CSIF llama a la huelga a docentes y funcionarios del Estado el 13 de febrero por la incertidumbre con Muface

Más de medio millón de empleados públicos estatales y docentes autonómicos y universitarios están llamados a la huelga el próximo 13 de febrero. Los avances en la negociación registrados el pasado fin de semana entre el Gobierno y las aseguradoras del concierto de Muface para renovar esta licitación no han sido suficientes para disuadir al sindicato de funcionarios CSIF, que ha decidido mantener las movilizaciones anunciadas. Así, “ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario” y debido a la “la falta de un acuerdo definitivo entre el Ejecutivo y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario”, los máximos dirigentes del CSIF, reunidos este martes, han convocado por unanimidad una jornada de paro general el jueves 13 de febrero.

La convocatoria afecta a casi 600.000 funcionarios de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto el dependiente de las comunidades autónomas como el universitario); a los trabajadores de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros); y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. El sindicato policial Jupol apoya la convocatoria de este paro.

En CSIF explican que valoran el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas (que terminaba este pasado lunes). Pero, añaden que han decidido mantener las medidas de presión hasta que haya “un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre” de los 1,53 millones de mutualistas.

A esta incertidumbre que lleva al sindicato a mantener sus movilizaciones se suman los “centenares” de quejas por anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que llegan “a diario” a sus sedes y que achacan a la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras. CSIF ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.

La crisis de la gestión sanitaria de los funcionarios saltó en octubre pasado, cuando se lanzó la oferta para cubrir el convenio 2025-2027, incorporando una mejora del 17%, pero ninguna aseguradora acudió a la convocatoria. Se aprobó después una segunda licitación —con un incremento en las primas del 33,5%—, pero Adeslas y DKV mantuvieron su negativa a participar, dejando a Asisa sola ante el peligro de afrontar nuevas pérdidas. En el anterior concierto 2021-2024, ahora prorrogado, entre las tres sufrieron números rojos por cerca de 600 millones de euros. Ahora, tras las últimas negociaciones, el Ejecutivo se habría abierto a la compensación de pérdidas de estas compañías.