La pregunta más incómoda tras el ‘procés’: “¿Cuándo volverán las empresas?”

Hay un elefante en los mentideros del empresariado catalán. Es una incómoda pregunta que apareció a finales de 2017, tan pronto como centenares de compañías empezaron a llevar sus domicilios sociales fuera de Cataluña tras el referéndum independentista del 1 de octubre: “¿Cuándo volverán?” Pese a que los partidos independentistas se han convertido en aliados del PSOE en el Congreso y que la tensión política se ha enfriado con los indultos a los líderes del procés y el avance de la amnistía, apenas han regresado algunas de aquellas 4.500 sociedades que mudaron de sede social. La Caixa, punta de lanza de aquel movimiento masivo, aseguró al regulador cuando tomó la decisión que se quedaría en Palma de Mallorca “en tanto se mantenga la actual situación en Cataluña”.

Allí sigue junto a su brazo inversor Criteria, convertido en las últimas semanas en la mayor palanca financiera española, liderando operaciones estratégicas para España en sus participadas Telefónica y Naturgy, pero también en la salida a Bolsa de la perfumera Puig. Todas esas decisiones tienen su epicentro en las torres negras de la Diagonal de Barcelona, cuartel general de La Caixa, con Isidre Fainé y Ángel Simón al frente. Simón, que estrenó hace meses cargo como consejero delegado del grupo empresarial, es uno de los pocos que respondió esa pregunta maldita que resuena como uno de los pocos ecos de 2017: un año después decidió que Agbar, sociedad que entonces presidía, retomara su sede oficial de Barcelona.

En todo caso, un portavoz de la fundación bancaria señalaba el pasado jueves que no está en agenda el regreso de La Caixa (tampoco el de Criteria). Como ella, otras muchas sociedades no dan muestras de revertir su decisión seis años después. “Es un tema que actualmente no está sobre la mesa si bien no descartamos que en un futuro pueda producirse”, señalan fuentes del operador de torres de telecomunicaciones Cellnex, los más abiertos a un cambio de los consultados por EL PAÍS. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, fue mucho más rotundo en una rueda de prensa en febrero pasado, a la que remite su equipo de comunicación. Dijo: “Recuerdo que en el primer consejo que tuvimos después de la fusión [con Bankia, en 2021] reflexionamos sobre nuestra sede social y llegamos a la conclusión de que iba a continuar siendo Valencia, y no por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino porque pensábamos que era lo mejor para nuestros depositantes y accionistas”. “Vocación de permanencia”, subrayó el directivo, que mantiene su residencia en Bilbao y atiende sus despachos en Madrid, Barcelona y en la capital valenciana, donde se celebran los consejos de administración y las juntas de accionistas, a los que la ley permite asistir ahora a través de videoconferencia.

Instituciones como Foment del Treball o la Cámara de Comercio de Barcelona señalaron que trabajarían para conseguir el regreso de esas empresas que trasladaron su sede social. Incluso estas han bajado el volumen de sus intenciones a niveles inaudibles, conscientes de que cada vez que mencionan el tema incomodaba a asociados como CaixaBank, Banco Sabadell o Grupo Planeta, algunas de las empresas que renunciaron a tener domicilio legal en Barcelona y las que, por su tamaño, mayor ruido generan con una cuestión como esa. Aunque las afirmaciones de esos dirigentes patronales —a las que llegó a sumarse el presidente de CEOE, Antonio Garamendi— no molestaban tanto como algunas propuestas llegadas desde el independentismo. “Proponemos incentivar el retorno de estas empresas, que puedan volver con unos beneficios fiscales, y las que no lo hagan pero tengan una mayor actividad en Cataluña, sean sancionadas”, exigió en enero pasado Josep Rius, portavoz de Junts, como condición para apoyar los decretos anticrisis del Gobierno central. La demanda se quedó en nada.

“No creo que las empresas vayan a volver a través de medidas reguladoras, ya sea penalizar o incentivar, lo que hay que hacer es reducir determinadas posiciones del independentismo, como la defensa de medidas unilaterales, y actuar con el menor ruido posible”, apunta el Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, Martí Parellada. Su posición es muy similar a la que algunos empresarios han señalado en los últimos años en público y en privado, como Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment.

Lo que hay que hacer es reducir determinadas posiciones del independentismo, como la defensa de medidas unilaterales, y actuar con el menor ruido posible”

Martí Parellada, Catedrático de Economía Aplicada de la UB

Y pese a ello, como ha quedado de manifiesto con CaixaBank, todo apunta que no todas las empresas que se fueron volverán. Sociedades reguladas como Naturgy tienen más probabilidades de continuar en Madrid, donde su estructura ha ganado volumen y poder y el accionariado cada vez lo controlan más fondos internacionales. En el caso de las más manufactureras, con fábricas no deslocalizables, tendría más sentido que sus sedes recuperaran la catalanidad. Incluso para esas compañías, un directivo bajo la condición del anonimato afirma la existencia de otro motivo por el que muchos patrimonios no desean volver: “La fiscalidad confiscatoria”. O lo que Foment apuntó recientemente como el “infierno fiscal”, en referencia a la alta presión tributaria existente en Cataluña respecto a otras comunidades autónomas, pero con especial referencia a la liberal Comunidad de Madrid.

Inversiones internacionales

Como señalan el grueso de los economistas, la realidad es que en los datos macroeconómicos no hay constancia de que la marcha de empresas haya supuesto un golpe a la economía catalana. El único estudio sobre el 1-O y la masiva fuga de empresas, firmado por el economista Alejandro Esteller, sostiene que el impacto fue apenas financiero, con la huida de 33.000 millones de euros en depósitos de los bancos en los dos trimestres siguientes al referéndum. Es el motivo que argumentaron CaixaBank y Banco Sabadell para cambiar la sede.

”El impacto real de la marcha de empresas es prácticamente nulo, porque casi todos los centros productivos y las fábricas continúan aquí”, comparte el mismo ejecutivo, que dice que algunos patrimonios que decidieron salir de Cataluña también se han dado cuenta de la incomodidad de tener que trasladarse cada vez que hay algún trámite administrativo por resolver. Otro académico, Guillem López Casasnovas (director del departamento de Economía de la Universitat Pompeu Fabra), pide un silencio similar al que están tratando de llevar los empresarios sobre la supuesta vuelta de empresas: “Puede generar frustración si no se produce esa vuelta y utilizar contra la empresa catalana en caso de que decidan volver”, dice sobre los efectos de un supuesto boicot hacia sus productos y servicios. El miedo a reacciones comerciales también existe.

Lo que es un hecho es que en seis años ha sido más fácil convencer a empresas extranjeras para que invirtieran en Cataluña que las empresas nativas apuesten por volver a tener su sede social en la comunidad. El último ejemplo es el de la china Chery, que cubrirá el espacio dejado por Nissan en la ciudad para fabricar vehículos eléctricos. Pero también Lotte, que producirá componentes para baterías eléctricas tras invertir un mínimo de 400 millones de euros. O AstraZeneca, que destinará hasta 1.300 millones en un centro de investigación y desarrollo. O una posible inversión de más de 500 millones de euros en Tarragona por parte de la química Basf, decisión pendiente de formalizar. Como las empresas que se fueron y que sopesan retornar.