España, entre los países que más poder adquisitivo pierden respecto al precio de los alimentos

El encarecimiento de los alimentos ha sido un problema persistente en España en los últimos cuatro años. Entre octubre de 2019 y junio de 2024, la cesta de la compra se revalorizó casi 14 puntos porcentuales más que los salarios, según el último informe de previsiones económicas presentado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El desfase pone de relieve dos cosas: que las familias han perdido poder adquisitivo para hacer la compra pese a las revisiones al alza de los sueldos, y que el impacto del fuerte crecimiento económico nacional (el propio organismo ha revisado al alza el PIB para este año hasta el 2,8%) en los hogares está siendo limitado, en especial entre las rentas bajas. En ello coinciden Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, y Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.

Para Hidalgo, la lectura es que la economía española atraviesa por un momento del ciclo económico totalmente expansivo. Es decir, que tras la pandemia y la crisis inflacionaria, hay un potente crecimiento de la actividad que lleva a que el Producto Interior Bruto (PIB) se expanda. Esto explica a su vez la incorporación de millones de personas al mercado laboral ―las previsiones apuntan a que el país supere este año por primera vez los 22 millones de ocupados―. ¿Cuál es el problema? Que la entrada masiva de toda esa fuerza laboral no ha repercutido en mejoras sustanciales en el ingreso per cápita. “El empleo ha crecido mucho, pero los salarios no están reflejando esa expansión de manera proporcional. No estamos mejorando la capacidad económica de las familias en términos reales, sino que estamos aumentando el número de familias con capacidad de compra”, precisa el economista.

Torres suma a la ecuación el propio efecto que tiene el incremento de la población en la renta per cápita. “En estos años ha engordado la población y eso puede tirar hacia abajo el promedio de ingresos que toca a cada habitante”, aclara. Los datos del organismo no especifican la forma en que se extraen estos cálculos. Sin embargo, antes de la última revisión estadística que hizo el INE, el PIB per cápita real entre 2019 y 2023 era negativo. Esto explicaría por qué en España, al igual que “en la mayoría de las principales economías avanzadas, la confianza de los consumidores sigue siendo moderada pese al repunte en curso de los ingresos, lo que posiblemente refleje la percepción de un menor poder adquisitivo”, según se lee en el documento de la organización. Y añade que los grandes aumentos de precios en los artículos de primera necesidad agudizan dicha percepción en los hogares de menos ingresos, puesto que el esfuerzo que hacen para comprar este tipo de artículos es mayor.

Bajo esta lógica, y pese a que ha habido un incremento de las remuneraciones, los ingresos nominales se mantendrían por debajo de los niveles registrados a finales de 2019 teniendo en cuenta el efecto de la inflación en los alimentos. La brecha entre ambos es de 14 puntos porcentuales. La tasa es mayor que la registrada por países vecinos como Italia y Francia, donde la diferencia es de 13 y 11 puntos, respectivamente. El problema parece enorme cuando se analizan otros países miembros del G-20, como Estados Unidos o Australia, donde a pesar de que los alimentos también han superado el crecimiento de los salarios nominales desde el inicio de la pandemia, la diferencia no supera los cuatro puntos porcentuales. En cambio, hay dos países con una mayor disparidad que la española: Alemania y Sudáfrica.

Las cifras que da la OCDE arrojan matices sobre lo dicho esta semana por el presidente, Pedro Sánchez, respecto a que España es el país de la Unión Europea, solo por detrás de Francia, que más poder adquisitivo ha recuperado. “Los hogares españoles están recuperando el poder adquisitivo dañado durante las distintas crisis que hemos sufrido. Lo hacemos más rápidamente que el conjunto de la de la zona euro, solo por detrás de Francia, y entre las cinco mayores economías de los 27 Estados miembros que componen la Unión Europea”, aseguró Sánchez, sin referirse específicamente a la inflación de los alimentos, sino a la general, durante su intervención en el foro Latinoamérica, EEUU y España en la economía global, organizado por EL PAÍS y la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

El impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias explica también que, en el último año, el dinamismo nacional se haya apoyado en las exportaciones y el gasto público más que en el consumo privado, tal como podría esperarse en un contexto de recuperación. Torres recuerda que incluso con la reciente revisión al alza del PIB hecha por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo privado creció sobre los niveles precovid un escaso 0,5%, lo que es una mejora, pero no altera el relato sobre un comportamiento pobre respecto al gasto proveniente del bolsillo de los consumidores nacionales. En cambio, el gasto público se expandió un 13,5%.

El efecto de la sequía y los fertilizantes

Tras la brecha entre alimentos y salarios hay factores coyunturales. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, recuerda que la guerra en Ucrania ha sido crucial en la subida de los precios agrarios en Europa. “La invasión rusa interrumpió las exportaciones de productos agrícolas clave y elevó los precios de los fertilizantes y combustibles, lo que, a su vez, incrementó el coste de los alimentos”. A eso añade el problema de la sequía, que “ha sido especialmente grave en España porque ha afectado a productos tan esenciales como el aceite de oliva”. Este tiene un gran peso en el componente de alimentos debido a la importancia que tiene en la dieta mediterránea, por lo que su encarecimiento impactó de lleno en los bolsillos de todos los consumidores.

Las recientes lluvias traerán mejores cosechas, al menos eso creen los agricultores, y contribuirán a moderar los importes. A favor de este proceso de desinflación también juegan los combustibles, que se han abaratado en los últimos meses (en septiembre el barril de petróleo bajó de los 70 dólares por primera vez en casi tres años), reduciendo muy posiblemente los costes de transporte y, de paso, la presión sobre los precios de productos alimenticios.