Bruselas expedienta a España por el retraso de la directiva que acelera los proyectos de energía renovable

España se ha encontrado este jueves con que la Comisión Europea le abría varios procedimientos de sanción por no trasponer normas comunitarias a la legislación nacional. Uno de ellos atañe a la directiva de energías renovables, que recogía procesos abreviados para acelerar el desarrollo e instalación de proyectos de energía renovable. El plazo de trasposición acabó el pasado 1 de julio y este jueves Bruselas ha anunciado que ponía en marcha el expediente a España y 25 Estados miembros más, solo Dinamarca ha cumplido con el plazo.

Las medidas por las que el Ejecutivo comunitario habría dado este paso implican “medidas para simplificar y acelerar los procedimientos de concesión de permisos tanto para los proyectos de energías renovables como para los proyectos de infraestructuras necesarios para integrar la energía renovable adicional en el sistema eléctrico”, explica el comunicado en el que se ha informado de la apertura de los 26 expedientes. “También incluyen plazos claros para los procedimientos de concesión de permisos dirigidos a tecnologías o tipos de proyectos específicos, el refuerzo del papel de la ventanilla única para las solicitudes y la presunción de que los proyectos de energías renovables y las infraestructuras de red conexas son de interés público primordial”, añade.

A partir de ahora se abre un plazo de dos meses para que el Estado concernido subsane la situación o convenza a Bruselas de que no es necesario hacer lo que le pide. En caso contrario, la Comisión remite al país un pliego de cargos y le da otros dos meses para presentar las alegaciones pertinentes. Si finalmente estas tampoco convencen al Ejecutivo comunitario, este acude a la justicia europea.

Por otra parte, también este jueves Bruselas ha informado de la apertura de procedimientos de sanción a España y otros 16 Estados miembros por no trasponer plenamente la directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial, que obliga a las grandes empresas y a las cotizadas a divulgar información sobre riesgos sociales y medioambientales.

España era el país de la UE con más procedimientos de infracción abiertos. Según los datos de finales de 2023, tenía 44 abiertos y eso le situaba en el puesto número 26 de la tabla. Tampoco sale bien parada cuando se mira el tiempo que permanecen abiertos estos conflicto entre Madrid y Bruselas, mientras que la media es de unos 49 meses, en el caso español se llega hasta los 63,2.