Los empleados públicos inician el año con el sueldo congelado y con incertidumbre por la crisis de Muface

Los empleados públicos han iniciado el año con el salario congelado y con la incertidumbre sobre su atención sanitaria por las dudas sobre el concierto de Muface. Las discrepancias entre las aseguradoras que prestan los servicios, Adeslas, Asisa y DKV, y el Gobierno están poniendo en riesgo el futuro de la mutua que gestiona la sanidad de cerca de dos millones de funcionarios y sus familias.

Las dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez para acordar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, un proyecto que debería haber entrado en vigor con el nuevo año, han retrasado la revalorización salarial de los funcionarios este año. De este modo, los empleados públicos arrancan 2025 con el salario congelado, al igual que ocurrió el año pasado. Entonces, el Ejecutivo aprobó a mediados de año la subida acordada para que el colectivo no perdiera poder adquisitivo. El año pasado, el Gobierno aprobó un primer incremento del 0,5% de las nóminas públicas al cumplirse uno de los requisitos del acuerdo de revalorización salarial, que el PIB creciera más del 2,5%. Tras la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística, el Consejo de Ministros subió el complemento. En junio, cuando el Ejecutivo tomó la decisión de renunciar a los Presupuestos de 2024, aprobó una revalorización del 2% para los empleados públicos. Aunque la subida se hizo a principios de verano, la mejora retributiva se aprobó con carácter retroactivo desde enero de ese ejercicio. El Ministerio de Hacienda ya ha prometido que también lo elevará este año más adelante cuando logre despejar el horizonte presupuestario.

Este año, además, la mesa de la función pública en la que están los representantes de los trabajadores públicos y del Ministerio de Función Pública, debería negociar una nueva senda de revalorización para los próximos años. En el anterior trienio, entre 2022 y 2024, las centrales acordaron subidas acumuladas de casi el 10% para evitar perder poder adquisitivo en plena crisis inflacionaria. Sin embargo, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, CSIF, calcula que en ese periodo los trabajadores de las Administraciones públicas han perdido un 6% de poder adquisitivo. Por eso, la organización que preside Miguel Borra ha exigido al ministro del ramo, Óscar López, negociar cuanto antes el incremento salarial, la supresión de la tasa de reposición y una nueva oferta de empleo público para 2025 entre otras reivindicaciones. La organización ya ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para presionar en el Congreso. Las organizaciones sindicales más importantes del país, CC OO y UGT, han cerrado un acuerdo recientemente con el Gobierno para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos. Y también han emplazado a Función Pública a negociar durante este mes de enero la subida salarial para los próximos años.

Además, los funcionarios están pendientes de lo que suceda con el concierto sanitario de Muface, que ha lanzado la segunda licitación después de que a la primera no se presentaran las tres aseguradoras que han prestado los servicios —Adeslas, Asisa y DKV— por las pérdidas económicas que les supone. La inquietud del colectivo de mutualistas de Muface es creciente después de que Adeslas, una de las tres aseguradoras del actual concierto en vigor, anunciara públicamente que tampoco acudirá a la nueva licitación, a pesar de haber aumentado las primas un 33,5%. Las otras dos aseguradoras, Asisa y DKV, han indicado a este periódico que siguen estudiando los pliegos para tomar una decisión al respecto, algo para lo que tienen tiempo hasta el 15 de enero. De hecho, Asisa ha admitido que analiza la posibilidad de acudir aunque fuera en solitario.

Muface ha informado a los mutualistas a través de un correo electrónico de que entre el 1 de enero y el 31 de este mes podrán solicitar el cambio a servicios públicos de salud de comunidades autónomas.

A partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde el servicio de salud autonómico a una entidad concertada o entre entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio. Al no haber un nuevo concierto, el plazo para elegir aseguradora tiene que posponerse así a un segundo momento.

El sindicato CSIF ha decidido apelar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que solucione la crisis de Muface, ante el temor a que la licitación para cubrir la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y sus familias vuelva a quedar desierta. La organización remitió una carta el pasado lunes al líder del Ejecutivo en la que le reclama su mediación para garantizar la continuidad del modelo de atención sanitaria de los empleados públicos.

Muface aclaró en ese correo que “la continuidad de las prestaciones está completamente garantizada hasta la entrada en vigor del nuevo concierto”. Las aseguradoras interesadas tienen de plazo hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas a la segunda licitación para el nuevo concierto que abarcará los años 2025-2027.