Volver o no volver tras el ‘procés’: el dilema que los Molins resolvieron para tener una Navidad en paz

Cualquier plato roto se puede recomponer si están todas las piezas y si hay un buen pegamento. Y para la familia Molins, este pegamento siempre ha sido el cemento. La casi centenaria Cementos Molins —la compañía fue fundada en Sant Vicenç dels Horts en 1928 por Joaquim Molins Figueras junto con su padre, el patriarca Joan Molins Parera, que ya llevaba tres décadas dedicado a la fabricación de materiales de construcción— es una máquina de hacer dinero: por cada euro que ingresa, 11 céntimos se transforman en beneficio neto. Y en una empresa familiar, a la que se van sumando generaciones e intereses, un pegamento como este es imprescindible.

No obstante, un mecanismo tan bien engrasado y sus jugosos dividendos no fueron suficientes para evitar que el procés abriese una grieta familiar. El 20 de octubre de 2017, en pleno apogeo independentista y siguiendo la cascada de empresas que se fueron de Cataluña, la compañía decidió trasladar su sede social a Madrid, en busca del entorno de estabilidad que ya no ofrecía su tierra. Pero una parte de la familia no estuvo de acuerdo, y llevó a los tribunales la decisión. El juzgado dictaminó, en 2022, que el traslado se había hecho correctamente, pero la herida quedó ahí. Ahora, cuando el procés ya parece enterrado y en un entorno político más estable, la compañía ha devuelto su sede. El objetivo de esta decisión, explican fuentes cercanas, no es otro que devolver la paz a la familia y, a cambio, la parte díscola desiste de seguir dando pelea en los tribunales.

Si la salida de cientos de empresas durante el procés se vivió como un desgarro del que el empresariado catalán todavía no se ha recuperado, la vuelta de Cementos Molins se ha vivido como un brote de esperanza. En el punto álgido se fueron 4.500 compañías —entre ellas las grandes, como CaixaBank, Sabadell, Naturgy, Cellnex o Colonial— y en total, entre 2017 y 2023, se han trasladado fuera de Cataluña más de 7.700 empresas. La salida fue un torrente, pero la vuelta está siendo a cuentagotas, y dependerá de la situación particular de cada compañía. Aguas de Barcelona volvió en 2018, Red Points el año pasado, y Laboratorios Ordesa hace un mes. Si esta última lo hizo porque inauguró unas nuevas oficinas, en el caso de la cementera es para enterrar un conflicto familiar. La vuelta de Cementos Molins ha dado alas al optimismo —la patronal Foment del Treball aplaudió la decisión, y el Govern de Salvador Illa sacó pecho de dar un entorno seguro—, porque se trata de la primera cotizada que devuelve su sede, y también porque es un ejemplo de empresa muy arraigada a la vida social, económica y cultural de Cataluña.

El nombre Molins está ligado al Liceu y al Círculo de Economía, también al Opus Dei y a la banca, y el impulso de la familia ha estado detrás de proyectos tan importantes como el túnel del Cadí, varias líneas del metro de Barcelona o los parkings Saba. Entre sus miembros hay personalidades como el mediático abogado Pau Molins o el político Joaquim Molins, dos veces consejero de Jordi Pujol y portavoz de CiU en el Congreso. La empresa, fundada durante la dictadura de Primo de Rivera, expropiada durante la Guerra Civil y recuperada con el franquismo, ha crecido según crecía la economía: su cemento está en multitud de viviendas y obras públicas.

En Cementos Molins hay tres ramas familiares que concentran casi todas las acciones. Los Molins López-Rodó, a través de la patrimonial Otinix, tienen el 33,6%. Son los descendientes de Casimiro Molins Ribot, nieto del patriarca que se casó con María Dolores López Rodó, hermana del conocido ministro de Franco. Destacado miembro del Opus Dei, Casimiro tuvo seis hijos —uno de ellos Laureano, cirujano que ha operado al Rey Emérito en alguna ocasión—, y junto con su hermano Joan pilotó una etapa de gran expansión de la cementera. Los descendientes de Joan Molins Ribot, destacado miembro del empresariado catalán que fue presidente del Círculo de Economía e impulsor del Instituto de Empresa Familiar, conforman las dos otras ramas familiares. Los 11 hijos que tuvo con Glòria Amat han dado lugar a la rama Molins Amat, que mediante la sociedad Noumea tienen el 31,5% de las acciones. Pero Joan Molins enviudó y se volvió a casar, abriendo la rama Molins Gil. Estos tienen el 25,02% de las acciones, mediante la sociedad Cartera de Inversiones CM. Tienen menos peso, pero también son la rama menos poblada, así que su papel en las nuevas generaciones, cuando el centenar de miembros vea diluida su participación, puede ser importante para el futuro de la empresa.

Fue la rama Molins Amat la que se partió en dos por el procés. A ella pertenece el actual presidente, Joan Molins Amat, pero algunos de sus hermanos (Jordi, Xavier y Santiago) y sobrinos, que juntos representan solo un 17% del capital, se enfrentaron a todos por el traslado de la sede. El enfrentamiento fue duro y llegó a afectar personalmente, explican fuentes cercanas. Por eso, aunque el tribunal respaldase la decisión del Consejo (sentenció que aunque el centro de operaciones siguiese en Sant Vicenç, se podía trasladar la sede a Madrid siempre que se celebrasen ahí los consejos de administración y las juntas de accionistas), la herida siguió abierta, además de por el recurso que interpuso la parte díscola. La decisión de volver lo desactiva, y devuelve la paz a la familia a las puertas de la Navidad. Y, según las mismas fuentes, solo ha podido darse en el nuevo contexto político. Un entorno en el que el Gobierno de Salvador Illa aleja las tensiones políticas, y en el que el independentismo está por la vía pragmática —con el propio expresident Jordi Pujol manifestando estos días que Cataluña no será nunca independiente—.

Mercado de corros

La rama díscola también ha estado presente en otro conflicto. Cementos Molins tiene una particularidad, y es que cotiza en la Bolsa de Barcelona pero no en el mercado continuo, sino en el mercado de corros. Es un sistema tradicional donde las acciones se compran y se venden algunos días de la semana a viva voz, como una subasta (aunque desde hace unos años se hace electrónicamente). Antaño era un sistema muy extendido, pero ahora es muy residual, y Cementos Molins es de las pocas empresas que cotizan de esta manera.

Las acciones que tiene en el mercado son muy pocas, apenas un 6%, mientras que el resto pertenece a las tres ramas de la familia Molins y a personas concretas. El anterior consejero delegado, Julio Rodríguez —fue relevado en marzo de este año por Marcos Cela— entró en 2015 y tres años después recibió el mandato del Consejo de explorar, durante los siguientes cinco años, el salto del mercado de corros al mercado continuo. Pero para ello necesitaba identificar una gran operación (una adquisición de al menos 800 millones) que justificase una ampliación de capital y la búsqueda de inversores más allá de los corros, lo que diluiría la propiedad de la familia. Aunque Cementos Molins tiene un gran músculo financiero —en 2023 registró ventas de 1.349 millones, un beneficio de 151 millones y un saldo neto en tesorería de 17 millones—, esta gran operación no apareció, y la posibilidad de saltar al parqué de los mayores de momento no se vislumbra. La misma parte de la familia que antes impugnó el traslado de la sede siguió después insistiendo en saltar al mercado continuo. De momento, la paz es fuerte como el cemento: la decisión de volver a Cataluña se tomó con unanimidad.