal, entre otras cosas porque así se podría tener más información sobre los contribuyentes y mejorar la articulación de algunas prestaciones sociales.

Una cosa es tributar por el IRPF, y otra distinta es presentar la declaración. No solo no deben confeccionar la declaración, sino que los contribuyentes que perciben menos de 15.876 euros al año están exentos de retenciones, una cifra correspondiente al salario mínimo vigente hasta 2024, y sobre la cual se ha abierto una fractura entre los aliados del Gobierno de coalición. El Ministerio de Hacienda quiere mantener ese límite, mientras que Sumar, respaldado por las formaciones de izquierdas —a las que podría sumarse el PP—, pide subirlo hasta los 16.576 euros, el nuevo SMI que entra en vigor este año, para que no tribute.

Distinto es el umbral a partir del cual nace la obligación de presentar la declaración durante la campaña de la renta, que este año empieza el 2 de abril. Los trabajadores que ganaron en 2024 menos de 22.000 y tienen un solo pagador no están obligados a hacerla, aunque se les apliquen retenciones a lo largo del año. En el caso de confeccionarla, la Administración calcula si han pagado más o menos de lo que les correspondía de acuerdo con las posibles deducciones a las que tienen derecho y los tipos autonómicos —la mitad del IRPF está en manos de las comunidades, que pueden establecer cuotas distintas a la estatal—.

Sobre este punto, el grupo de expertos de Hacienda se preguntó sobre la conveniencia de ampliar “la obligación formal de declarar en el IRPF”. “Hay algunos argumentos a favor de la extensión de la declaración de IRPF a más personas”, añade el Libro Blanco que presentó a modo de conclusión de su trabajo en marzo de 2022, que menciona seis razones para respaldar esta propuesta.

En primer lugar, el comité recuerda que el artículo 31.1 de la Constitución consagra el principio de generalidad, por el cual todos los ciudadanos deben declarar en función de su capacidad económica. Agrega, además, que los costes de presentar la declaración de la renta, tanto para los contribuyentes como para la Administración son hoy en día muy reducidos gracias a la informatización de los sistemas.

En tercer lugar, el Libro Blanco hace hincapié en que la ampliación de la declaración “puede incrementar la información con relevancia tributaria a disposición de la administración”, un punto que va ligado con la cuarta razón mencionada, y es que podría corregir algunos efectos “no deseables”. En concreto, el grupo argumenta que “no parece coherente” que no esté obligado a declarar quien debería hacerlo porque ha pagado más impuestos de lo que debía por las retenciones —algo que también puso de manifiesto el Consejo para la Defensa del Contribuyente—.

Visibilización

El grupo, formado por expertos procedentes del mundo económico y jurídico, señala a continuación un argumento más abstracto relacionado con el Estado del bienestar: la obligación de declarar visibilizaría la contribución de todos los ciudadanos a la sociedad y al sostenimiento del gasto público, siendo además el IRPF el tributo por antonomasia por progresividad y potencia recaudatoria. Por último, recuerda que así sería más fácil llegar a los ciudadanos que pueden beneficiarse de algún tipo de prestación social. De hecho, ya es así para los perceptores del ingreso mínimo vital: deben presentar la declaración de la renta, aunque sus ingresos estén muy por debajo de los umbrales previstos para que se active esta obligación.

De hecho, el Libro Blanco sugiere, entre otras propuestas, transformar la reducción por rendimientos del trabajo, un beneficio fiscal para las rentas más bajas que reduce el importe sobre el cual se calcula el IRPF —y que genera distorsiones a medida que crecen los ingresos y hay que tributar—, en una deducción reembolsable en la cuota —lo mismo plantea para el mínimo por hijo menor—. Con este sistema, cuando la deducción es mayor a la deuda tributaria, la diferencia se transfiere al contribuyente como si fuese una prestación. Ya ocurre en otros países, por ejemplo EE UU, y en España funciona para algunos casos, como la deducción por maternidad. De esta forma, alegan los expertos, el sistema ganaría en progresividad y el Estado del bienestar llegaría a más ciudadanos que se quedan ahora al margen.