CSIF apela directamente a Sánchez para que evite el fin de Muface

El sindicato de funcionarios CSIF ha decidido apelar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome cartas en el concierto de Muface con las aseguradoras, ante el temor a que la licitación para cubrir la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y sus familias vuelva a quedar desierta. Para ello, ha remitido una carta este lunes al líder del Ejecutivo en la que la central sindical le reclama su mediación para garantizar la continuidad del modelo de atención sanitaria de los empleados públicos.

La inquietud del colectivo de mutualistas de Muface es creciente después de que Adeslas, una de las tres aseguradoras del actual concierto en vigor, anunciara públicamente que tampoco acudirá a la nueva licitación, a pesar de haber aumentado las primas un 33,5%. Las otras dos aseguradoras, Asisa y DKV, han indicado a este periódico que siguen estudiando los pliegos para tomar una decisión al respecto, algo para lo que tienen tiempo hasta el 15 de enero. De hecho, Asisa ha admitido que analiza la posibilidad de acudir aunque fuera en solitario.

Pero, ante la nueva posibilidad de que el concurso vuelva a quedarse desierto, el sindicato de funcionarios no quiere esperar hasta mediados de enero para reaccionar. Así, en la misiva remitida a la Moncloa el CSIF pide a Sánchez, “que dé las indicaciones oportunas al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para que sin más demora convoque a CSIF, en su condición de sindicato más representativo e integrante del Consejo General de Muface y nos informe personalmente de las medidas que se van a llevar a efecto para garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas y beneficiarios afectados”.

Los responsables del CSIF, que ya habían mostrado su malestar por no ser recibidos por el ministro del ramo, Oscar López, explican también al presidente del Ejecutivo cómo se han sucedido los últimos acontecimientos sin que hayan tenido ningún encuentro con los negociadores del ministerio. Después de que Función Pública recabara los informes de mercado de las aseguradoras, el pasado 20 de diciembre se convocó al Consejo General de Muface para informar sobre la nueva licitación de renovación del concierto (ya que la primera fue rechazada por las tres aseguradoras del concierto actual: Adeslas, Asisa y DKV) y posteriormente, el pasado 22 de diciembre, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Un día después, el 23 de diciembre, el sindicato asegura que conoció “por la prensa escrita” que la Airef ya había remitido al Ministerio de Hacienda el estudio sobre la eficacia y eficiencia de Muface, que sin embargo los representantes de los funcionarios aún no conocen. Posteriormente, el pasado viernes 27 de diciembre, Adeslas anunció también “en los medios de comunicación” que no concurriría al nuevo concierto.

Es más, solicitan también al presidente del Gobierno que en esa futura reunión con el Ministerio de Función Pública, los responsables gubernamentales faciliten también al sindicato “los informes remitidos (al Ejecutivo) por las entidades médicas sobre el impacto del concierto, así como el informe de la Airef”. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y fuentes conocedoras de la situación han indicado que no deben ser los negociadores gubernamentales quienes hagan públicos los informes de las aseguradoras ni tampoco los de la Airef.

Desde Función Pública han vuelto a mandar este lunes un “mensaje de tranquilidad” a los mutualistas y ha recordado que, por su parte, “ya se ha activado el mecanismo de prórroga previsto en la Ley de Contratos del Sector Público de forma que se garantiza su cobertura con las condiciones actuales hasta que el convenio actual se sustituya por el nuevo”. En concreto, el Ministerio ha activado la resolución de la Dirección General de Muface del pasado 26 de diciembre, por la que “se ordena la continuidad del servicio, por razones de inrterés general, de los servicios de aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios que opten por recibirla a través de las entidades de seguro”.

Según dicha resolución, la prórroga tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2025 y por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente. De momento, el texto precisa más adelante que “el período de continuidad se establece por un período máximo de 3 de meses o, antes, en caso de inicio de ejecución del contrato derivado del nuevo expediente de licitación”. No obstante, la ley de contratos del Estado en la que se ampara Función Púbica para mantener vivo la prestación del servicio indica que puede prorrogarse hasta el final del próximo mes de septiembre.

El importe para esta prórroga de tres meses se establece por un máximo de 343,12 millones de euros y determina las cuantías de la prima fija por persona al mes que recibirán las aseguradoras a partir del 1 de enero. Estas son las siguientes: para el colectivo de 0 a 4 años, 49,02 euros; de 5 a 14 años, 27,99 euros; de 15 a 44 años, 42,86 euros; entre los 45 y 54 años, 59,01 euros; de 55 a 64 años, 96,84 euros; de 65 a 74 años,169,47 euros; y por cada mutualista de 74 años en adelante, 260,96 euros.

Dicho todo esto, en el Ministerio vuelven a insistir en que actualmente se limitan a destacar que “el plazo de licitación está abierto, hasta mediados de enero, y hasta entonces las aseguradoras tienen plazo para presentar ofertas”.